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Rajoy cree que la baza de la estabilidad pesa más que la corrupción

Desde hoy el presidente podría disolver las Cortes pero no entra dentro de sus planes un adelanto electoral a corto plazo salvo que no haya Presupuestos o se entre en un claro escenario de ingobernabilidad.

Desde hoy el presidente podría disolver las Cortes pero no entra dentro de sus planes un adelanto electoral a corto plazo salvo que no haya Presupuestos o se entre en un claro escenario de ingobernabilidad.

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A partir de hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estará legitimado para disolver las Cámaras y convocar elecciones. Tras ser investido el 30 de octubre, Rajoy estaba obligado a dejar pasar este plazo antes de que se le abriese la posibilidad de hacer uso de este instrumento constitucional en el caso de que su situación en minoría hiciese inviable la gobernabilidad. La Constitución fija en su artículo 115.3 que «no procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5». Este último establece que si transcurrido un plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato obtiene la confianza del Congreso se convocarán nuevos comicios. La anterior disolución de las Cámaras tuvo lugar el pasado 3 de mayo, cuando el Rey, con el refrendo del presidente del Congreso, que entonces era Patxi López, firmó el decreto de convocatoria de las nuevas elecciones.

La viabilidad de una nueva disolución de las Cortes Generales coincide con un momento político en el que todo hace indicar que el Gobierno podrá escenificar esta semana que tiene los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, un colchón que puede garantizarle a Rajoy estabilidad al menos hasta 2018, porque incluso podría prorrogar las cuentas que aprobará el Congreso dentro de unas semanas, en el caso de que no hubiese acuerdo para sacar adelante el proyecto presupuestario de 2018.

Ni que la corrupción haya vuelto a estar en la primera línea política ni el juego de Podemos con la moción de censura ni tampoco las dificultades legislativas son razones por las que hoy Rajoy empiece a plantearse la idea de unas nuevas elecciones. Fuentes de su entorno explican que el presidente del Gobierno tiene entre sus principales fortalezas en estos momentos ser «la única opción que ofrece y defiende la estabilidad política». «Algo en lo que no pueden competir ninguno de sus adversarios con él y que es una explicación de que el PP haya sido hasta ahora el partido que mejor aguanta en las encuestas», explican. Sobre el posible desgaste por la «operación Lezo» y porque las siglas del partido aparezcan ligadas a escándalos de corrupción la dirección popular marca distancias con el argumento de que para medir el alcance real de «estos hechos» hay que dejar que las aguas se asienten y que pase tiempo. No preocupan los sondeos del momento, sino lo que éstos puedan decir dentro de unos meses. Rajoy y la dirección del PP siguen convencidos de que aunque un contexto como el de estas semanas no ayuda, tampoco es «determinante» porque para su electorado sigue influyendo más la mejora de las perspectivas económicas y la estabilidad política. Los nuevos escándalos no suman, pero no son decisivos para tumbar a un Gobierno en minoría.

La decisión estratégica de Rajoy es jugar hasta el extremo esta carta de la estabilidad política. Y esto exige, como explican sus colaboradores, cargarse de razones antes de dar un paso en ese sentido. No basta con que tenga que lidiar con una comisión de investigación sobre sus finanzas ni con que Ciudadanos esté más en la estrategia de colocarle piedras en el camino que en la de colaborar en la gobernabilidad. «Para poder ir a una disolución tiene que haber un escenario claro de ingobernabilidad y es condición prácticamente imprescindible que el Gobierno se encuentre sin Presupuestos», precisan las fuentes consultadas.

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Contra lo que pueda parecer, en medios gubernamentales creen también que el desafío independentista fortalece al presidente del Gobierno. Por la misma razón que alegan cuando se les pregunta por cómo el PP resiste en las encuestas pese al cerco político al que está sometido. «Rajoy es la opción más segura para hacer frente al problema catalán y así lo ve la mayoría fuera de Cataluña», defienden. Aunque sea un escenario muy complicado de manejar, Rajoy se siente fuerte. Tiene la sensación de que controla el escenario política y jurídicamente, ha planeado todas las posibles respuestas y sabe, dicen los suyos, que el referéndum no llegará a celebrarse. Es un pulso en el que lo que le preocupa es «el futuro de los catalanes y la gestión social de la situación, no el futuro de los líderes independentistas». La reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional (TC) le ha permitido estrangular el margen para convocar la consulta ilegal porque por la vía de los requerimientos no hay ni siquiera empresas dispuestas a colaborar en las urnas o en el recuento. Y por eso en Moncloa siguen trasladando una llamativa imagen de tranquilidad. No se prevé que Rajoy se reúna con el presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, en tanto siga vivo el proyecto de convocar un referéndum ilegal. Y Rajoy seguirá en su sitio, sin moverse en su posición frente al independentismo, observando cómo sus representantes «se pierden en su laberinto». Frente al desgaste de la situación en minoría tiene lo que él valora como otra gran fortaleza, el respaldo de los poderes fácticos europeos y su buena imagen internacional. Contra lo que pueda parecer, Rajoy no se siente hoy más débil que antes de que estallara la «operación Lezo». Preocupado, sí, señalan sus colaboradores. Pero más débil, no. Con una moción de censura en trámite, Rajoy no podría presentar su propuesta de disolución de las Cortes, tal y como recoge el apartado 2 del artículo 115 de la Constitución.