Hace más de dieciséis años que desapareció el cuerpo de Marta del Castillo. Nada se sabe ni se sabrá, probablemente, para condena de sus padres y familiares. Un crimen del que jamás se conocerá la verdad por desgracia. En cambio, los delitos económicos, las corruptelas, siempre dejan huella. El rastro del dinero no desaparece y si se investiga, acaba saliendo a la luz.

En Andalucía, a pesar de las exoneraciones del Tribunal Constitucional por la malversación de fondos públicos en el "caso de los ERE", nadie duda de que el saqueo se produjo, ni se olvida que fueron dirigentes socialistas quienes lo perpetraron. Los tribunales continúan todavía abordando piezas separadas de ese y otros casos de corrupción. Mordidas, dinero público gastado en prostíbulos y cocaína, "tarjetas black"...

La investigación por el "caso Koldo-Ábalos-Cerdán" que hoy sacude al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE no sorprende en Andalucía. Tampoco las ramificaciones por la comunidad que señala el informe de la UCO ni la supuesta implicación que empieza a conocerse de personas próximas al PSOE-A.

Ni siquiera resulta llamativa la estrategia socialista: "Son tres golfos", dijeron sobre los ERE y algo parecido sucede ahora, mientras tratan de enfangar al Gobierno de la Junta. Hoy, María Jesús Montero, única candidata de su partido, asegura que desbancará a Juanma Moreno en las próximas elecciones.

"Ganaré", dijo el jueves en Sevilla. Retrasos inexplicables, sobrecostes siderales y -según la Guardia Civil- una cadena de favores envueltos en mordidas que recuerdan al manual de los peores tiempos del socialismo autonómico. No hablamos ya de corrupción, sino de reincidencia. "La Junta colabora con los que colaboran" se escuchó en las grabaciones que dieron origen al “caso Mercasevilla”, germen de los ERE en 2009.

Mientras, el reciente informe de la Guardia Civil apunta a la expansión de una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales que involucra a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, extendiéndose por varias provincias andaluzas. Sevilla, Dos Hermanas, Almería, Úbeda y Granada aparecen como focos clave de esta red, que habría operado desde al menos 2015 y se prolongaría hasta fechas recientes. Y a dicha trama se van sumando nombres propios como el de Antonio Fernández Menéndez, el que fuera coordinador del actual delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, hasta octubre de 2022 o el del sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis muy vinculados a María Jesús Montero.

En Sevilla, la ampliación del Puente del Quinto Centenario (autovía SE-30), adjudicada originalmente por cerca de 71 millones de euros a Acciona, habría sido objeto de comisiones por un sobrecoste que alcanzó los 103 millones de euros. Resulta significativo que la UCO haya identificado presuntos pagos vinculados a estas obras. En Dos Hermanas, se detectaron pagos irregulares relacionados con la duplicación de la N-IV, autorizados sobre 4,6 millones de euros de ampliación contractual, según mensajes que constan en la investigación.

El silencio del PSOE-A

En la conexión de alta velocidad Murcia-Almería, se mencionan comisiones por parte de Ábalos por valor de 550 000 euros ligados a una adjudicación de 121 millones de euros. En Jaén, la A-32 entre Úbeda y Torreperogil, que cuenta con la empresa OPR, figura en el expediente por modificaciones contractuales fraguadas por Koldo García. Mientras tanto, en Granada, resuena el nombre de Áridos Anfersa, empresa que presuntamente remuneró de forma ficticia a la esposa de Koldo —más de 13.000 € por una nómina sin trabajo real.

Aunque el presidente Juanma Moreno anunció la decisión de la Junta de “revisar” todas las obras estatales en Andalucía afectadas por estas presuntas mordidas, con un enfoque en evaluar sobrecostes, retrasos e impacto estructura, no es más que un brindis al sol porque los "controles" y "auditorías" pertinentes corresponden a la Administración estatal y así lo ha admitido ya el propio Ejecutivo andaluz.

Mientras, la posición del PSOE-A ante este caso ha sido elocuente en su mutismo. La ampliación del Puente del Centenario se ha convertido en el símbolo del malgasto, y la respuesta de la Junta marca una guerra frontal contra lo que considera un “saqueo de lo público”. El escándalo de las mordidas en la obra pública ha pasado de ser un caso más en el lodazal de la política nacional a convertirse en un símbolo en Andalucía: símbolo del agotamiento ético del socialismo político, del deterioro y de la incapacidad del PSOE andaluz para regenerarse con algo más que palabras bonitas y cambios de cartel.

En Andalucía, la ciudadanía sabe muy bien qué significa pagar más por infraestructuras que llegan tarde, mientras unos pocos se reparten el pastel. Porque en esta ocasión, la ola de corrupción no viene sola. Trae consigo el recuerdo todavía latente de los ERE, del desmoronamiento del socialismo histórico andaluz, y del hartazgo de la gente.

La pregunta hoy es si el PSOE andaluz puede resistir otro golpe más a su ya debilitada credibilidad, pese al optimismo desaforado de la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. El escándalo del “caso Koldo” es un espejo que devuelve la imagen de un PSOE andaluz sin narrativa, sin pulso, y sin alternativa real al poder que perdió en 2018. En Andalucía, la memoria pesa. Más allá del ruido político, lo que se debate en la comunidad es el futuro ético y electoral de los socialistas.

De fontanera a fontanero: la conexión caso ERE-Leire Díez

El “caso de los ERE” y el “caso Koldo-Ábalos-Cerdán” no solo tienen similitudes sino que están conectados. Gaspar Zarrías, exconsejero y exvicepresidente de la Junta con Manuel Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación por el caso de corrupción más grave conocido hasta la fecha -aunque blanqueado por el Tribunal Constitucional-, fue quien contrató a la “fontanera” del PSOE, Leire Díez, durante varios meses el año pasado.

Según la información que publicó “El Español”, el motivo habría sido porque tenía información sobre el caso ERE y Zarrías le encargó investigar sobre él. La contrató a través de Zaño Sociedad Consultora SL y la relación laboral terminaría cuando Díez fue fotografiada entrando a la sede del PSOE en Ferraz.