Referéndum y claridad

Dado que estamos (otra vez) en campaña, nada de lo que digan unos y otros merece ser tenido demasiado en cuenta, pues cada cual se dirige a su electorado. ERC habla del referéndum porque se supone que hacerlo le da votos, y el PSC-PSOE se opone por la misma razón. Lo que no sabemos en realidad es qué hay de verdad y mentira en esta cuestión, y mucho nos tenemos que hasta en tanto no pasen las catalanas no vamos conocer la verdad. Lo que sí parece constatado es que, tal y como ha adelantado la republicana huida Marta Rovira, llevan tiempo hablando PSOE y ERC del referéndum. Cada uno en una frecuencia diferente, pero hablando.

La cuestión es que, despejados del horizonte asuntos puntuales como los indultos, la amnistía, el pacto fiscal y las elecciones, el único asunto importante que estaría sobre la mesa es el de la consulta. Gobierno y socialistas catalanes manejan el asunto desde la perspectiva de que, sí, habrá que convocar un referéndum, pero para ratificar la reforma del actual estatuto de autonomía, pues cualquier otro planteamiento les parece, a día de hoy, improcedente.

Claro que ni a ERC ni a Junts les convence semejante fórmula, pues lo que directamente quieren, en sintonía con la propuesta hecha por Pere Aragonés el pasado martes, es que un referéndum de independencia es constitucional (falso de toda falsedad) y puede ser convocado sin más compromiso que el de aceptar el resultado de las urnas, sin que previamente haya sido necesario fijar un mínimo de participación ni tampoco un porcentaje base de respaldo. O sea, que con un 30 por ciento de votantes (es una hipótesis) y un único sufragio de diferencia a favor del sí (a la independencia), Cataluña dejaría de formar parte de España.

El rechazo a esta propuesta es frontal en una mayoría del PSC, tal vez con la salvedad del sector «posibilista», que desde posiciones cercanas al nacionalismo, o bien en sintonía con los comunes, plantean un escenario diferente, no basado en la fórmula escocesa (preferida por Aragonés y Puigdemont), sino en la denominada vía quebequense, que a su vez tiene como referente Ley de Claridad de Canadá.

Ni a ERC ni a Junts les convence la fórmula del PSC

Es decir, un referéndum de autodeterminación muy reglado, con pautas claras como, a saber: uno) nunca puede ser unilateral; dos) es necesario un mínimo de participación y un porcentaje holgado de respaldo; tres) la pregunta tiene que ser muy clara; cuatro) si gana la independencia hay pagar al estado central todas las deudas contraídas fuera de las balanzas fiscales; y quinto y último) los territorios que, dentro de Cataluña, votasen no, se quedarían fuera del nuevo estado independiente y seguirían perteneciendo a España. Esto último significa, hipotéticamente, que si Barcelona y Tarragona votaran «no», pero Gerona y Lérida «sí», podrían independizarse las dos últimas provincias, pero no las anteriores.

O que si el Valle de Arán, dentro de Lérida, o cualquier otra comarca, votase igualmente no, tampoco pasaría a formar parte del nuevo estado independiente. Un lío importante, y por eso gente como Iceta o algunos comunes se apuntan a este planteamiento quebequense+ley-de-claridad, pues en realidad, según ellos, haría casi inviable la independencia. Lo argumentan en el hecho de que en Quebec, desde que se aprobaron tales reglas, no se ha vuelto a poner sobre la mesa un nuevo referéndum de autodeterminación.

Claro que la opinión mayoritaria en el universo socialista catalán es la de que un referéndum para la independencia no cabe en la Constitución, y la única consulta factible es relativa a la actualización del estatut. En esas están unos y otros, con la certeza de que, tras las elecciones de mayo, el debate del referéndum parece inevitable.