Renovación con interrogante

Más allá del habitual, tan estéril como exasperante, cruce de reproches, la enquistada renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial debería avergonzar al PSOE y al PP. Pero al margen del oprobio democrático que supone que durante cinco años los dos principales partidos hayan sido incapaces de llegar a un acuerdo para garantizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), esta anomalía institucional no solo socaba la confianza de la ciudadanía en la Justicia sino que, por si fuera poco, desde marzo de 2021 ha acarreado un efecto colateral que ha puesto contra las cuerdas a la cúpula judicial. Tras amagar con rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para sacar adelante la renovación, el Gobierno impulsó una reforma legislativa con la que esperaba situar al PP ante un escenario cada vez más insoportable para negarse a pactar el relevo en el Consejo.

Incapacitado por ley el CGPJ en funciones para cubrir las plazas judiciales, la acumulación de vacantes –empujando a la Administración de Justicia a una situación progresivamente insostenible– debería ser suficiente para que los populares se aviniesen al pacto. Casi tres años después, sin embargo, el cambio de guardia en el CGPJ sigue enquistado pero el día a día de la Justicia es radicalmente peor, con casi 90 plazas sin cubrir repartidas por el Tribunal Supremo (ya con el 30% de su plantilla a la espera de designación), las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia. Solo en el alto tribunal, se calcula que se dictarán este año alrededor de mil sentencias menos por la merma de togados.

Ahora, tras no pocos contratiempos –el sonrojante whatsapp de Cosidó, la derogación del delito de sedición o los pactos de investidura con el independentismo para hacer presidente a Pedro Sánchez, con las acusaciones de «lawfare» y la amnistía como epítome– y la incombustible desconfianza mutua entre PSOE y PP, el comodín de Europa permite albergar de nuevo alguna esperanza de que, finalmente, el relevo de los vocales del Consejo General del Poder Judicial se lleve a cabo.

Pero, como no podía ser de otra forma, este nuevo intersticio de diálogo no está exento de interrogantes. El principal, el encaje de la reforma legal que reclama Europa –y de la que el PP ha hecho poco menos que casus belli– para que sean los jueces quienes elijan directamente a los doce vocales de procedencia judicial, ahora designados por el Congreso y el Senado, como los otros ocho que corresponden a juristas de reconocido prestigio.

Porque, en este caso, el orden de los factores sí puede alterar el producto. Aunque la Comisión Europea ha apremiado en varias ocasiones a España a acometer esa modificación legislativa que nos sitúe en consonancia con los países de nuestro entorno, la urgencia por renovar el CGPJ con antelación se impone. O lo que es lo mismo: el relevo en el Consejo tendrá que producirse con el actual modelo de elección, aplazando por tanto los cambios legales que otorguen más protagonismo a los jueces en la designación de esos doce vocales.

Y es ahí, precisamente, donde aflora de nuevo ese clima de desconfianza. El PP no se fía de Pedro Sánchez y reclama garantías de que esa reforma legislativa no se quedará en una mera declaración de intenciones, por lo que el papel que juegue al respecto la mediación europea será clave para desencallar las negociaciones más allá del tira y afloja con los nombres de los candidatos. Ahí reside la principal incógnita para que la renovación del que será el Consejo con más poder en la historia de la institución –ninguno ha tenido que afrontar, nada más llegar, el nombramiento de tal cantidad de puestos clave en la cúspide de la judicatura– llegue a buen puerto. De lo contrario, y pese a los desmentidos del presidente del Gobierno (o quizá por eso), la rebaja de las mayorías parlamentarias que garanticen el relevo en el CGPJ de espaldas al PP volvería a estar sobre la mesa.