El PP exige empezar desde cero para renovar el CGPJ

Moncloa y PP han empezado ya a «calentar» la negociación sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que están a la espera que active la Comisión Europea como «supervisora» del diálogo. Las posiciones siguen siendo de choque, bajo la presión que impone, sobre un posible acuerdo de Estado, el actual contexto político y el pacto de investidura de Pedro Sánchez con el independentismo. El entorno del presidente del Gobierno siembra la idea de que la cesión viene de la parte popular, que ha buscado en la UE una vía de escape para rectificar su enrocamiento y dar luz verde al acuerdo que quedó ya maduro en octubre del 22. Pero los matices que subrayan desde el lado del partido de Alberto Núñez Feijóo dejan una impresión muy distinta, a partir de una interpretación también radicalmente diferente de lo que supuestamente pide la Unión Europea.

Aquel acuerdo de octubre del 22 incluía una lista con 32 nombres, compuesta por 20 vocales y 12 suplentes, además de una proposición de ley para fortalecer el sistema judicial. Saltó por los aires porque el PP no aceptó que en paralelo, y a escondidas, Moncloa negociase al mismo tiempo la derogación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación con los partidos independentistas, como pago a la aprobación de los Presupuestos.

Al PP ya no le vale aquel principio de acuerdo porque «los tiempos son otros». No es tan fácil, por tanto, como sentarse a negociar sobre el acuerdo que la dos partes estaban a punto de firmar. Son «nuevos tiempos» tras la ley de amnistía y después de que Pedro Sánchez colocase al ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo en el Tribunal Constitucional. El PP cree que hay que empezar «desde cero», revisando incluso la lista de nombres ya pactados, y bajo la exigencia de incluir además el párrafo que faltó por cerrar en la anterior negociación, el de que los jueces elijan a los jueces.

El supervisor de la UE se va a encontrar con que primero tiene que poner de acuerdo a las dos partes sobre lo que entiende la Comisión Europea por despolitización de la Justicia. Los «fontaneros» de Moncloa insisten en que primero hay que renovar, y luego ya se decidirá de qué forma se elige al próximo Consejo. Mientras que el PP subraya que las dos cosas deben hacerse a la vez, e insiste en que «está claro» que el comisario de Justicia Reynders defiende una reforma que cumpla la recomendación del Consejo de Europa, que es que la mayoría de los miembros del Consejo de jueces sean elegidos por sus pares.

La aproximación entre PSOE y PP llega en un momento de polarización y choque institucional sin precedentes. Y aunque en Europa sigue siendo prioritaria la renovación del Poder Judicial, a nuestra cúpula judicial le preocupa hoy más estar en la diana del independentismo, el «lawfare», la falta de apoyo que sienten que les da el Gobierno de coalición y que, «por interés político», la investidura del líder socialista, se ponga en cuestión la separación de poderes y se lance una campaña de desprestigio contra ellos, o así lo entienden, para justificar que se eche por tierra su trabajo durante el «procés».

El año que termina ha estado marcado de principio a fin por los conflictos en la Justicia española, tanto en las altas instancias como en los escalafones más bajos de la Administración. Esto ha sumido al Gobierno y a sus socios en un enfrentamiento sin precedentes con el Poder Judicial, al que añade presión el sentir de un nutrido sector de la derecha que defiende que las bases sobre las que se levanta esta Legislatura exigen una ruptura total de relaciones con Sánchez, de tal modo que el PSOE no pueda contar con el PP «para nada» mientras no se rectifique la decisión de «regalar la impunidad» a los responsables en primeros y segundos niveles de la declaración unilateral de independencia.

Un acuerdo con la UE como marco puede servir de ayuda a Alberto Núñez Feijóo para poner sordina a los que dentro del partido, pero sobre todo fuera, que son los más temidos por la dirección popular, piden el veto total a Sánchez y que el PP rompa relaciones con el presidente del Gobierno, a la manera que podría hacerlo Santiago Abascal.

El CGPJ acaba de cumplir los cinco años de mandato caducado y a estas alturas está muy mermado. De los 20 vocales nombrados en 2013 bajo la mayoría absoluta de Mariano Rajoy solo quedan 16, y desde 2021 el Consejo tiene prohibido hacer nombramientos discrecionales, por lo que se han acumulado hasta casi cien vacantes en la cúpula judicial. Esta anomalía afecta al funcionamiento de la Administración de Justicia y también ha hecho sonar las alertas en el seno de la Unión Europea.