Sánchez ata a Junts, pero flojo

El éxito de un acuerdo depende del control que se tenga sobre los elementos que se ofrecen. Sánchez pretende manejar el acuerdo con Junts controlando el momento y grado de satisfacción de las necesidades del fugado Puigdemont y de su tropa. Si no es capaz de asegurar la amnistía y el proceso nacionalista futuro tal y como desea Junts no tendrá fuerza, su palabra valdrá menos que nada, y su Gobierno tendrá los días contados.

Para afrontar este acuerdo Sánchez creó el ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, un cargo que concentra todos los poderes. Puso a su frente a Félix Bolaños, un sanchista fiel. El propósito es contar con una institución que controle los elementos necesarios para asegurar la negociación con Junts.

En ese escenario, lo primero es tener un Gobierno que legisle por decreto, como hace ahora acercándose a las democracias iliberales sin vida parlamentaria. Este desprecio se muestra en que son decretos «ómnibus», que mezclan elementos positivos y negativos. Por ejemplo, la llegada de 10.000 millones de euros de los fondos europeos, combinada con normas que fomentan la desigualdad entre españoles en función del territorio. Lo positivo permite hablar de sentido de Estado y criticar a la oposición si se niega, y lo negativo, el acompañamiento, es el trágala habitual.

Hecha la conexión entre el Gobierno y el Legislativo, falta el control del Judicial, de ahí el deseo de renovar el CGPJ y que el ministerio de Bolaños sea también de Justicia. El objetivo es asegurar que nada ajeno al Gobierno perturbe el trámite de la ley de amnistía. Para esto, uno de los decretos «ómnibus» que se verán en el Congreso este miércoles otorga al Gobierno el acceso a los procedimientos judiciales, por ejemplo los que afectan a la gente de Junts. Además, se introduce una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Judicial, el artículo 43 bis, que permite la paralización de la amnistía si la Sala Penal del Tribunal Supremo o un juez piden una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE. Esto último lo puede propiciar el PSOE para apretar a Junts en cualquier momento.

El conjunto fortalece al Gobierno, que puede ser cualquier cosa menos tonto. Por un lado, se funde con la administración de justicia para manejar la información de los procedimientos contra los nacionalistas, y por otro, puede paralizar la ejecución de la ley de amnistía. Ojo, porque a esto el ministerio de Bolaños suma otra potestad: la comunicación jurídica internacional en el paso de fronteras. Vamos, que Puigdemont podría estar detenido o retenido antes de ser amnistiado.

Sánchez se protege así al frustrar los caprichos impredecibles de Junts, siempre más atento a su competición con ERC en Cataluña. Esto es una estrategia a corto plazo, pero constituye el modo normal de vida del Gobierno, que de momento quiere sobrevivir hasta las elecciones catalanas, que se celebrarán dentro de un año a más tardar. En Cataluña, además, tiene una baza para presionar muy fuerte: el PSC puede dejar caer a ERC si no vota los presupuestos, y las encuestas dan vencedor a Illa.

El sanchismo es más sólido ante los nacionalistas de lo que parece. Es lógico, por tanto, que Junts declare que votará en contra de los decretos «ómnibus» de este miércoles. No quiere que su interlocutor sea fuerte en la negociación, sino un Gobierno sometido, cosa que no va a ocurrir. Y no sucederá porque el PSOE quiera defender la Constitución o la unidad de España, sino por intereses partidistas y particulares. Para ellos no está en juego el futuro del país, sino el personal, y eso es más poderoso que cualquier principio patriótico o democrático.

Ante esto habrá dos espectadores de lujo que verán el choque desde las gradas y que no recibirán atención, como son el PP y Vox. Sus enmiendas a la totalidad serán despachadas sin más porque el tablero está en otra parte.