Sánchez exige al Ibex lo que no cumplen las empresas públicas

El caso del «Tito Berni» y la ruptura del feminismo llevó a que el Gobierno desempolvara en vísperas del 8-M una directiva europeaen materia de paridad, pendiente de hacer su transposición a la legislación española, para presentarla como una nueva ley impulsada por la coalición progresista. Ya sea por sus beneficios, por su supuesta falta de solidaridad o por machistas en sus órganos de dirección, las empresas cotizadas son hoy el «saco» sobre el que el Gobierno golpea con fuerza para depurar su imagen de «Robin Hood» de las clases medias y trabajadoras, lema de la campaña socialista.

Este interés por la paridad llega con el Congreso ya en tiempo muerto, lo que abre serias dudas sobre la posibilidad de que la ley llegue a aprobarse antes de que se disuelva la legislatura. Y contrasta, asimismo, con el desinterés del Gobierno por un tema en el que las cifras en las empresas públicas son vergonzantes en esta materia. Aquello que predica Sánchez para la empresa privada es un agujero negro en los consejos de administración de las empresas participadas de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Por tanto, la realidad es que el presidente utiliza como arma política una exigencia que en los cinco años que va a hacer al frente de La Moncloa no parece haber pesado mucho en las decisiones que tomaban las empresas que dependen y están participadas por SEPI, que en algunos casos es accionista mayoritario; en otro, único; y en otros, accionista minoritario.

Aún está sin responder por parte del Gobierno la pregunta por escrito que registraron en el Congreso los diputados del PP Víctor Piriz y Jaime Olano, en la que pedían los datos sobre las empresas del grupo SEPI y de los directivos en los organigramas de cada una de ellas a fecha 8 de marzo. «¿Cuántos directivos tiene cada una de las siguientes empresas y matriz? (con un listado de 24 nombres) ¿Cuántos son hombres y cuántas son mujeres?».

Pese a que los datos se requerían con motivo de la celebración del Día de la Mujer, el Gobierno aún no ha tenido a bien ofrecer la información solicitada. Pero una mínima «investigación» lleva a concluir que puede quedar muy bien que el Gobierno convierta en un eslogan la exigencia de equilibrio en los consejos de administración de las empresas, pero estaría igual de bien, o mejor, que las que dependen de él ya estuvieran dando ejemplo.

En la web de la SEPI está el enlace a todas las participadas, Valgan, como ejemplo, unos cuantos nombres: SEPI, 9 hombres y 6 mujeres. Ebro, 9-5; Enagás, 10-6; Hispasat, 11-2; Navantia, 12-2; Tragsa, 9-5; Correos, 7-1.... Y ésta es la tónica general, salvo excepciones como Enresa, 6-6.

Las empresas participadas de la SEPI cojean de la misma pata que el equipo de fontaneros de la Moncloa, del «machismo», como lo calificarían los socialistas si gobernase la derecha.

No obstante, la ley de paridad le ha venido bien al jefe del Ejecutivo para intentar desviar el foco de atención en uno de los momentos más turbios de la legislatura para el PSOE por la acumulación de frentes abiertos. Fue en un acto de su partido donde anunció su intención de sacar adelante la Ley Representativa Paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión. Competencia del Ministerio de Igualdad, aunque el departamento que dirige Irene Montero se enteró prácticamente al mismo tiempo que los medios de comunicación. Una prueba más de que las relaciones entre los dos socios están rotas, aunque por interés mutuo sigan conviviendo en el Consejo de Ministros.

Después del anuncio, y la ratificación del anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros, ahora la norma tendrá que ser sometida a los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), antes de volver al Consejo de Ministros. Pasarán al menos dos meses hasta que la norma comience su tramitación parlamentaria, y las Cámaras se disuelven en octubre con motivo de las elecciones generales que se espera que Sánchez convoque en diciembre.

Los tiempos van tan ajustados que cobra sentido la sospecha de que esta ley ha sido un movimiento político, a costa de la causa feminista y de la igualdad.

La hemeroteca prueba que el feminismo es un lema que el socialismo ve como un refugio o como un nicho del que sacar una rentabilidad política. Con más razón aún en una legislatura en la que compiten con Podemos para tener el control único de esta bandera.

Por cierto, los morados han estado promoviendo una especie de revolución de sus mujeres para la moción de censura de Vox, que se debatirá la próxima semana, aunque Moncloa no parece que haya «tragado» con esta propuesta porque no entra en sus planes dar publicidad en el Congreso a las ministras de Podemos, o «de Pablo Iglesias», como las llaman en círculos socialistas, en alusión a Irene Montero e Ione Belarra.

En la referencia del Consejo de Ministros en la que se presentó el anteproyecto de ley de paridad se dice que la igualdad deberá cumplirse en las listas electorales, en el sector público estatal, sociedades cotizadas, grandes empresas y colegios profesionales.

Sobre su propuesta, el presidente del Gobierno ha dicho que «puede que a algunos les parezca demasiado, pero es una cuestión de justicia». Sin embargo, el núcleo duro de su gabinete tiene ocho hombres y una mujer, y la radiografía de las empresas participadas de la SEPI apunta en la misma línea, a la espera de que Moncloa suministre al Congreso los datos requeridos.

No obstante, el feminismo y la igualdad serán incluso una de las bazas que jugará la izquierda en la moción de censura para atacar, no a Vox, sino al PP, en su estrategia de intentar identificar a los dos partidos. No importa que las decisiones y los discursos de estas dos formaciones no sean coincidentes en muchos aspectos: uno de ellos, precisamente, el de la violencia de género y el feminismo.