Sánchez hará una oferta a Torra tras la sentencia del «procés»

La propuesta política «no se pondrá encima de la mesa como mínimo hasta otoño de 2019».

Sánchez se dispone ayer a ocupar su escaño en el Congreso de los Diputados para la sesión de control
Sánchez se dispone ayer a ocupar su escaño en el Congreso de los Diputados para la sesión de control

La propuesta política «no se pondrá encima de la mesa como mínimo hasta otoño de 2019».

ERC y PDeCAT han forzado al presidente del Gobierno a defender en un pleno monográfico su posición sobre la situación en Cataluña. La fecha será el 12 de diciembre, después del despliegue internacional del presidente en sus viajes a Guatemala, Cuba y Argentina. Y también después de las elecciones andaluzas. Adriana Lastra, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y mano derecha de Pedro Sánchez, afirmó que el presidente del Gobierno presentará la hoja de ruta del ejecutivo para acabar con el conflicto catalán. La líder socialista puso el énfasis en que la propuesta del presidente del ejecutivo se basa en una propuesta: la reforma del Estatuto catalán, actualmente en vigor, para «mejorar el encaje de Cataluña con el resto de España».

Los medios de comunicación titularon sus informaciones bajo esta premisa. Sin embargo, está afirmación no difiere en nada del discurso de Pedro Sánchez que fijó su línea de trabajo en la moción de censura que le llevó al poder. El gobierno socialista propondrá una reforrma estatutaria que «será votada por el pueblo catalán», cumpliendo los requisitos previstos en la Constitución española. Si los independentistas quieren votar, votarán, pero no lo harán en un referéndum de autodeterminación, sino en un referéndum de autogobierno.

Los republicanos y los postconvergentes quieren apretar a Sánchez en el pleno. «Cataluña puede ser la tumba de Pedro Sánchez», repite constantemente el portavoz de ERC, Joan Tardà. Quieren los independentistas forzar la máquina ante la cercanía del juicio de sus dirigentes presos. Quieren que el presidente «cumpla con sus compromisos y se siente a negociar». Sin embargo, no parece que esta propuesta se concrete en el pleno del próximo día 12.

Según ha podido saber LA RAZÓN, el presidente del Gobierno no es partidario de presentar ninguna propuesta «porque el juicio a los líderes soberanistas centra la batalla política del independentismo. Es el único elemento que les une, y no aceptarán negociar absolutamente nada», afirman fuentes conocedoras de los planes del Ejecutivo. «Si no quieren negociar los presupuestos, nadie tiene la garantía que quieran negociar otra cosa, hasta que se cumpla con su única aspiración: la libertad de los presos, algo que sólo corresponde a la Justicia y no al Gobierno». No obstante, el Ejecutivo no descarta apoyos de los independentistas para llevar adelante «medidas importantes como la aprobación del salario mínimo interprofesional, las pensiones, la reforma laboral o medidas sociales». Fuentes socialistas apuntan que esta propuesta «no se pondrá encima de la mesa como mínimo hasta otoño de 2019. Antes es casi imposible, y en ese momento también se tendrá que tener en cuenta la situación de la legislatura española».

Fuentes cercanas al presidente Sánchez afirman que «durante su comparecencia será difícil que concrete nada. Su objetivo ahora es afianzar el diálogo y rebajar la tensión», porque a pesar de las diatribas y excesos verbales del presidente Torra «el diálogo se mantiene y se están cerrando acuerdos en la Comisión Bilateral y entre los ministerios». Estas fuentes apuntan que «las conversaciones son fluidas y tienen resultados» a través de «dos interlocutores principales. El vicepresidente Pere Aragonés, y la portavoz Elsa Artadi».

Sánchez no se saldrá de su línea de actuación. Primero bajar la tensión, segunda negociación, y tercera propuestas «aunque estas propuestas no llegarán hasta la finalización del juicio a los líderes independentistas. Hasta que no llegue la sentencia, es imposible abrir un nuevo marco de negociación». No obstante, esta propuesta se podría retrasar a la siguiente legislatura «porque la actual correlación de fuerzas políticas abre un escenario absolutamente complejo», y además «nadie tiene la certeza de que Torra, tras la sentencia, convoque elecciones», algo que las fuerzas políticas catalanas dan por un hecho consumado. De hecho, el presidente catalán ha reiterado en numerosas ocasiones que ante una sentencia «vengativa» del Estado, el «pueblo catalán» debe hablar, o sea, que su idea es un adelanto electoral.

El presidente del Gobierno seguirá trabajando en la línea de «crear un clima de tranquilidad y no de enfrentamiento», para buscar el momento adecuado para plantear «propuestas de mayor profundidad que siempre estarán dentro de la Constitución». Otro elemento surge en esta estrategia cuando se habla del final del juicio es cuáles serán las conclusiones de la fiscalía, si mantiene su actual acusación de rebelión o rebaja sus peticiones a los acusados. «Este momento será fundamental para saber cual será la posición de los independentistas», afirman diferentes analistas. Desde el Gobierno no se comenta esta posibilidad pero no se puede evitar que todas las miradas se dirijan a la fiscalía.

Sánchez celebrará el día 21 el Consejo de Ministros en Barcelona. Se cumple un año de las últimas elecciones catalanas y su equipo trabaja en la elaboración de su agenda en Barcelona. Todo apunta que Sánchez llegue a Barcelona el día 20. Sobre la mesa un posible encuentro con Torra «si él quiere», ha dicho el presidente porque «hay acuerdos, hay acercamientos y hay diálogo», apuntan sus colaboradores. Tampoco se descarta más presencia pública del líder del Ejecutivo en esas 48 horas en Barcelona, en una agenda que utilizará para contactar con la sociedad civil.