Sánchez quiere la investidura el 27 de octubre, cuatro días antes de que la Princesa de Asturias jure la Constitución ante el Congreso y el Senado. El espectáculo puede ser de los menos edificantes de nuestra democracia. La heredera al trono de una democracia liberal y parlamentaria junto a un presidente abrazado voluntariamente a republicanos, comunistas e independentistas. Si la investidura sale adelante la jura de Doña Leonor será después de que el líder del PSOE haya prometido, con un referéndum o un sucedáneo, romper la soberanía nacional justamente en la sede de la soberanía nacional. O que haya anunciado una amnistía, o como quiera llamarla, para los golpistas de quien depende. En una sesión, o dos, donde se habrá insultado a la Constitución y a los constitucionalistas diciendo que el texto y sus instituciones, como la Corona, son viejas y, por tanto, despreciables. Será una investidura donde los separatistas y los comunistas, la gente de ERC, Bildu y Podemos criticarán el discurso del Rey en los premios Princesa de Asturias, cuando aludió a la unidad y a la responsabilidad. También se podrá oír a Yolanda Díaz, la de Sumar, defendiendo que se borren del Código Penal los delitos por ultraje a la Corona. Aunque, visto lo visto, es posible que Francina Armengol, que funciona como delegada de Sánchez en el Congreso, permita los insultos a la Corona en la sesión.

No parece este el escenario más deseable para un sistema democrático de la Unión Europea. La paradoja es que la monarquía, la institución que simboliza la continuidad y la unidad, la conservación de lo bueno en este sistema constitucional, se presenta frente a quienes quieren destruirlo y que apoyan al Gobierno. No recuerdo una situación similar en la historia de España. Es imposible encontrar algún ejemplo de partido que forme un Ejecutivo con una mayoría parlamentaria que repudie el orden institucional que legitima su poder. Ni siquiera ocurrió en los últimos tiempos de Amadeo de Saboya, cuando era un títere del Partido Radical contra el Partido Conservador, o, con Alfonso XIII a manos de los inoperantes partidos del turno, en los meses que precedieron al golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923.

Si Sánchez consigue la investidura el 27 de octubre, la Princesa se encontrará cuatro días después frente a unos diputados, los socialistas, que han negociado el Gobierno con los portavoces de ETA. Sí, la misma banda terrorista que intentó asesinar a su abuelo, a Juan Carlos I en 1995 y 1997, cuando Mertxe Aizpurua, la de Bildu, escribía las portadas de «Gara», el órgano etarra. También estarán, si es que tienen los redaños de presentarse, los diputados de ERC y Junts, que han auspiciado insultos sin fin a la Corona. Esto es lo indeseable, porque mientras un bloque, el formado por el PSOE y sus aliados, está por una ruptura suave del régimen, por un cambio con esencia revolucionaria, Doña Leonor jurará la Constitución. Es chocante que sean los dos elementos que han fallado en esta democracia los que formen el Gobierno, y que su pacto permita la erosión del edificio constitucional hasta que se derrumbe.

Me refiero al PSOE, el partido del centro-izquierda que era llamado a encarnar la política socialdemócrata con responsabilidad y lealtad, y, por otro, a quienes han tergiversado y utilizado la descentralización del Estado de las Autonomías para fines espurios, los nacionalistas. Cuando un sistema constitucional cojea, como el nuestro, es la parte sana la que repara la estropeada. Eso es lo que han hecho los países que han valorado la libertad por encima del patriotismo de partido y la ambición personal. Frente a una falsa voluntad general encarnada en una mayoría circunstancial como la presente, lo aconsejable es que la parte que respeta el espíritu y las reglas de la democracia, con las instituciones que fiscalizan a gobiernos arbitrarios, no baje la guardia.