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Sánchez mantiene su “operación apaciguar” pese al fracaso en los lazos amazillos

Los datos que manejan en Mocloa les indican que su postura les permitiría ser primeros en Cataluña.

Acto del PSOE en Alicante con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / Ep
Acto del PSOE en Alicante con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / Eplarazon

Los datos que manejan en Mocloa les indican que su postura les permitiría ser primeros en Cataluña.

En sus nueve meses de gestión al frente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y su Gabinete presumían de un cumplimiento escrupuloso de la ley por parte de los independentistas en Cataluña. Una situación que contraponían con los «dos referéndums ilegales» que el soberanismo había convocado y celebrado con Mariano Rajoy como presidente –el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017–. A las urnas del 1-O le había precedido, además, la tramitación de las leyes de desconexión en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre, pero el entonces jefe del Ejecutivo esperó a la proclamación de la independencia en la Cámara catalana, para –con el aval del principal partido de la oposición, entonces el PSOE– activar el artículo 155 en Cataluña. Toda esta concatenación de agravios a la legalidad y a la Constitución es la que Sánchez y los suyos enumeran continuamente para defender que en la actualidad no se dan las circunstancias, ni siquiera de similar gravedad, para volver a suspender la autonomía catalana. Sin embargo, el soberanismo parece haber despertado de su letargo reaccionario y le abre, en plena campaña, un nuevo frente al Gobierno, que éste no está dispuesto a explorar. Esta semana la «operación apaciguamiento» de Sánchez ha saltado por los aires con la obcecación de Quim Torra en traspasar los límites de la desobediencia a cuenta de los lazos amarillos. No en vano, la Fiscalía se querellará contra el presidente de la Generalitat.

La estrategia de Moncloa reside en no salirse del «espacio de moderación» que instauraron con su llegada al poder, «entre quienes quieren romper España y quienes ayudan a darle la razón a quienes quieren romper España». Apelan a la «serenidad» y la «determinación», porque son conscientes de que la política de bloques y crispación en relación a Cataluña solo beneficia a la derecha y a los sectores más reaccionarios del independentismo, que podrían utilizar la polémica de los lazos amarillos para resucitar expectativas electorales perdidas. A esto responde que, con cierta ingenuidad, la portavoz del Gobierno se felicitara el viernes de que finalmente Torra hubiera «obedecido la resolución de la Junta Electoral Central», aunque la dilación vaya a acarrear consecuencias penales para el president. Los socialistas no abandonan su apuesta por «la ley y el diálogo» porque consideran que «no hay otra fórmula» y porque ésta les ha reportado también beneficios de cara al electorado.

En Moncloa tienen datos de que su apuesta por la interlocución con la Generalitat se valora positivamente entre los catalanes, lo que les permitiría recuperar la primera posición en Cataluña el 28 de abril, un avance que se registra a costa del retroceso de los Comunes de Colau. Sin embargo, un enconamiento de las posiciones a costa de los lazos amarillos podría revertir la situación. En Moncloa repiten que la consigna es «no cometer errores», inciden en mantener la «neutralidad» y defienden que han actuado con «diligencia y eficacia».

A esta actitud obedece que el Ejecutivo se haya puesto de perfil en esta polémica, descargando toda la responsabilidad de la respuesta punible en la Junta Electoral Central (JEC). A los aislados llamamientos y advertencias a Torra de que debería cumplir la orden de retirar las enseñas soberanistas no ha ido aparejado un movimiento proactivo para que actúe la Fiscalía como sí se ha promovido desde la oposición de PP y Ciudadanos. Desde el Gobierno se sostiene que hasta ahora la Generalitat no ha «traspasado ni un solo límite legal» en Cataluña y que cuando eso ha ocurrido «hemos ido al Tribunal Constitucional», en alusión a los tres recursos que se han presentado por resoluciones del Parlament como las que querían resucitaban el 9-N o promovían una comisión de investigación sobre la Monarquía. «Este Gobierno no tiene ni un sólo hecho jurídico, ni una sola decisión política, donde se haya vulnerado la legalidad constitucional», insistió la vicepresidenta del Gobierno el pasado miércoles, después de que Torra se negase a retirar los lazos amarillos y antes de que los sustituyera por otros blancos y rojos.

El Gobierno ha mantenido desde que llegara a La Moncloa una actitud condescendiente con el independentismo, cargada de gestos y movimientos dirigidos a la conciliación. Este afán conciliador respondía también a la necesidad de mantener viva la mayoría de la moción de censura que soportaba a Sánchez, aunque en el último minuto se optó por la estrategia de dinamitar los puentes para presentarse ante los votantes, en las urnas, como un líder autónomo del lastre de los pactos ocultos con los independentistas. Una vez que se decidió pulsar el botón nuclear del adelanto electoral, el primer paso estuvo claro: exhibir una ruptura con el soberanismo que, a día de hoy, parece que no se ha producido.