El Gobierno conocía desde marzo de 2024 los fallos de las pulseras telemáticas para proteger a las víctimas de violencia de género. Sumar reclamó que se abriera una investigación a la empresa concesionaria pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez ni se planteó esa posibilidad. Es más, alegó que las deficiencias se producían por el cambio de los proveedores de las mismas.

La formación de Yolanda Díaz conocía desde marzo de 2024 los problemas que estaban dando los dispositivos telemáticos en diferentes puntos de España. Dos de sus diputados, Nahuel González López y Engracia Rivera Arias, pusieron el foco en las deficiencias del servicio en las Islas Canarias. Lo comunicaron sin éxito al Gobierno de Pedro Sánchez.

Estos dos representantes de Sumar dejaron constancia de sus reclamaciones. Presentaron una respuesta por escrito al Congreso de los Diputados para conocer las impresiones del Ejecutivo y, en concreto, del Ministerio de Igualdad. "El Gobierno canario ha destacado una preocupante falta de personal para la correcta implementación de pulseras de control telemático a maltratadores, dispositivos esenciales para asegurar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento", cuestionaron.

Los diputados de Sumar desvelaron que, en Canarias, había solo, en marzo de 2024, "dos puestos técnicos por provincia en un territorio insular fragmentado para atender las instalaciones de estos dispositivos, compromete gravemente la eficacia de esta herramienta vital". "Esta situación no solo retrasa la activación de las medidas de protección sino también expone a las mujeres a riesgos inminentes", advirtió por escrito al Gobierno de Pedro Sánchez.

Una investigación de urgencia

Asimismo, los miembros del partido de Díaz también concretaron que la empresa concesionaria tenía "falta de personal técnico" lo que denotaba un "déficit", además de un "retroceso en la calidad del servicio y un peligro para la integridad de las víctimas". "Este problema subraya la urgencia de supervisar adecuadamente la labor de la empresa concesionaria encargada y, más ampliamente, de revisar la eficiencia de los protocolos y recursos asignados a la lucha contra la violencia de género en todo el país", reclamó sobre una posible apertura de investigación sobre estos hechos que nunca se desarrolló.

Fuentes judiciales señalan a LA RAZÓN que el problema de las pulseras telemáticas ha sido persistente a lo largo del tiempo. Sin embargo, los hechos se multiplicaron gravemente con el cambio del contrato. Nunca se llevó a cabo una investigación pormenorizada para localizar dónde se encontraba el error.

Las dudas que ponía sobre la mesa los diputados de Sumar fueron respondidas por el Gobierno el 12 de abril de 2023. El primer párrafo simplemente era un contexto de la situación. El servicio integral del Sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual, es prestado por la empresa privada adjudicataria (UTE formada por Vodafone y Securitas España) por contrato público de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.

"El servicio incluye tanto la entrega de los dispositivos, el control de las alarmas y alertas que se generan como la desinstalación de los mismos. Está previsto que se incremente el número de efectivos", admitía el Ejecutivo. "Como resultado del cambio de adjudicataria actualmente se está en proceso de sustitución progresiva de los dispositivos", justificaba a la pregunta de los miembros de la formación de Yolanda Díaz.

Sin respuesta de Igualdad

Un relevo que se enmarcaba en el marco de actuaciones de cooperación y para el que se había requerido la colaboración de todas las "instituciones implicadas para el cambio de dispositivos". "Puesto que la desinstalación del antiguo dispositivo y la instalación del nuevo podrá tener lugar en dependencias judiciales o policiales a los investigados/encausados condenados y a las víctimas en su domicilio o el lugar que estas indiquen. No se desinstala el dispositivo actual hasta que se haya comprobado que todo funciona correctamente", afirmaba.

Asimismo, el Gobierno finalizaba su escrito argumentando que para mejorar el seguimiento y protección de las víctimas estaba previsto "avanzar en la interconexión del sistema de seguimiento con dispositivos con VioGén". "Por último, cabe señalar la ampliación de funciones en materia de violencia sexual de la Red de Unidades de Violencia sobre la Mujer y Unidades de Coordinación sitas en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en todo el territorio", concluía el documento.

Fuentes judiciales señalan a LA RAZÓN que el problema de las pulseras telemáticas ha sido persistente a lo largo del tiempo. Sin embargo, los hechos se multiplicaron gravemente con el cambio del contrato. Nunca se llevó a cabo una investigación pormenorizada para localizar dónde se encontraba el error.