La crónica del tenso debate parlamentario de ayer quedó registrada en el diario de sesiones conforme al guion que se esperaba. El Congreso de los Diputados fue el marco en el que el presidente del Gobierno confirmó su decisión de «ponerse la política exterior por montera», en palabras de un exministro socialista en la materia, en un movimiento que entre propios y extraños se leyó como la osadía de cruzar otra línea roja más para «utilizar la diplomacia española como instrumento político». Al servicio de sus intereses de partido o, incluso, «personales», según la oposición.

Por medio, salen dañadas las relaciones de España con Argentina y ahora, después del anuncio del reconocimiento de Palestina, también con Israel. Esto último, en una coyuntura muy delicada en Oriente Próximo: el reconocimiento de Palestina como Estado rompe con el consenso de la UE, porque la gira europea del presidente español no consiguió nuevas adhesiones a su pretensión de dar este paso con el conflicto en Gaza abierto en canal. Justo es la razón que explica que únicamente hayan avanzado en esta dirección los países que ya lo tenían decidido: Irlanda y Noruega. En los tres casos, Tel Aviv respondió con la llamada a consultas de sus embajadores.

La decisión del presidente del Gobierno, sometida en clave interna a la presión de Sumar, se adopta también contra el criterio de Estados Unidos, que cada vez está marcando más distancias con Israel por la crisis humanitaria en la Franja, pero que mantiene su veto en Naciones Unidas ante el proceso de admisión de Palestina, lo que supondría reconocerle un estatus jurídico que le permitiría competir en condiciones de mayor igualdad con Israel en el ámbito internacional.

Sánchez lleva toda la legislatura sin hacer una sola llamada a la dirección del PP para hablar de los grandes temas que actualmente condicionan el tablero geopolítico. Ya sea Oriente Próximo o la guerra en Ucrania.

Desde su Gobierno solo han descolgado el teléfono para dirigirse al principal partido de la oposición con el objetivo de pedirle su apoyo cuando lo que estaba en cuestión era la figura del jefe del Ejecutivo, aunque también podría decirse que fue para pedirle apoyo para la esposa del presidente, Begoña Gómez, por la acusación de corrupción que lanzó contra ella el presidente argentino, Javier Milei, el pasado domingo, en un acto de Vox celebrado en Madrid.

Diferente reacción

En realidad, no es la primera vez que un mandatario latinoamericano dirige duras palabras contra España, pero, en tanto que no afectaban personalmente a Sánchez o a su esposa, la reacción ha sido totalmente distinta, porque siempre se ha buscado la manera de rechazar esa injerencia, pero con el cuidado debido para no abrir una crisis diplomática de primer nivel, como ha ocurrido ahora. Además, estos ataques no coincidían tampoco con la celebración de un proceso electoral doméstico.

En todos estos movimientos que está haciendo en los últimos días el presidente del Gobierno, no pasa por alto en medios políticos que avanza en una senda en la que cada vez ocupa más el espacio de Sumar-Podemos, desplazándose a sus posturas más radicales, como indica con el mensaje que lanza contra los medios de comunicación o los jueces que se desvían del camino que en La Moncloa consideran que es el correcto. La justificación son los «bulos» y el «lawfare», pero el tono cada vez más agresivo, y que incluso señalen ya directamente a algunas cabeceras, a periodistas con nombres y apellidos, y a jueces genera un clima de opinión que parece destinado a hacer mella en aquellas voces que no coinciden con la línea que marca el Gobierno de coalición, parece que para que se lo piensen dos veces antes de seguir por el mismo camino.

La intención de Sánchez es que esta estrategia se someta a examen en las elecciones europeas del próximo día 9 y cuya campaña arranca oficialmente este viernes. De forma que, si el resultado para los socialistas es bueno, pueda presentarlo como si se tratase de una victoria suya personal en su combate contra la derecha, contra los medios de comunicación críticos y contra el Poder Judicial que se revuelve contra la ley de amnistía y otras decisiones adoptadas por su gabinete. Todo este ruido no oculta que el Gobierno no tiene capacidad ni de sacar adelante iniciativas legislativas que iban en el programa de la coalición y que afectan a temas muy sensibles ideológicamente para la izquierda, como la prostitución o la política de suelo y vivienda. Lógicamente, en Sumar observan con enfado y nervios esta estrategia del presidente de ir ocupando su espacio e incluso su discurso más irreverente contra la libertad de prensa o contra la Justicia.

El Pleno del Congreso confirmó el guion del presidente del Gobierno. Pero también de la oposición. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo su exigencia a Sánchez de explicaciones por las actividades de su esposa, cuestionando, a su vez, que defina a su mujer como una institución del Estado.