Sánchez replica que hicieron «todo lo posible» para no impedir los registros

Jordi Sánchez, presidente de ANC, niega que la concentración frente a la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat del pasado 20 de septiembre se convocara para impedir practicar los registros a la comisión judicial e insiste en que lo que se convocó por parte de las entidades soberanistas fue “una manifestación pacífica”, algo que es “incompatible con la inducción de un delito de sedición". Con 40.000 personas congregadas, si el objetivo hubiese sido ese "es obvio que lo habrían conseguido fácilmente".

Así lo asegura su abogado, Jordi Pina, en el recurso de apelación presentado ayer ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la decisión de la magistrada Carmen Lamela de acordar su prisión incondicional el pasado lunes. Según expone el letrado, tanto Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural y también en la cárcel, como Sánchez "hicieron todo lo posible para que la concentración se desarrollara de forma pacífica y sin impedir"a la comitiva judicial hacer su trabajo, adoptando medidas “para garantizar la entrada y salida” del edificio, participando “en los cordones humanos creados para permitir el paso” a la comitiva y pidiendo a los manifestantes que se disolvieran “a pesar de ser increpados por ello”.

Aunque la letrada del juzgado tuvo que abandonar el edificio por un teatro contiguo, camuflada entre el público, y los últimos agentes no pudieron salir hasta las siete de la mañana, nueve horas después de que concluyese el registro en la consejería, la defensa de Sánchez pone de relieve la "actitud pacífica y por lo general festiva"de los manifestantes, buena parte de ellos "personas mayores"y que exhibían claveles como "símbolo evidente de rechazo a la violencia". El atestado de la Guardia Civil eleva los daños causados a sus vehículos por los manifestantes en más de 130.000 euros.

La entrega de petos, agua y bocadillos por parte de voluntarios de ANC -que Lamela considera determinante para que se prolongara el acoso a los agentes- sólo obedecía, dice el abogado de Sánchez, a la "escrupulosidad"en el compromiso de garantizar "la seguridad de los intervinientes". "Los Jordis"convocaron la protesta, mantiene, "con la intención de reivindicar el respeto a las instituciones catalanas"y, una vez iniciada, su papel consistió en "garantizar"que se desarrollase de forma pacífica y que la comisión judicial pudiese hacer su trabajo. Además, añade, "hubo otras muchas organizaciones sindicales, universidades, etc"que también convocaron a la protesta.

Asimismo asegura que durante la mayor parte del tiempo se creó un "corredor humano"por miembros de la ANC "con espacio más que suficiente"para que la comisión judicial pudiese circular por él. Según su versión, Sánchez incluso indicó a voluntarios de ANC "que protegieran"los vehículos de la Guardia Civil, "que ya estaban dañados", después de que un teniente le informara de la existencia de armas largas en su interior. Si hubiera tenido un ánimo sedicioso, dice, no hubiera actuado de esa forma.

En todo caso, hace hincapié el abogado, fueron Sánchez y Cuixart quienes antes de las doce de la noche desconvocaron la concentración pidiendo a los congregados "que se marcharan de forma pacífica y tranquila"pese a la oposición de buena parte de ellos.

El letrado niega que exista riesgo de fuga porque, si Sánchez hubiese querido fugarse, "ya no habría comparecido el pasado lunes", pues en los días previos a esa citación "en los medios de comunicación de la capital ya se daba por hecho que sería acordada su prisión". Su defensa niega igualmente que exista riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas -que la juez le atribuye, se queja, "a partir de sospechas o intuiciones carentes de cualquier base"-, pues la organización que preside "es un movimiento cívico que defiende la independencia de Cataluña por vías pacíficas y democráticas".

La defensa del líder independentista denuncia la vulneración del derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, a un juez imparcial y a un proceso con todas las garantías. Por un lado, insiste en que Lamela no es competente para investigar lo sucedido porque "resulta evidente"que el delito de sedición "no es un delito contra la forma de Gobierno, sino contra el orden público". La independencia, dice, "no se consigue manifestándose varios miles de personas durante algo más de 24 horas ante las dependencias de la Conselleria de Economia de la Generalitat". Tampoco, con la obstaculización, "que por supuesto negamos", de una entrada y registro ordenada por un juzgado. Esa interpretación, "manifiestamente forzada y extravagante", que hace la juez para atribuirse la competencia de la causa, se queja, "pone seriamente en duda su imparcialidad".

El letrado afirma igualmente que se ha vulnerado el derecho de defensa de Sánchez porque se le citó a declarar por segunda vez -"precisamente"el mismo día y a la misma hora "en que terminaba el plazo para que el presidente de la Generalitat respondiera al requerimiento del presidente del Gobierno", apunta- no había hechos nuevos que justificaran esa segunda comparecencia.

El informe de la Guardia Civil que motivó esa nueva citación, dice, se aportó al procedimiento "por iniciativa propia"y de forma "absolutamente irregular", pues la causa ya estaba judicializada. Además, se queja que versa sobre hecho que "no se corresponden"con los investigados en este procedimiento: el 1-O y la hoja de ruta soberanista.