Santos Cerdán esgrime la debilidad del PSOE en el Congreso desde que renunció a su escaño para reclamar de nuevo su puesta en libertad al Tribunal Supremo (TS). La defensa del ex secretario de Organización del PSOE señala en su recurso contra la decisión judicial de mantenerlo en prisión que desde que no está en la Cámara Baja "el Gobierno no consigue sacar adelante la mayoría de las votaciones". Lo que demuestra, según sus abogados, que la investigación contra él "ha tenido y sigue teniendo un importante impacto en la actividad del poder legislativo y de la estabilidad del Gobierno central".

No se trata, insisten, de "mirar hacia el otro lado", aunque tampoco "de obviar la importancia de la institución de la inmunidad parlamentaria de la que gozaba el Sr. Santos Cerdán mientras era investigado por la UCO".

Según exponen en ese escrito, la inmunidad parlamentaria de Cerdán "ha sido violentada de forma clara" en este procedimiento y de lo que califica como "atropello de su aforamiento" aseguran que "nace la imputación que lo lleva a prisión provisional". Una orden de prisión que, recalcan, "deriva de la violación de su derecho fundamental a la participación política en la expresión de su inmunidad como Diputado del Congreso".

El exdirigente socialista sigue cuestionando los audios de Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, que el juez considera claves para sustentar su imputación. En el recurso contra la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de mantenerle en libertad, su defensa insiste en que no se puede descartar su manipulación si los archivos fueron "editados".

En ese escrito, los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo aluden al informe de la Guardia Civil sobre esos audios. Y es que Santos Cerdán cuestiona que, como concluyó el análisis de la Unidad Central Operativa (UCO), no se hayan constatado "alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos".

Más sombras sobre los audios de Koldo

Y llama la atención sobre el hecho de que, en su opinión, el magistrado Leopoldo Puente haya obviado se hizo "una edición" de esos archivos "nada más finalizar el registro". "¿Qué tipo de edición se ha hecho? ¿Cómo ha afectado al resultado final de la grabación? ¿Con qué finalidad se ha editado la misma?", se pregunta su defensa, que se queja de que estas preguntas "no se contestan ni en el informe pericial ni tampoco en el auto recurrido". "Se hace realmente difícil concluir que no se han identificado trazas de alteración o manipulación cuando el propio informe acepta “edición” y cuando en las conclusiones se explicita que hay desfases en los metadatos", argumenta.

Además, corrige al instructor y señala que "en ninguna de las adjudicaciones investigadas aparece una UTE entre Acciona y Servinabar". Y en este sentido, sus abogados sostienen que "más allá de mantener la ausencia de vinculación entre el Sr. Cerdán y todas estas adjudicaciones, lo que es cierto es que de una comprobación de las fichas del portal de contratación se llega fácilmente a la conclusión" de que los atestados de la UCO están "induciendo al magistrado instructor a realizar afirmaciones en los autos relativos a la prisión provisional que no encajan con la realidad administrativa".

Con base en estas objeciones, sus abogados sostienen que la base de las imputaciones que el juez esgrime para mantenerle en prisión junto al riesgo de destrucción de pruebas "se edifica en base a atestados que más allá de sus precipitadas conclusiones, no pueden superar un mínimo test de contraste".

"Ensoñación" de la UCO

Su prisión, denuncian, "no se halla amparada por algo que exista en la investigación sino por algo que se busca en la investigación y que meses después de su inicio no ha llegado a encontrarse".

"Seguimos nuevamente cautivos de una especulación policial, de un relato mediático, de una ensoñación de los investigadores", protestan.

La defensa del ex secretario de Organización del PSOE también reprocha al instructor que cierre la puerta a una "investigación a los investigadores" dadas las quejas de Santos Cerdán sobre la labor de la UCO en la causa, llegándose a presentar como víctima de un "complot" que la Sala de lo Penal no ve por ningún lado.

Pero su defensa vuelve a apuntar a la UCO. "Si el suministro de los teléfonos es una operación de los servicios de inteligencia de la Guardia Civil, tan a menudo conectados con el propio CNI, habría que poder realizar comprobaciones y las investigaciones pertinentes sobre todo este operativo", reclama en referencia al papel que jugó el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, también imputado.

Apunta a un "software espía"

"No se nos permite conocer el motivo y dimensión de las investigaciones de la UCE-2 en el momento de proporcionar los teléfonos y en el momento que se generaran los ficheros de audio base de la investigación", se quejan sus letrados. Y apunta incluso a la posible utilización de "software espía" en esos terminales, una "mera hipótesis" que para poder descartar -subrayan- es necesario investigar.

Al mismo tiempo, la defensa del exdirigente socialista afea al instructor que realice "todo tipo de inferencias y conclusiones a partir de los audios de origen desconocido y de los supuestos WhatsApp intervenidos en los teléfonos de los investigados distintos al Sr. Santos Cerdán".

Unas comunicaciones "que contendrían preguntas y interpelaciones del investigado Sr. Cerdán sobre obra pública" de las que, afirman, "se ha querido derivar ipso facto un patrón delictivo sin ninguna otra prueba objetiva o documental que sustentara la sospecha policial". Cuando en realidad se trata, dicen, de "acciones propias de la vida política del partido que se encuentra en el Gobierno central".