Se busca presidenta para el CGPJ

La renovación del Poder Judicial puede romper moldes con una magistrada en su cúspide.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial avanza a un ritmo hasta ahora desconocido, hasta el punto de que se podría producir «en plazo», con apenas un mes de retraso una vez cumplido el mandato actual, el próximo mes de diciembre. Hoy los partidos presentarán sus candidatos a vocales por el turno de juristas de reconocido prestigio que deberán ser avalados posteriormente, tras la comparecencia en la Comisión de Justicia, por el Congreso. Cada fuerza política podrá presentar cuatro candidatos, aunque lo único cierto es que lo harán Partido Popular y PSOE, ya que Ciudadanos ha renunciado, al oponerse radicalmente al actual modelo de designación parlamentaria de los vocales, y Podemos confía en que el PSOE «cuele» a su candidata, la magistrada y ex diputada de la formación morada Victoria Rosell.

Junto a ello, en esta renovación se puede producir igualmente un hecho histórico: una mujer, magistrada del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, presidirá durante al menos cinco años el órgano de gobierno de los jueces y magistrados y del Supremo, el tribunal más alto a nivel jurisdiccional de España.

En estos momentos populares y sociales no han cerrado todavía el nombre que sustituirá a Carlos Lesmes, quien regresará a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. «Todo está muy abierto. Lo estamos todavía cerrando», señalaron a este periódico fuentes próximas a las negociaciones.

Entre los nombres que figuran para acceder a la cúpula de la carrera judicial se encuentran los de Ana Ferrer, Encarnación Roca, Lourdes Alastray y Pilar Teso, aunque ésta después de toda la polémica con la decisión del Supremo sobre el pago de los impuestos derivados de la hipotecas, donde votó a favor de que pagaran los clientes, ha perdido no pocas opciones.

Ana Ferrer fue la primera mujer en acceder a la Sala Penal del Tribunal Supremo. Goza de un gran prestigio y recientemente fue quien archivó la causa contra la senadora del PP Pilar Barreiro, a quien se la investigaba por su presunta relación con el «caso Púnica» cuando era alcaldesa de Cartagena. En su contra juega que apenas lleva cuatro años en el Alto Tribunal.

Encarnación Roca es actualmente vicepresidenta del Tribunal Constitucional, al que se incorporó en julio de 2012. Considerada una magistrada «progresista», vería con buenos ojos la designación de Ana Ferrer, según fuentes jurídica; y en la «cuestión catalana» no ha se ha distinguido del resto de sus compañeros.

Por su parte, Lourdes Alastray está destinada en el Tribunal Supremo, en su Sala Social. Pertenece a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, aunque se le considera «más progresista que conservadora». Su candidatura no parte, al menos a priori, como favorita.

Quien sí tenía más opciones era Pilar Teso, que estaba avalada por juristas y magistrados próximos al PSOE. Sin embargo, sus opciones se han reducido notablemente tras haber votado a favor de que pagasen los clientes el impuesto sobre actos jurídicos documentados de las hipotecas. Fue quien presentó, avalada por Luis María Díez Picazo, presidente de la Sala Tercera, la «postura intermedia»: que pagasen los bancos pero sin efecto retraoactivo alguno, que es, precisamente, la medida que ha adoptado el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las negociación continuarán los próximos días, aunque la idea es cerrar el nombre del presidente, o más bien de la presidenta, antes del 18 de diciembre, cuando finaliza el plazo en el Senado para presentar las candidaturas.

Entre los que el PP prevé proponer por el turno de juristas están el abogado y ex diputado José Miguel Castillo, quien fue portavoz de los populares en la Comisión de Justicia. Se le considera próximo a Pablo Casado y Teodoro García, presidente y secretario general del PP, respectivamente; al presidente de Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, y a la fiscal jefe de Cantabria, Pilar Jiménez Bados. El PSOE podría incluir a José Ricardo de Prada, ponente de la sentencia del «caso Gürtel».