Si Sánchez dimite, ¿qué pasará con la ley de amnistía? ¿Se podría frenar su tramitación?

Una de las interrogantes que se abre en este escenario incierto es qué pasará con la amnistía si Pedro Sánchez dimite. La futura ley, que actualmente se está tramitando en el Senado, ha sido la piedra angular de los pactos que el PSOE sellócon Junts y ERC para contar con los votos necesarios para asegurar la investidura del líder socialista. De ahí que surja la pregunta sobre cómo afectará la posible salida del Ejecutivo de Sánchez a la controvertida ley y si podría retirar el texto legal del Senado, donde se encuentra actualmente.

La ley de amnistía ha sido la norma que ha marcado a este segundo Gobierno de Pedro Sánchez, incluso desde antes de que fuera investido presidente. No son pocas las voces de expertos juristas que defienden la inconstitucionalidadde una norma de estas características.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y tres asociaciones de jueces también alertaron de que la futura ley de amnistía atenta contra el Estado de derecho, una tesis que también quedó confirmada cuando el órgano de gobierno de los jueces envió su dictamen sobre el texto legal al Senado.Por su parte, la Comisión de Venecia también alertó de que las leyes de amnistía en Europa deben respetar la Constitución y que se deben aprobar por una amplia mayoría, evitando utilizar mecanismos de urgencia en su tramitación.

Esto es, precisamente, lo que ocurrió con el texto legal de la ley de amnistía. El PSOE la presentó en el Congreso de los Diputados como proposición de ley y por el procedimiento de tramitación de urgencia. Esto supone que la norma se aprobará en plazos más reducidos frente a los que rigen para un proyecto de ley. Además, permite saltarse algunos informes por parte de órganos como el CGPJ y el Consejo de Estado.

Tras ser admitida a trámite en la Cámara Baja y superar los vaivenes en la comisión del Congreso, un primer texto fue rechazado en el pleno y volvió a la comisión para pactar nuevos ajustes con Junts. El objetivo era asegurar que los distintos procedimientos penales que afectan a los principales dirigentes del “procés”, entre ellos, Carles Puigdemont,estén cubiertos por el perdón que supone una ley de amnistía.

La tramitación de la amnistía

La tramitación de la norma ha llegado muy lejos. Y una vez concluya su tramitación en el Senado pasará al Congreso de los Diputados para ser aprobada definitivamente. Posteriormente, los jueces que tengan que aplicarla podrán plantear una cuestión de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional (TC) o bien una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que suspende de manera inmediata su aplicación.

Después de todo este recorrido legal y de las numerosas polémicas que se han desatado en torno a una ley tan controvertida, las dudas se han disparado una vez se conoció la posibilidad de que Pedro Sánchez dimita y los efectos de esta decisión sobre la futura ley de amnistía.

Si Pedro Sánchez dimite mañana, “el Parlamento no está afectado, sino el Gobierno. El Gobierno cesa y queda en funciones. Después se inicia un proceso de investidura”, recuerda Alberto Dorrego, presidente de la sección de Derecho Administrativo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

El experto explica a LA RAZÓN que el Parlamento debe seguir trabajando si Pedro Sánchez dimite, respetando los mismos plazos que rigen su actividad.

Una vez termine su tramitación en el Senado –donde no puede permanecer más de dos meses- se envía al Congreso y sigue su curso, por lo que la eventual salida del presidente de la vida política no supone una amenaza en términos políticos para el texto que perdonará los delitos del “procés”.

Además, al haberse presentado como una proposición de ley, que es una iniciativa parlamentaria, de los partidos con representación en el Congreso, el Ejecutivo no tiene margen para retirarla o para frenar su tramitación. Por lo tanto, si Pedro Sánchez dimite, la amnistía sigue adelante en sede parlamentaria sin que haya vuelta atrás.

El único escenario que podría poner en riesgo a la futura ley de amnistía es que las Cortes se disuelvan antes de que la norma esté aprobada, algo que implicaría forzar al extremo los plazos, sobre todo teniendo en cuenta que la disolución no podrá ocurrir antes del 29 de mayo. Esto porque la ley exige que transcurra al menos un año desde la última convocatoria a elecciones generales. Si apura los plazos, el calendario parlamentario correría en contra de la ley. Pero no parece probable que Sánchez actúe para perjudicar la ley que le devolvió las llaves de la Moncloa por un segundo periodo.