Sociedad Civil Catalana alerta en el TJUE del "riesgo de impunidad sistémica" de la Ley de Amnistía

El abogado de Sociedad Civil Catalana (SCC), Juan Chapapría, ha denunciado en su intervención ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la "desigualdad ante la ley" que supone la aplicación de la Ley de Amnistía, que según ha puesto de relieve "erosiona la confianza legítima de los ciudadanos" en la Justicia y "pone en riesgo" la efectividad del Derecho europeo.

Los letrados de SCC han hecho hincapié en que en realidad se trata de "una autoamnistía concebida fuera del Parlamento", fruto de "un pacto político" entre el Gobierno de España y los partidos independentistas que culminó en el acuerdo entre "entre Carles Puigdemont y Santos Cerdán", entonces secretario general del PSOE y "hoy en prisión por corrupción" a cambio de los votos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Chapapría ha asegurado que la actuación judicial contra los responsables del proceso independentista en Cataluña -incluido el proceso contable por el supuesto desvío de cinco millones de euros (que la Fiscalía reduce a tres millones) para financiar el 1-O y la promoción exterior del "procés"- "ha sido víctima de una operación sistemática de obstrucción institucional y legislativa". Primero, ha recordado, al eliminar el delito de sedición y reformando el de malversación para introducir una versión atenuada.

"Responsabilidad compartida"

Después, ha añadido, con la aprobación de la Ley de Amnistía, "con informe negativo del Consejo General del Poder Judicial, sin aceptar enmiendas de la oposición y con el rechazo explícito de buena parte de la comunidad jurídica". Una norma que, ha recalcado, beneficia tanto a procesados "fugados "pendientes de enjuiciamiento", como a "otros condenados".

Chapapría ha enfatizado que el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece "una responsabilidad compartida" de la UE y los estados miembros para combatir el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. "Cualquier norma nacional que socave su cumplimiento efectivo deber ser objeto de control" por parte de la Justicia europea, ha recalcado antes de defender que "toda jurisdicción nacional que aplica el Derecho de la Unión queda sometida a los principios de independencia e imparcialidad" y "merece una protección reforzada".

El abogado de SCC ha defendido que las cuestiones prejudiciales presentadas no solo son admisibles, sino que resultan "necesarias" cuando "imponen limites tan severos" que impiden un juicio justo e impiden primacía Derecho Europeo.

"Compromete la lucha contra la corrupción y el fraude"

Por su parte, su compañero Mario de Diego ha alertado de que la Ley de Amnistía supone un "riesgo de impunidad sistémica" porque "compromete la lucha contra la corrupción y el fraude", comportamientos cuya persecución la UE considera "obligatoria". Por tanto, ha argumentado, el riesgo del que alerta el Tribunal de Cuentas "no es hipotético" -como han defendido tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y los demandados- porque "ya se ha producido un archivo generalizado de los procedimientos".

El letrado de SCC ha señalado que la lucha "contra la corrupción y malversación forma parte del núcleo del Estado de Derecho y constituye una obligación de los Estados miembros combatir" ambos delitos.

Asimismo, se ha quejado de que la polémica norma "utiliza conceptos vagos" y "formulas imprecisas" que "no permiten precisar con certeza qué conductas quedan amparadas", extendiendo incluso su ámbito de aplicación a "conductas precedentes e incluso posteriores". Por si fuera poco, ha añadido, en la aplicación de la ley se "sacrifican" garantías básicas -entre otras, la audiencia partes y el derecho a una resolución razonada- y así "se quiebra la confianza legítima de las víctimas y de los propios contribuyentes". Asimismo, y pese a que el TC ha considerado esta previsión de la norma contraria a la Carta Magna, ha puesto de relieve que en el proceso contable Sociedad Civil Catalana "se vería excluida de intervenir a la hora de decidir si le parece bien aplicar la Ley de Amnistía".