Los socios sí creen al fiscal

Todo apunta a que al fiscal general del Estado lo van a empapelar. El auto de ayer del juez Hurtado no ofrece dudas: los indicios señalan de manera inequívoca a García Ortiz como autor de la filtración de la información íntima y privada del novio de Ayuso. Con inquietantes elementos añadidos, como el hecho de que no entregó ningún móvil pese a haber recibido dos nuevos y reseteado uno, tras saltar el escándalo que le incrimina. Luego su actuación parece más propia de un «delincuente» que de un fiscal general, que debería: uno) no haber borrado nada de su celular; dos) no eliminar el contenido de su cuenta de mail; tres) haber entregado sus aparatos de telefonía al Tribunal Supremo; cuatro) responder a las preguntas del juez que le investiga, en vez de actuar como los etarras; cinco) buscarse un abogado y no servirse de la Abogacía del Estado; y seis) haber dimitido para poderse defender, sin perjudicar a la institución que representa. Nada de eso ha hecho sino lo contrario, razón de más para auto vehicular su culpabilidad. Hasta uno de sus principales colaboradores, Diego Villafañe, ayer des-imputado por el Supremo, le ha dado una lección, pues respondió a todas las preguntas del magistrado y designó abogado defensor para su comparecencia, cuando estaba siendo investigado. Hay gestos y actitudes que no demuestran culpabilidad, pero lo dicen todo.

Sólo que a García Ortiz parece darle igual, de manera que está centrado en la estrategia de desbaratar la causa por la vía del recurso de nulidad que va a elevar al Tribunal Constitucional, por entender que se vulneraron derechos fundamentales en el registro de su despacho. El Supremo ya ha dejado claro que sí había motivos para ese registro, pero el fiscal general sabe que es la vía de la que puede servirse para quedar libre de culpa, antes de que le sienten en el banquillo o le condenen en juicio oral. La doctrina jurídica consolidada demuestra que no se puede recurrir al TC hasta que no estén agotados todos los procedimientos en la jurisdicción ordinaria, que en buena lógica sería siempre tras el juicio oral y la sentencia condenatoria. Pero don Álvaro, y probablemente Pumpido, entiende que puede hacerlo ya, en unas semanas o días, pues de esa manera se pondría ya fin al calvario judicial al que, según él, se le está sometiendo. Asunto éste de gran calado, dado que desembocará inevitablemente en un enfrentamiento seguro del Supremo con el Constitucional, por entender el primero que estaríamos ante una «prevaricación», no sólo por parte del tribunal de garantías, sino por la actuación del propio fiscal general, que mejor que nadie debe saber que el recurso al TC no procede en mitad de la investigación. Sería la primera vez que se actúa de esa manera, tanto por parte de la Fiscalía General como del Constitucional. Dos magistrados del TS, en sendas resoluciones, ya le han mandado el mensaje a Pumpido, y al resto de vocales, de que no hay ningún Tribunal ni persona, por mucho que ésta pertenezca al TC, que esté al margen de la acción de la Justicia, lo que ha de ser interpretado en el sentido de que si los miembros del alto tribunal prevarican, también serán perseguidos por el Supremo.

Se avecinan días de tensión entre ambas instituciones, lo que tampoco preocupa en exceso a Sánchez. Los socios comunistas, bildutarras e indepes, ya le han trasladado que cualquier resolución de la «justicia española» estará desacreditada de por sí, al estimar ellos que no estaríamos ante un auténtico fallo condenatorio, sino ante un caso más de «lawfare» judicial.