El Supremo acoge el jueves una audiencia por la demanda del juez García Castellón contra Belarra por llamarle "corrupto"

El Tribunal Supremo celebra este jueves una audiencia previa para examinar la demanda que presentó el que fuera juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón contra la líder de Podemos Ione Belarra por llamarle "corrupto" y prevaricador", algo que consideró que suponía una "intromisión legítima en el derecho al honor".

Fuentes jurídicas señalan a Europa Press que no es necesario que a dicha audiencia acudan el propio García Castellón o Belarra, dado que basta con que estén presentes sus respectivos abogados, quienes podrán presentar cuantas cuestiones procesales consideren oportunas. Las mismas fuentes explican que con la celebración de esta audiencia, que será pública, el asunto podría quedar visto para sentencia sin necesidad de ir a juicio.

La audiencia tendrá lugar después de que el pasado octubre se diera a conocer que García Castellón ampliaba ante el Supremo su demanda inicial contra Belarra por llamarle "corrupto" y prevaricador, solicitando que le indemnizara con 240.000 euros al considerar que esos comentarios le generaron "un daño moral".

Lesión de su derecho al honor

En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, García Castellón explicaba que ampliaba la demanda inicial después de que Belarra persistiera en los insultos luego de que él anunciase que emprendía acciones legales. Pedía al alto tribunal que declarara que las publicaciones que la exministra posteó en redes sociales constituían "una intromisión legítima en el derecho al honor".

Aunque inicialmente solicitó una indemnización de 120.000 euros, el magistrado dobló esa cuantía o instó al Supremo a que fijara una cifra "teniendo en cuenta los antecedentes de esta demanda, dada la gravedad de la lesión producida y la amplia divulgación de la misma".

García Castellón avisó de que esta cantidad no fue escogida "al azar, sino que fue calculada conforme a lo dispuesto" en la ley. A su juicio, "no cabe duda de que las expresiones empleadas por la señora Belarra carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas". Además, recordó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya fijó que la libertad de expresión, "aunque tiene un ámbito amplio de protección, no es ilimitada".

Desde Podemos, por su parte, han defendido públicamente que lo pertinente sería que el Supremo desestime la demanda que se ha presentado contra Belarra. Según señaló el secretario de organización del partido, Pablo Fernández, en rueda de prensa el pasado diciembre, Belarra considera que los calificativos que empleó son propios del ejercicio inherente a su condición de diputada, dentro de su libertad parlamentaria para valorar la actuación de García Castellón. Fernández aseguró que había "múltiples" evidencias de que la actuación del juez respecto a Podemos había tenido una "clara intencionalidad política" de "perseguir" a la formación.

La Fiscalía respalda al magistrado

La demanda de García Castellón, sin embargo, cuenta con el apoyo de la Fiscalía, que ya apuntó por escrito que los calificativos vertidos por Belarra contra el magistrado jubilado en sus redes sociales eran "claramente ofensivos e innecesarios".

Para la Fiscalía, "no cabe duda de que tachar a un juez de corrupto, prevaricador y parcial por proteger a un partido político y perseguir a los adversarios constituyen expresiones objetivamente injuriosas por cuanto se le está atribuyendo la comisión de unos hechos delictivos y el incumplimiento de una obligación esencial e inherente a sus funciones como es la imparcialidad; lo que es siempre insultante y descalificador y, en consecuencia, lesivo para su honor".

Sobre el argumento de Belarra de que sus comentarios están amparados por la inviolabilidad parlamentaria, la Fiscalía recuerda que "las declaraciones realizadas por un parlamentario en redes sociales desde su propio perfil, especialmente si son ofensivas o atentan contra el honor de terceros, no están protegidas por las prerrogativas de inviolabilidad".

No obstante, el Ministerio Público recomienda rebajar la indemnización de 240.000 a 20.000 euros al considerar que la petición es "excesiva y desproporcionada".