Álvaro García Ortiz ha salido airoso de su primera cita en el Tribunal Supremo esta semana -mañana declara como investigado por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso-. La Sala de lo Contencioso ha ratificado su nombramiento al desestimar el recurso que presentó contra su renovación en el cargo la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que esgrimió su cercanía con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuentes jurídicas confirman que los magistrados han desestimado el recurso de la asociación de fiscales en una deliberación que apenas se ha alargado una hora. En el marco de la misma se ha fallado en contra de anular el Real Decreto 1182/2023, de 27 de diciembre, por el que el se le nombró para el cargo que ya venía ocupando desde la dimisión de su exjefa, Dolores Delgado, a mediados del año 2022. La sentencia se conocerá en los próximos días.

La APIF instó al alto tribunal a anular esa designación porque, según argumentó, se ha mostrado "descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno". Del mismo modo expuso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez incurrió en una "manifiesta arbitrariedad" al renovar a García Ortiz, pese a estar incurso en la causa legal de cese que prevé el artículo 31.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). En concreto, apuntó al apartado d, que determina que una de las causas de cese del fiscal general reside en el "incumplimiento grave o reiterado de sus funciones".

Sin causas para cesarle

Del mismo modo, la asociación recurrente expuso en su demanda que García Ortiz faltó el respeto al Consejo Fiscal, órgano consultivo del máximo representante de la Fiscalía, "al apropiarse de alguna de sus potestades decisoria", excluyendo a sus integrantes del debate sobre la posible incompatibilidad para el cargo de fiscal de Memoria Democrática de Dolores Delgado, que sería anulado por el Supremo. Según la asociación fiscal, con su permanencia en el puesto se traslada a la ciudadanía que la persona al frente de "una institución clave y esencial" dentro del Poder Judicial "queda dentro o en la órbita del Ejecutivo".

Sin embargo, los magistrados de la Sala de lo Contencioso que han resuelto el recurso descartan que concurran los indicios que recoge el artículo 31 del EOMF y, por ese motivo, no han estimado el recurso interpuesto. Cabe recordar que García Ortiz recusó a cuatro de los cinco magistrados encargados de este asunto al considerar que estaban "contaminados", dado que fueron los mismos que anularon el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar.

El Supremo fue especialmente duro con la actuación de García Ortiz, puesto que le acusó de actuar con una "innegable desviación de poder" y con "arbitrariedad" al ascender a Dolores Delgado, quien fuera jefa suya, a la máxima categoría de la carrera fiscal. En su sentencia, los mismos magistrados que ahora avalan su reelección expusieron que no podía "reescribir las reglas de promoción en la carrera fiscal ajustándolas a sus preferencias personales".

Recusación fallida

Por este pronunciamiento el fiscal general del Estado presentó una propuesta formal de recusación, pero el alto tribunal respondió tajante no solo negando la petición, sino apunando que la solicitud era "endeble y de escasa consistencia". Del mismo modo, determinó que la recusación era extemporánea y que no se cumplían los requisitos exigidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial para apartarse de las diligencias.

El fallo se conoce 24 horas antes de que García Ortiz declare en este mismo tribunal, pero en la Sala de lo Penal. El fiscal general está imputado por un delito de revelación de secretos con la filtración en prensa de datos sobre la causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se trata de un procedimiento que nada tiene que ver con este asunto Contencioso y en el cual el magistrado instructor, Ángel Hurtado, mantiene sus indicios contra él al considerar que fue el responsable de la filtración de un correo en el que su abogado reconocía la comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental.