Territorio sin Estado

Se configura un espacio anómico en el que las leyes quedan degradadas o suspendidas en un limbo de inaplicación por quienes, amparados por la violencia, hacen valer su poder por la fuerza.

Efectivos de la Guardia Civil vigilan una concentración en protesta por la visita del ministro Fernández Díaz a Leitza (Navarra) en 2013
Efectivos de la Guardia Civil vigilan una concentración en protesta por la visita del ministro Fernández Díaz a Leitza (Navarra) en 2013

Los recientes acontecimientos de Cataluña, en especial los referidos al acoso a los policías nacionales y los guardias civiles desplazados estos días a la región, como se ha visto en las numerosas caceroladas a las que se ha sometido a estos servidores del Estado y, sobre todo, en la pretensión de expulsarlos de sus alojamientos en Calella y Pineda, incluso con la colaboración de los respectivos ayuntamientos, han hecho revivir las viejas experiencias que tuvieron lugar en el País Vasco durante los largos años de auge de la campaña terrorista de ETA. En aquel tiempo, los batasunos, a veces con la participación activa del nacionalismo institucional y en ocasiones con su inhibición, lograron controlar una parte de la geografía vascongada –singularmente en Guipúzcoa, aunque también en algunas zonas de Vizcaya y Álava– a costa del debilitamiento e incluso la supresión de las instituciones constitucionales. Se configuró así un territorio sin Estado, un espacio anómico en el que las leyes quedaron degradadas o suspendidas en un limbo de inaplicación y se impuso la voluntad caótica y arbitraria de quienes, amparados en la violencia, hicieron valer su poder por la fuerza.

Un fenómeno similar lo observamos ahora en Cataluña, aunque su gestación viene de lejos tras años de hacer caso omiso a las leyes estatales –como se ha documentado hasta la saciedad en el terreno educativo, en el de los derechos lingüísticos o en el de las regulaciones comerciales, por mencionar tan sólo tres ámbitos sobradamente conocidos– y de abandonar –para no crispar, se decía– el respeto a los derechos individuales en favor de un colectivismo nacionalista supuestamente liberador de la opresión secular de la catalanidad. Y lo de Calella y Pineda no son más que dos ejemplos, cargados de simbolismo, de un fenómeno que se ha extendido por toda la geografía catalana, aunque con menor intensidad en las zonas metropolitanas.

El territorio sin Estado, que parecía dramático en el caso vasco porque tenía tras de sí a una organización terrorista cometiendo crímenes y atentados diarios, se extendió por Cataluña aparentemente de forma pacífica y aceptada por todos. Sin embargo, no era así. Detrás de la anomia, en ambos casos, está el miedo; un sentimiento muchas veces difuso que no se percibe como algo lejano, sino muy personal, que se disimula aunque invada todos los recodos de la vida individual, y que despoja a las personas de su condición de ciudadanos porque anula su libertad y las condena al silencio.

Conocemos las vías a través de las cuales ese miedo se ha instalado en la sociedad. Está, claro es, la actuación de los partidos nacionalistas en las instituciones y la permisividad que para con sus excesos han tenido esos que eufemísticamente consideramos partidos constitucionalistas. Está también la transgresión diaria de las normas jurídicas en lo que atañe al terreno simbólico –banderas, juramentos, manifestaciones, desobediencias– y a las que conciernen a la gestión económica de las administraciones –invadidas de corruptelas y corrupciones para desviar recursos hacia la causa independentista–, todo ello con la inhibición, cuando no la bendición, de los jueces. Y está, en fin, la degradación de los valores democráticos y la apatía moral, amparadas ambas en ese relativismo ideológico que sostiene que todas las ideas –incluso las que propugnan el totalitarismo identitario– son iguales e igualmente defendibles en una sociedad democrática; y en ese crepúsculo del deber que diluye las obligaciones y responsabilidades individuales a la vez que ampara la degradación ética y la cobardía colectiva de la sociedad.

Y sabemos también, por el caso vasco, cómo puede repararse tanto destrozo. Hay que tener, para ello, una voluntad política férrea, como la que exhibió Aznar –y con él su partido y también el socialista– cuando se ilegalizó Batasuna o cuando se desarrollaron nuevos instrumentos jurídicos para combatir la violencia. Hay que poner en juego todos los resortes del Estado democrático, incluyendo los que, con mesura y ponderación, hacen uso de la violencia legítima. Y hay que desarrollar la sociedad civil –amparándola y no despreciándola, como ahora– con sus incómodas organizaciones dedicadas a la reflexión intelectual, a la reivindicación de la libertad, la igualdad y el pluralismo, a la denuncia de los abusos del poder y a dar voz a los amedrentados por el nacionalismo. No es fácil restaurar la democracia en un territorio en el que el Estado ha sido anulado y muchas veces quedan restos de resistencia a los que hay que dedicar atención y recursos durante bastante tiempo. Pero, como nuestra experiencia ha demostrado, no se trata de una utopía sino de un objetivo políticamente abordable. Si el destrozo de ahora en Cataluña llega a superarse y su independencia se hace inviable, entonces lo que aprendimos en los aciagos días del terrorismo nacionalista podrá servirnos para restaurar de nuevo la democracia.