El TJUE acelera y convoca el 15 de julio una vista unificada sobre la amnistía

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha convocado el próximo 15 de julio, según ha podido saber LA RAZÓN, una vista única sobre la amnistía, en la que abordará las dudas planteadas por cuatro tribunales españoles sobre la adecuación de la polémica ley al derecho comunitario, como consideran el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un juzgado de lo Penal de Vilanova i la Geltrú. Todos ellos han llamado a la puerta del TJUE para plantear posibles vulneraciones de la norma del derecho de la Unión y ahora el tribunal de Luxemburgo ha decidido aglutinar en una sola vista -tal y como solicitó la defensa de Carles Puigdemont- las cuatro cuestiones prejudiciales, lo que acelerará la decisión de la Justicia comunitaria sobre la amnistía.

Tal y como adelantó este periódico, la maniobra del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, para intentar impedir que el tribunal de los ERE pudiese llevar al TJUE la anulación de las condenas por el millonario fraude, puso en alerta a la corte europea, que ha impulsado el procedimiento para que su pronunciamiento sobre la ley no se demore y sea una realidad, previsiblemente, en octubre o noviembre próximos.

El primer paso es justamente la convocatoria de esta vista, en la que las partes -con la defensa de Puigdemont y Oriol Junqueras a la cabeza- expondrán sus argumentos a favor y en contra de la adecuación de la Ley de Amnistía a la normativa comunitaria sobre la malversación y sobre la afectación de la norma a los intereses financieros de la Unión Europea.

Luxemburgo ya tiene las alegaciones

Tras recibir las alegaciones por escrito referidas a la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas, la corte de Luxemburgo pidió el pasado 30 de abril a las partes (el procedimiento contable que la amnistía obliga a archivar se dirige contra 39 ex altos cargos de la Generalitat por el desvío de fondos para financiar el referéndum ilegal del 1-O y la promoción del "procés" en el extranjero) que se pronunciasen sobre la posible celebración de una vista para exponer sus argumentos.

Una decisión que es competencia del TJUE tras examinar las alegaciones pues en caso de considerar que dispone de la información suficiente se pronuncia sin necesidad de convocar una vista. Entonces dio tres semanas de plazo para posicionarse al respecto, trámite en el que la defensa de Puigdemont reclamó no solo la celebración de la vista, sino que en esa misma comparecencia se unificasen las cuatro cuestiones prejudiciales sobre la amnistía, al considerar que en último término el objeto es el mismo, más allá de que dos se centren en el delito de malversación (TSJ de Cataluña y Tribunal de Cuentas), una en el terrorismo (Audiencia Nacional) y la última, la del juzgado de Vilanova y la Geltrú, en la desobediencia.

En defensa de la posición del Gobierno respecto a la amnistía intervendrá Andrea Gavela, abogada del Estado jefe ante el TJUE, que fue directora adjunta del Gabinete de Presidencia del Gobierno entre junio de 2018, una vez investido jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez tras salir adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy, y enero de 2020, cuando fue elegida subsecretaria de Cultura con José Manuel Rodríguez Uribes como ministro.

Antes, el aval del Constitucional

Para cuando se celebre esa vista el que ya se habrá pronunciado sobre la amnistía será el Tribunal Constitucional, que todo apunta a que avalará la ley a finales de mes con el voto de la mayoría progresista -el borrador de sentencia de la vicepresidenta de la corte de garantías, Inmaculada Montalbán, concluye que la amnistía es acorde con la Carta Magna-. Pero al dejar al margen el delito de malversación, mantendrá en vilo a Carles Puigdemont y a Junqueras y el resto de condenados por el "procés", que tendrán que esperar a la resolución de sus recursos de amparo para que el comprobar si el Tribunal Supremo les aplica finalmente la amnistía.

El expresident -sobre el que pesa una orden nacional de detención y de prisión- intentará no obstante acortar esa espera al solicitar al TC en su demanda de amparo que levante de manera cautelar esas medidas mientras analiza su recurso para no causarle un daño irreparable. Pero por ahora Puigdemont no puede dar ese paso pues para agotar la vía jurisdiccional necesita que el Supremo resuelva su incidente de nulidad contra la negativa a amnistiar el delito de malversación (el alto tribunal defiende que al financiar el "procés" con dinero público hubo un enriquecimiento personal, aunque no se embolsaran el dinero, porque se ahorraron costearlo de su bolsillo).

Por ahora, el Supremo no se ha pronunciado, y fuentes próximas al líder de Junts dan por sentado que no lo hará hasta que el TC dicte su sentencia sobre la amnistía.