Entrevista

Tragedia de Barbate: el fiscal general asegura que desconocía el cierre de la unidad que combatía el narco en Andalucía

Álvaro García Ortiz asegura que la Audiencia Nacional es competente para investigar delitos de narcotráfico de bandas organizadas

GRAFCAT9450. L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) (ESPAÑA), 07/02/2024.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, momentos antes de presidir la Junta de Fiscales celebrada este miércoles en la Ciutat de la Justicia de Barcelona,desde donde ha abogado por "armar una unidad de criterio" en la causa de Tsunami Democràtic y la posible investigación al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por terrorismo, en la que el ministerio público todavía no ha tomado una decisión firme...
El fiscal general del Estado, la semana pasada en BarcelonaToni AlbirAgencia EFE

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha remarcado que desconocía la desaparición de la unidad de élite contra el narcotráfico, el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en Andalucía (OCON-Sur), que estaba integrado por 150 agentes y que era una unidad de élite para la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Ha explicado que desde el Ministerio del Interior "no se comunicó a la Fiscalía" esta decisión, a pesar de que así lo recogió en su Memoria de 2022. En el documento se señalaba que la desaparición de esa unidad tuvo como consecuencia una diminución de las incautaciones de droga.

Esta fue su respuesta a Carlos Alsina, en el programa 'Más de uno' de Onda Cero. Allí se le preguntó si consideraba que fue un error eliminar OCON-Sur, conectándolo con la tragedia de Barbate, que se saldó con la muerte de dos guardias civiles al ser arrollados en repetidas ocasiones por una narcolancha, unos hechos que han puesto al ministro Fernando Grande-Marlaska en el blanco de todas las críticas.

Sobre esto, ha subrayado que la Fiscalía "no es un órgano aislado", sino que trabaja todos los días con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y conoce directa o indirectamente lo que hacen, ya que los mandos policiales "trabajan codo a codo" con los fiscales antidroga. "Es un trabajo conjunto que hay que poner en valor conjuntamente. Todo operativo policial tiene un correlato fiscal y después judicial. Solo así funciona una buena cadena, en este caso, una buena cadena de persecución del delito", ha apostillado.

García Ortiz ha calificado de "desahogo de una tragedia" que la fiscal antidroga de Cádiz denuncie falta de medios para combatir al narcotráfico, después de los graves hechos de Barbate. "Hay que reflexionar y ver en qué podemos mejorar todos, por supuesto también la Fiscalía", ha asegurado.

"Que el Gobierno mete mano en asuntos de la fiscalía, quíteselo de la cabeza"

En su intervención ha calificado el problema del narcotráfico como "pluridimensional" y común a toda España. Y ha defendido el Plan Nacional sobre Drogas y su enfoque porque "solo las medidas restrictivas, represivas, no acaban con un problema de salud pública en el que hay factores sociales, económicos, personales y de salud pública en medio de todo". E insistió: "Es común a toda España y el enfoque tiene que ser de todas las administraciones"

Sobre la tragedia de Barbate, ha recordado que la Audiencia Nacional (AN) es competente para perseguir el narcotráfico cuando los hechos delictivos los cometen bandas organizadas en el territorio de más de una fiscalía. Respecto a la propuesta del PP de que la AN asuma los casos graves de crimen organizado y narcotráfico tras lo de Barbate, García Ortiz ha dicho que esto ya lo ha planteado la Fiscalía. "Bienvenidas sean todas las iniciativas que ya hemos, por cierto, dicho y apuntado en la propia Fiscalía General" y ha defendido extenderlo a otros supuestos que revisten mayor gravedad, como el crimen organizado transnacional.

Estas nuevas formas de delincuencia presentan dificultades a la hora de que la Justicia actúe, porque el sistema procesal "no ayuda" a perseguirlas por su sofisticación: se emplean medios y formas que van más allá de las fronteras de un partido judicial, una provincia o una comunidad autónoma y utilizan las redes y todos los medios a su alcance. Y explicó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que data "del siglo XIX, no es el mejor instrumento para hacerlo".

Terrorismo y Puigdemont

Al ser preguntado por la imputación de Carles Puigdemont por delitos de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, aclaró que "como no he participado en ningún aspecto", su función "es que todos trabajen con tranquilidad" y que los fiscales "se expresen con toda libertad" y con el máximo respeto a los fiscales de la Audiencia Nacional. En este tribunal, el juez instructor de la causa, Manuel García-Castellón, y el fiscal, Miguel Ángel Carballo, tienen dos posturas diferentes.

Durante el diálogo, también salió la polémica por el informe que elaboró el fiscal Álvaro Redondo que no apoyaba la imputación de terrorismo, pero después, en una votación, esta imputación sí salió adelante. Al no haber acuerdo entre los fiscales jefe, la que tiene que adoptar una decisión ahora es la teniente fiscal, que ahora se tiene que pronunciar. Sobre si él puede influir en su decisión, explicó que existe una obligación estatutaria de que la teniente fiscal dé cuenta de los hechos relevantes y trascendentes al fiscal general, que debe conocer lo que hace la Fiscalía, pero eso no supone influir en su decisión. "Es la responsabilidad de la teniente fiscal", reiteró.

Es ella quien tiene que decidir tras "la discrepancia entre dos jefes", dos de los cuatro fiscales jefe del Tribunal Supremo, ha aclarado. Y recordó que la Fiscalía no es una institución asamblearia, en alusión a la votación de los fiscales, en la que once frente a cuatro apoyaron la imputación por terrorismo a Puigdemont. "La que tiene que decidir es la teniente fiscal", mientras que él prefiere mantenerse al margen.

También habló de la polémica por el informe de Redondo. "Hay un informe y hay un borrador" dijo. Y aclaró que él desconocía el borrador y subrayó que "el fiscal general no miente ni manipula". Cuando se reunieron, sostuvo que Redondo salió de su despacho con el mismo criterio con el que entró. "Es una insidia decir que yo le he modificado el criterio al señor Redondo" y dice que no entiende por qué se mantienen esas acusaciones.

Durante la entrevista, le preguntaron sobre si él habla de estos asuntos con el Ejecutivo. "Con el Gobierno, no. Yo despacho con el ministro de Justicia porque la Fiscalía tiene una imbricación en el ministerio enorme", ha explicado, ya que no tiene independencia presupuestaria, por lo que hablan " de cosas muy mundanas, a veces de bolígrafos", ha dicho. "Que el Gobierno mete mano en asuntos de la fiscalía, quíteselo de la cabeza", sostuvo.

Informe de la amnistía

La amnistía también salió a colación. García Ortiz respondió sobre los motivos por los que rechazó que el Consejo Fiscal emitiera un informe sobre la amnistía, tal como había solicitado el Senado. "¿Por qué quiere el Senado que la Fiscalía o el Consejo fiscal haga un informe para el que no es competente?", se preguntó. Y repitió: "Cuando un órgano no es competente para hacer un informe, no debe hacerlo".

Además, dijo que no había precedentes. "Si la Fiscalía hiciera ese informe, fíjese usted lo que podría ocurrir", advirtió. Y explicó que la ley no está terminada y no se conoce el contenido de la ley. "Luego tenemos que ir a los tribunales" y consideró que un pronunciamiento respecto de esta norma podría influir en las decisiones de otros fiscales en los tribunales. "Para qué vamos a meter un elemento de distorsión que es una opinión", reflexionó.

Sobre el avance del recuento de las causas que serían amnistiables en Cataluña, ha preferido no dar una cifra aproximada, pero ha elogiado la decisión de haber comenzado con tiempo, porque es una tarea difícil que afecta a causas vivas y a causas archivadas y en pequeños juzgados de toda la comunidad autónoma.

Al ser consultado por las causas a las que se refiere el fiscal Ignacio Stampa, que ha presentado el libro "El complot", en el que acusa a Dolores Delgado, ex fiscal general, y al propio García Ortiz cuando era su número dos, de apartarle para torpedear el "caso Villarejo", dijo que le deseaba suerte en su aventura editorial. Sobre las acusaciones, aseguró que "todos los juicios han continuado" y que en el caso de Villarejo se han juzgado tres piezas y están calificadas hasta siete piezas, "en las que pedimos muchos años de prisión". Descartó que hubiera algún tipo de obstáculo a las investigaciones y recordó que en la fiscalía anticorrupción hay 30 fiscales y "nadie es imprescindible". También sostuvo que nunca ha comido con el comisario José Manuel Villarejo.

Y respondió sobre la posible influencia del Ejecutivo en sus decisiones: "El fiscal general no depende de nadie" porque su nombramiento "le blinda". Y aseguró que todo lo que haga él como fiscal general "es responsabilidad mía".