Los registros efectuados por la UCO la semana pasada en el marco del "caso Koldo" han dado sus frutos. Los agentes han conseguido incautar documentación que relaciona a Santos Cerdán con la empresa clave navarra de las "mordidas" y también los planes de futuro que tenían en mente: pensaba contar con nuevas adjudicaciones por valor de 290 millones de euros.

De esta forma, las entradas en domicilios y empresas del 10 de junio han supuesto un "espaldarazo" a la investigación de la trama que se encuentra en el Tribunal Supremo. No solo se obtuvieron datos importantes del registro de la casa de José Luis Ábalos. También de otros domicilios.

Uno de los inmuebles en los que se consiguieron datos importantes fue en el de Antonio Fernández Menéndez ubicado en Baza (Granada). Los agentes estuvieron en su interior durante seis horas. Este empresario es cuñado de un exdirectivo de Acciona y junto a su hermano tiene una mercantil que se dedica a las obras.

Las licitaciones previstas

En uno de los dormitorios de su domicilio, los guardias civiles localizaron listado de cobros pendientes de la empresa y un expediente de revisión de precios entre los que se encontraba el proyecto de adaptación parcial de la segunda calzada de la autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina.

Sin embargo, el documento importante fue hallado en el comedor. Había un documento de licitaciones previstas por valor de 290 millones de euros. Una declaración de intenciones de los movimientos que podrían haber pensado realizar Koldo García y sus aliados. También guardaba un borrador de la programación del años 2023 de la subdirección General de Infraestructuras.

Este empresario no fue el único que recibió la visita de los agentes de la UCO. La Guardia Civil también accedió al domicilio en Granada de Fernando Merino, ex director de Acciona en Navarra hasta el 2021. Este hombre no estaba en su domicilio y los guardias civiles fueron atendidos por su mujer y una amiga. Cuando llegó este sujeto comenzó el registro que se prolongó durante casi seis horas en Huétor Vega.

Así, los agentes incautaron numerosa documentación relativa a las obras de Acciona. Entre este material había una factura emitida por la sociedad Servinabar durante el ejercicio 2019 a la UTE Ripagaina VPO. Un contrato que corresponde al Gobierno de María Chivite.

Del domicilio de Merino, la Guardia Civil también se llevó los papeles referentes a la UTE Pabellón Navarra Arena. Estos trabajos fueron señalados por los mensajes de WhatsApp que se intercambiaban Koldo García y Santos Cerdán.

El concurso de las obras de la UTE de Ripagaina se remonta precisamente al 2020. Un año después de la factura emitida por la mercantil de Santos Cerdán, que ahora ha sido incautada por la UCO.

Viviendas públicas

Este contrato fue adjudicado en dos lotes por Navarra de Suelo y Vivienda (NASUVINSA). El primero de ellos de 6,8 millones de ellos recayó en Acciona Construcción y Servinabar. Este es el que ahora está bajo el foco de los investigadores del caso Koldo.

Precisamente, hace pocas semanas, la Junta de Portavoces del Parlamento foral aprobó requerir a Comptos la emisión de informes de fiscalización sobre la construcción de 65 VPO en Egüés y 93 VPO en Ripagaina (Nasuvinsa), la reforma del Archivo de Navarra (Departamento de Presidencia) y la adecuación de oficinas en el Navarra Arena (Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física).

Y es que la UCO esgrime en su "informe Cerdán" que el dúo Koldo García y Santos Cerdán comenzaron presuntamente a lucrarse con las "mordidas" en 2015 en Navarra. Así estuvieron supuestamente hasta que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa y José Luis Ábalos accedió a Fomento. Este fue el punto de partido de una expansión de las obras en diferentes puntos de España.

La Guardia Civil también localizó en el registro al domicilio del empresario Antxón Alonso, dueño de Servinabar, una escritura privada de compraventa de participaciones por la que cedía el 45% de esta empresa investigada por la presunta trama de mordidas, a Santos Cerdán. El documento, que ambos firmaron el 1 de junio de 2016, refleja que se transfirieron 1.350 participaciones sociales al exdirigente socialista de las 3.000 que constituyen la sociedad.

De la misma forma, los agentes incautaron 16.180 euros en efectivo que este constructor atesoraba en su vivienda familiar de Elorrio (Vizcaya), además de medio centenar de documentos repartidos en varias estancias de la casa, un teléfono móvil, un ordenador portátil y un pendrive. Localizaron dos facturas emitidas por Noran Corop (una corporativa que Antxón y Koldo García constituyeron en 2015) a Servinabar, cada una de las cuáles reflejaba la misma cuantía de 79.678,50 euros. Del mismo modo, y según se desprende del acta de los registros a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, también se llevaron libretas manuscritas.