La UCO constata "la situación privilegiada" de Aldama por sus contactos con el Gobierno

La Guardia Civil apunta ya a una "situación privilegiada" para Víctor Aldama por sus presuntos vínculos con Moncloa. La misma semana que el conseguidor vuelve a amenazar con sacar papeles que, según dice, afectarían al presidente del Ejecutivo, el sumario de la "trama del fuel" apunta a sus "contactos con el Gobierno".

La UCO, que ya constató que el empresario tenía un "pase especial" en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, habla ahora de lazos con el Ejecutivo. De hecho, apela a estos presuntos vínculos para justificar los motivos por los que Claudio Rivas, su socio en esta trama de corrupción, se acercó a él. Del sumario del procedimiento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se desprende que el dueño de Villafuel, la mercantil clave de la red, le instó a que buscara una reunión con el Gobierno para conseguir la licencia de operadora de hidrocarburos.

Los investigadores se apoyan no solo en los documentos incautados a la trama, sino también en el testimonio de Carmen Pano. La empresaria, que confesó haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE, desveló con todo lujo de detalles ante la Guardia Civil en diciembre cómo se fueron gestando estas reuniones con el Ministerio de Industria. En concreto, explicó que Aldama le dijo en 2020 -mismo año en que se anotaron los millonarios contratos de pandemia- que había empezado a planear reuniones en el departamento que entonces dirigía Reyes Maroto.

Maroto y Ribera, las ministras salpicadas

La cita tuvo lugar en enero de 2021 y a la misma acudieron, entre otros, la propia Pano, Claudio Rivas, y Koldo García, exasesor de Ábalos. Allí les recibió Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la entonces ministra. Terminado el encuentro, Bidart les trasladó que cuando tuvieran toda la documentación la presentaran telemáticamente y que le dieran una copia a Koldo García quien, pese a no tener ningún vínculo ni cometido con este departamento, se la haría llegar.

Una vez reunida la documental, la presunta organización criminal la presentó en el Ministerio de Transición Ecológica, aún a sabiendas de que no cumplían con los requisitos exigidos para conseguir la licencia. La Guardia Civil destaca al respecto que en esta gestión buscaron que Aldama impulsara un "canal abierto" a través de Koldo García para que éste, a su vez, hiciera las veces de interlocutor con el Ministerio.

Pero la mediación no salió gratis. El conseguidor habló de "contraprestaciones" y, en concreto, de la presunta intención de Ábalos para que la trama le comprara una casa vacacional en La Alcaidesa. La misma se adquirió a través de la mercantil Have Got Time por un importe total de 585.000 euros. La firma, de la que es administradora la hija de Pano, se creó en pleno proceso de obtención de la licencia en 2021 y, en apenas dos años, acumuló una deuda con Hacienda de 49 millones de euros.

La "estrategia" de Aldama

Los planes de la presunta organización criminal se truncaron tras el fulminante cese de Ábalos. La UCO destaca al respecto que su salida del Ministerio y, por tanto, la pérdida de influencia que buscaban para lograr la licencia, les hizo cambiar de "estrategia". De hecho, resolvieron el contrato de alquiler de la casa gaditana dejando patente que, una vez terminado su ciclo en el Ejecutivo, las relaciones se cortaban.

En esta segunda etapa impulsaron transacciones entre las empresas de la trama para capitalizarla y solventar los problemas financieros que impedían la obtención de la licencia. Finalmente, el Ministerio de Teresa Ribera habilitó a Villafuel el 15 de septiembre de 2020. En su querella inicial, la Fiscalía Anticorrupción precisó que la misma se otorgó sin cumplir "aparentemente" los requisitos financieros que la normativa exige.

Es más, el Ministerio Público sostiene que no se hubiera podido llevar a cabo "la operación fraudulenta" que salpica a tres Ministerios si no hubiera conseguido la licencia del Ejecutivo. La Agencia Tributaria detectó un fraude que asciende a 182 millones de euros en apenas dos años. El mecanismo consistió en simular la venta de fuel a empresas interpuestas si bien, en realidad, el petróleo se suministraba directamente a los clientes finales, de forma que se ahorraban las cuotas de IVA correspondientes a dicha actividad.

Los beneficios irregulares obtenidos se ocultaron al fisco y se desviaron al extranjero a través de sociedades pantalla. Hasta el momento, la Guardia Civil ha detectado transferencias al extranjero por un importe cercano a los 74 millones de euros. De ellos, 68 millones se canalizaron en Portugal; 4,6 millones en China y 646.000 euros en Colombia. Del mismo modo se han detectado movimiento de fondos en Luxemburgo y en Suiza, país donde María Luisa Rivas abrió cuentas bancarias a nombre de sus hijos menores. Parte de los millonarios beneficios retornaron a España mediante operativas de blanqueo de capitales que la UCO sigue investigando.