Urdangarín rechaza la fianza porque no causó perjuicio económico alguno

Ni ha cometido delito alguno ni ha ocasionado ningún perjuicio patrimonial a la Administración. Como adelantaba hoy LA RAZÓN, con estos argumentos el abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, se ha opuesto a que el juez José Castro, instructor del «caso Nóos», imponga a su cliente una fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros, como reclaman para el yerno del Rey y su ex socio Diego Torres tanto la Fiscalía como el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular. Ha asegurado que los contratos eran correctos y que el papel de su cliente en el Instituto Nóos era únicamente "representativo".

Además, según Vives, la relación entre el Duque de Palma y su exsocio Diego Torres, es actualmente "inexistente"y ha expresado su confianza en la Justicia. Asimismo, ha señalado que no le consta que haya un comprador para el palacete que los duques de Palma poseen en Barcelona, y que ha sido puesto a la venta. Así lo ha asegurado el abogado en declaraciones a los periodistas a la puerta de su despacho de Barcelona, después de que el juez de Palma que investiga el caso, José Castro, haya dado de plazo hasta este martes a las 15 horas para que las partes presenten sus alegaciones contra la fianza civil dirigida a asegurar las responsabilidad económicas que se puedan derivar del proceso abierto por el presunto desvío de fondos de Nóos.

En el escrito alega también que su patrocinado no ha percibido "cantidad alguna"de los convenios rubricados por el Instituto Nóos con Baleares y la Comunidad Valenciana.

En su extenso escrito el abogado Mario Pascual Vives asevera que en la actuación de Urdangarin al frente de Nóos no hay "ningún tipo de ilicitud penal"como tampoco "ha cometido delito alguno"en el marco de su intervención al frente de Nóos, del que fue presidente entre 2004 y 2006.

Es más, recalca que tampoco sus actuaciones han generado "daño o lesión patrimonial de ninguna clase", dado que se limitó, "única y estrictamente, a cumplir lo acordado en virtud de una relación contractual válidamente contraída y concertada".

CUMPLIÓ LOS CONVENIOS

Según las mismas fuentes el letrado ha sostenido que Urdangarín se limitó a cumplir lo acordado con los Gobiernos balear y valenciano (la organización de cinco foros sobre deporte y turismo entre 2004 y 2006) a través de una fórmula, los convenios de colaboración, que considera ajustada a Derecho. Por este motivo, defiende que el magistrado no debe imponer fianza civil alguna al duque de Palma. Ni 8,2 millones ni ninguna otra cantidad.

LOS BENEFICIOS DE NÓOS

Al parecer, la defensa de Urdangarín cuestiona las principales conclusiones de las acusaciones para sustentar la adopción de la medida. Así pues, insiste en que a una sociedad sin ánimo de lucro como el Instituto Nóos (que presidió el duque de Palma entre septiembre de 2003 y marzo de 2006, cuando la Casa del Rey le instó a alejarse de la asociación) no le están vedadas las actividades profesionales que generen beneficios, siempre y cuando éstos se destinen a los fines que le son propios. Es decir, que no se puede criminalizar el superávit del Instituto Nóos ni coartar su derecho a subcontratar sus servicios.

HASTA MARZO DE 2006

Pese a que Anticorrupción mantiene que Urdangarín siguió vinculado al Instituto después de la intervención de la Casa del Rey, la defensa cree que no se pueden imputar a Urdangarín hechos relacionados con Nóos posteriores a esa fecha. Por eso se insistiría en que las funciones del duque de Palma eran meramente representativas y que era Diego Torres quien tomaba las decisiones y firmaba los convenios, por lo que no entiende que se les quiera hacer responsables en la misma medida y exigir a ambos, en consecuencia, idéntica fianza.

Según el abogado, no es lógico que se imputen al marido de la Infanta Cristina hechos en los que, hace hincapié, no intervino ni conoció porque estaban al margen de sus funciones o ya había abandonado el cargo cuando se adoptaron.

DELIRIUM TREMENS

Para la defensa de Urdangarín es la Administración pública la que decide las formas de contratación por lo que, sea o no correcta la fórmula de los convenios de colaboración (según la Fiscalía debería haberse optado por un concurso) esa controversia debería ceñirse al ámbito administrativo, y no al penal. Y del mismo modo se subraya que la Administración nunca exigió responsabilidades por la organización de los eventos sino que renovaron la colaboración con Nóos al estar satisfechas las respectivas entidades de los resultados obtenidos. La defensa no entiende que la misma Administración que eligió los medios de colaboración con Nóos sea la que, ahora, se persone como acusación en el procedimiento (como sucede en el caso del Gobierno balear).

SIMPLE IRREGULARIDAD

Y es que para el abogado de Urdangarín en esos convenios no mediaron resoluciones administrativas, como sostiene el Ministerio Fiscal, sino que se trató de negocios jurídicos de derecho privado ajustados a la legalidad. Por lo tanto, añade, en el peor de los casos se trataría de meras irregularidades administrativas y no de conductas reprobables penalmente que exigirían una respuesta, en su caso, administrativa.

La defensa del duque de Palma mantiene que las contraprestaciones de Nóos estaban tasadas de antemano por las Administraciones y que no puede hacerse responsable a Nóos de haber organizado los congresos tal y como se le pidió sin costes añadidos a los pactados. Y, a sensu contrario, incluso ironiza preguntándose que pasaría si hubiese que abrir una causa penal poca cada contrato administrativo en el que no se hayan cumplido los plazos o se sobrepasase el plazo pactado

NINGUNA FIANZA

La argumentación abunda en el rechazo de que de la investigación se hayan desprendido indicios racionales de criminalidad contra Urdangarín, por lo que no podría aparejarse ninguna responsabilidad civil. El letrado aprovecha para reprochar a las acusaciones que, por un lado, reconozcan que se ejecutaron los polémicos convenios y, por otro, reclamen la imposición de una fianza de responsabilidad civil por la cuantía de la propia actividad que se llevó a cabo.

NO FIRMÓ NADA

Urdangarín jamás firmó documento alguno con la Administración, dice su abogado, quien recuerda que en Noos Consultoría el duque de Palma ostentaba el 50% del capital social pero el administrador único era Diego Torres. Y reprocha a la Fiscalía que se quiera hacer responsable a su cliente de todas las actividades de los integrantes de las sociedades en las que participó, lo que le parece inadmisible. Pascual Vives no entiende que si los convenios se cumplieron, con el presupuesto acordado, se quiera imponer ahora a Urdangarín una fianza de idéntica cuantía a los fondos ingresados.

IDEAS ÚTILES

Urdangarín, defiende su abogado, se limitó a proponerUrdangarín en una imagen de archivo en Washington

unas ideas útiles en beneficio de la Comunidad balear, con una gestión que califica de exitosa y sin cobrar más de lo presupuestado. Y en consecuencia se pregunta dónde está la actividad delictiva.

Abogado de Torres

Por otro lado, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, Torres, a través de su abogado, Manuel González Peeters, también ha presentado sus alegaciones contra la fianza en un escrito de 19 páginas. Tras la presentación de los escritos, el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma decidirá si acuerda imponer esta medida cautelar y, en todo caso, en qué cuantía, algo que, previsiblemente, no hará ni esta semana ni la próximas, según fuentes judiciales.

En caso de que finalmente el juez confirme que deben pagar la fianza, deberán pagarla de forma conjunta y solidaria ambos imputados, lo que significa que cada uno podrá abonar de forma desigual su parte, o que sólo uno de ellos haga frente a la cantidad global, siempre que se asegure que serán depositados los 8,2 millones.

«No habrá oferta de pacto»

«Por parte de la Fiscalía no habrá oferta de oferta de conformidad», «No hay ningún propósito de llegar a ningún acuerdo de conformidad», al menos en estos momentos, con los imputados del «caso Nóos», entre ellos el duque de Palma, Iñaki Urdangarín. Así de claro lo dejó ayer el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, durante una entrevista concedida al programa «Espejo Público» de Antena 3 Televisión, quien añadió, además, que cualquier sospecha de negociación al respecto es «lo que más puede dañar a la imagen de la Corona».

Sobre esta cuestión, incidió en que por parte de la Fiscalía «no hay ningún propósito» de llegar a ninguna conformidad, aunque esta propuesta provenga de las defensas de los acusados. F. Velasco