Los vaivenes de la amnistía en el Congreso torpedean el informe que el CGPJ llevará al Senado

Los inesperados giros de guion vistos esta semana en la tramitación de la ley de amnistía no dejan indiferente a nadie, pero afecta a unos más que a otros. Es el caso de los vocales que están redactando el informe que el Senado ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del que apenas han trascendido detalles. Se confirma que va a ser un informe con numerosas páginas y con un contenido que incluya reflexiones jurídicas de valor y argumentos sólidos. El trabajo es arduo e intenso, pero ahora se prevé que se extienda más de lo previsto si los cambios en la tramitación de la proposición continúan en el Congreso de los Diputados.

La comisión permanente del CGPJ confió a los vocales Wenceslao Olea y Mar Cabrejas la ponencia del dictamen. Según fuentes cercanas, cuentan con un equipo de varios letrados que están desarrollando una labor de revisión de derecho histórico español, de derecho comparado, monografías, tesis doctorales y estudios doctrinales, aunque estos son menos. Todo ello con el objetivo de presentar un informe sólido y riguroso y, sobre todo, que atienda a «razones y no a opiniones», indican esas mismas fuentes.

Pero la incertidumbre es un factor distorsionador para quienes lideran este trabajo. En un principio, por temas de agenda, se proyectó que su contenido se podría aprobar en el Pleno ordinario de finales de febrero. Pero tras conocerse el rechazo de las enmiendas por parte de Junts el pasado martes y que la proposición volverá, en principio, a la comisión de Justicia de la Cámara Baja, se estima que esté listo para ser aprobado en el Pleno ordinario de marzo, un mes más tarde. Aunque también el presidente del consejo, Vicente Guilarte, o bien un grupo de vocales puede solicitar la celebración de un Pleno extraordinario para agilizar el visto bueno al texto que los dos vocales encargados hayan propuesto.

La dificultad está dada por que no se sabe cómo saldrá la proposición del Congreso ni el texto que finalmente llegará al Senado. Si cambia mucho, el informe tendrá que volver a la «casilla de salida». Y, por otra parte, dados los continuos vaivenes de la norma que pretende amnistiar los delitos del «procés» y, especialmente, de su líder, Carles Puigdemont, tampoco se descarta un final absolutamente inesperado, aunque no imposible: que no se apruebe la polémica ley de amnistía.

En cuanto al alcance del informe que se llevará al Senado, es casi seguro que será muy extenso. Pero en las últimas tres o cuatro páginas se compilarán algunas conclusiones con las claves del análisis jurídico para facilitar la comprensión de los senadores, aunque lo recomendable será leerlo detenidamente.

Para contar con un documento que sea incuestionable técnicamente, se ha pedido que no se impongan condiciones como límites de plazos. De ahí que hace poco el CGPJ solicitara al presidente del Senado, Pedro Rollán, que flexibilizara la fecha de entrega, ya que la revisión documental es exhaustiva y los vocales también deben atender otras responsabilidades profesionales.

Dados los cambios inimaginables hace unos días en la tramitación, cuando se concretaron las amenazas que los socios de Gobierno el martes en el Pleno del Congreso, parece claro que en la ley de amnistía cualquier final es posible. Con el calendario en la mano, es difícil planificar que el informe esté consensuado y aprobado antes de fines de marzo, ya que se debe tener como referencia la norma que salga de la Cámara Baja, una vez se hayan pactado todas las enmiendas que introduzcan unos y otros y que se concreten los acuerdos para ampliar el ámbito de acción de la amnistía. Los cambios de último minuto que se han visto esta semana entrañan una dificultad adicional para los ponentes del CGPJ que tienen la responsabilidad y el compromiso de emitir un dictamen técnicamente sólido y cuidado al detalle.