El «caso Koldo» no habría sido posible sin un primer escenario, el ministerio de Transportes, y sin sus actores principales: Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, entonces titular de dicha cartera; Juan Carlos Cueto, cerebro empresarial; y Víctor de Aldama, el comisionista que no solo contaba con un entramado societario puesto al servicio de la trama, sino que también aportó contactos de valor, como los que tenía con el grupo Globalia, propietario de Air Europa. Según el sumario de la Audiencia Nacional (AN), Aldama tenía un «pase especial» en Transportes. Allí se formalizaron las dos primeras adjudicaciones en menos de una semana. La primera de ellas, con Puertos del Estado, y la segunda, con Adif.

Aficionado a los coches deportivos y de lujo –a través de dos sociedades disponía de dos Ferrari y dos Land Rover y un Audi, entre otros–, los primeros contactos con Ábalos de los que se tiene constancia datan de octubre de 2018, cuando la cuenta de la red social «X» del Zamora CF publicaba una imagen del ministro socialista luciendo una camiseta del club del que Aldama es propietario. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló que de esto se podía inferir que la relación era «lo suficientemente cercana».

Más tarde, en diciembre, Ábalos realizó un viaje oficial a México junto a Koldo García. Allí se encontraron con Víctor de Aldama, que entonces ejercía como cónsul honorario del estado de Oaxaca. Hay imágenes de los tres sentados juntos en una reunión oficial con las autoridades locales. Los informes policiales que a partir de entonces se forjó una relación, al menos, de carácter laboral entre Koldo y Aldama, muy estrecha por entonces. Junto a Cueto, dueño del grupo al que pertenecía Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, la sociedad adjudicataria de los nueve contratos por importe de 53 millones de euros de dinero público, configuraron una tríada que utilizaron distintas empresas, muchas de ellas sin apenas actividad ni ingresos, para cobrar comisiones ilegales a partir de las adjudicaciones.

En un documento emitido por Puertos del Estado un día antes de que se formalizara el primer contrato por el procedimiento de emergencia y sin publicidad con Soluciones de Gestión –empresa que tenía una experiencia nula como proveedora del sector público–, se señalaba que «el ministro, como autoridad delegada, ordenó la adquisición centralizada de un máximo de 8.000.000 de mascarillas de protección FFP2 por parte de Puertos del Estado». Al día siguiente, se dio el visto bueno a la adjudicación por 20 millones de euros.

En un auto se indica que Aldama tuvo conocimiento previo de las necesidades del Ministerio de Transportes y de sus entes dependientes de adquirir material sanitario. Asimismo, se señala que fue él quien presentó la oferta de la empresa adjudicataria Soluciones de Gestión. «La selección de Soluciones de Gestión fue adoptada en el seno del Mitma», recalca. El empresario y comisionista movió sus hilos para que Air Europa sirviera de transporte de parte de las mascarillas que colocaron en Interior, Sanidad y los gobiernos de Baleares y Canarias.

Las cuentas de la mujer de Aldama

El juez de la Audiencia Nacional (AN) rechazó el recurso de apelación en la que la mujer de Víctor de Aldama, Patricia Ramos, solicitaba el desbloqueo de sus cuentas. El magistrado Ismael Moreno señala en el auto que su decisión se basa en los indicios de instrumentalización por parte de su marido de esas cuentas en el marco de las actuaciones delictivas por las que está siendo investigado.

Según la sección segunda de la Sala de lo Penal, existen elementos que apuntan a que Aldama pudo «cometer delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias en relación con los contratos de emergencia formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional», informa EFE. Y añade que el comisionista habría utilizado esas dos cuentas ahora bloqueadas para cometer los delitos con los que obtuvo un beneficio económico de 5,5 millones de euros. La Sala quiere evitar una posible sustracción de bienes.