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Vox, tras los pasos de la Liga Norte

Casado califica la propuesta como propia de un partido «que no puede gobernar niuna concejalía».

Abascal ha reconocido que tiene licencia de armas tipo B de autodefensa, que le permite llevar armas cortas. Foto: Alberto R. Roldán
Abascal ha reconocido que tiene licencia de armas tipo B de autodefensa, que le permite llevar armas cortas. Foto: Alberto R. Roldánlarazon

Casado califica la propuesta como propia de un partido «que no puede gobernar niuna concejalía».

A. Rojo - La propuesta de Vox de relajar las restricciones para la tenencia de armas en nuestro país y ampliar el concepto penal de legítima defensa ha desatado un aluvión de críticas por parte del resto de fuerzas políticas y por los principales sindicatos policiales, que temen la importación del modelo estadounidense en este controvertido tema. Sin embargo, la inspiración de esta propuesta de Vox no viene de los Estados Unidos de Trump sino de la derecha populista italiana de Matteo Salvini. En efecto, esta iniciativa que el partido de Abascal trae a España sigue casi al pie de la letra una reivindicación histórica de la derecha italiana que Berlusconi intentó sacar adelante hace 10 años y que, con La Liga en el poder, Salvini está convirtiendo ahora en ley. Se trata de un cambio legislativo por el cual no sería delito disparar contra un agresor o un ladrón que entra en un domicilio con intención de robar. En estos momentos la nueva legislación italiana ha pasado ya por la Cámara Baja y está a la espera de recibir el visto bueno del Senado. Poco puede sorprender que el propio Santiago Abascal celebrara en Twitter la iniciativa de Salvini, que describió como «un acierto político para reconocer el derecho a defender nuestro hogar».

En concreto, la propuesta de Abascal, desvelada en una entrevista concedida al portal especializado «armas.es», aboga por un «cambio radical y urgente de la ley» para que todos los españoles sin antecedentes penales «puedan tener un arma en casa» y para que puedan utilizarla «en situaciones de amenaza real» sin tener que enfrentarse por ello a un «infierno judicial».

Pablo Casado calificó la propuesta de Vox de «llevar armas por la calle» de poco seria y propia de un partido «que no sabe gobernar una concejalía». Para Ciudadanos la propuesta equivale a volver al «lejano oeste». Francisco de la Torre, miembro de la ejecutiva del partido de Rivera, escribió en Twitter: «Las armas las carga el diablo y las disparan los gilipollas. Hoy las quieren repartir los locos». La reacción por parte del Gobierno llegó de Isabel Celáa, titular de Educación: «Es muy insensato, nosotros no queremos armas, no queremos de ninguna de las maneras parecernos a Estados Unidos en ese aspecto», subrayó. Pero quizá la más significativa de las críticas es la de los sindicatos SUP y CEP, mayoritarios en la Policía Nacional, precisamente por venir desde fuera del juego político. Portavoces de ambos sindicatos dijeron que el control de armas en nuestro país es adecuado y que no debe seguirse la línea de países como Italia y Estados Unidos.

A diferencia de la Constitución de Estados Unidos, la española de 1978 no reconoce como tal ningún derecho a portar armas. En el artículo 149.26 establece que es el Estado (no las Comunidades Autónomas) el que tiene «competencia exclusiva sobre la producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos». El Estado concede diferentes tipos de licencias de armas siendo las destinadas a la defensa personal las de tipo B. Actualmente solo hay concedidas 8.048 licencias de este tipo siendo la inmensa mayoría de las licencias existentes (2.900.000) las relacionadas con la caza y el coleccionismo. En cuanto a las licencias de tipo B, nuestra legislación es actualmente de las más restrictivas que existen en países de nuestro entorno. La Guardia Civil explica que la expedición de este tipo de licencias tiene «carácter restrictivo» y se limita a «supuestos de especial riesgo». «La razón de la defensa de personas y bienes, por sí sola, no justifica la concesión de la licencia B», advierte el Instituto Armado en su página web.

Pablo Nuevo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Abat Oliba de Barcelona, cree que Vox «se ha pasado de frenada» con esta propuesta pero que llevarla a cabo no supondría problemas jurídicos ya que se trataría de un cambio legislativo normal. A la hora de reformar la legítima defensa para que no tenga obligatoriamente que ser proporcional la violencia entre el atacante y el defensor habría que llevar a cabo un cambio en el Código Penal.