¿Y ahora qué hacemos con el PSC?: la gestora no tiene potestad para romper

La consumación del desafío del PSC de incumplir el mandato del Comité Federal de abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy, escenificada el sábado con los siete «noes» de los diputados catalanes al candidato popular, ha tensado sobremanera las relaciones con el PSOE. Las amenazas de ruptura han sido incesantes desde que anunciaron que no se moverían del veto al PP y alcanzaron su punto álgido con la resolución alternativa del Consell Nacional, que contravenía y deslegitimaba la aprobada por el máximo órgano entre congresos. Tras materializarse la desobediencia en la investidura, el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, reiteraba que es «absolutamente imprescindible» una «revisión» del vínculo que une a los dos partidos hermanos. Una actitud que comparten varias de las federaciones más poderosas del partido, que entienden que este desacato debe tener consecuencias. En este punto cabe, por tanto, preguntarse qué capacidad tiene la dirección interina para promover el fin de este nexo de unión.

Según la resolución del Comité Federal que aprobó su puesta en marcha, la comisión gestora «desarrollará funciones ejecutivas hasta la celebración del Congreso Federal Extraordinario del PSOE, en el cual será elegida una nueva comisión ejecutiva». Las tareas principales que se encomendaron a la dirección de Javier Fernández eran fijar la posición del partido ante una eventual investidura de Mariano Rajoy –ya cumplida– y dirigir a la formación hasta el citado congreso, pilotando su convocatoria. Una convocatoria para la que «aún no hay fecha» y que se dilatará en el tiempo para que el trabajo parlamentario del PSOE contribuya a borrar el amargo recuerdo de la abstención entre los militantes. La regulación estatutaria de este órgano interino se recoge ambiguamente en el artículo 70 de la normativa interna del PSOE y en ella se remite a la citada resolución para establecer tanto las funciones como el plazo de su vigencia.

Aunque la gestora tenga «funciones ejecutivas», fuentes del aparato socialista consultadas por LA RAZÓN reconocen que, debido a su interinidad, «no puede extralimitarse en su ejercicio ni tomar decisiones que comprometan a la dirección que salga del congreso». Si bien sus funciones son las propias de una Ejecutiva, se «autocensuran» en sus decisiones para no interferir en el normal funcionamiento del partido. Estas mismas fuentes asumen que una decisión de tal calado no puede adoptarse por una gestora. Otras van mas allá y entienden que ni siquiera una Ejecutiva. «El cambio de relación entre el PSOE y el PSC debe decidirlo un Congreso Federal», afirman y añaden que «esto también daría tiempo para establecer un nuevo marco con un debate sosegado». Las fuentes de Ferraz consultadas restan credibilidad al escenario de ruptura y señalan que «se está jugando al enésimo órdago». «No hay un mandato de un secretario general que no haya tenido su rifirrafe con el PSC», argumentan como si el conflicto fuera algo intrínseco a su relación. De este modo se resuelve que nunca «va a llegar la sangre al río, porque no interesa abrir otro frente de división, en un partido ya de por sí fracturado tras la dimisión de Sánchez y la abstención». Además, se apunta a las «malas perspectivas electorales» que se cosecharían en Cataluña si se instigase el divorcio. Por ello, y según las citadas fuentes, la gestora no tiene previsto iniciar por el momento ningún trámite para la «desconexión» e imponen «tranquilidad y cautela» para estudiar las posibles consecuencias.

Si fuentes oficialistas descartan que la gestora pueda promover la ruptura con el PSC, más vehementes se muestran los críticos otrora «pedristas». Fuentes de la depuesta Ejecutiva señalan que ven a la nueva dirección «trazas de gobierno militar» y consideran que «han entrado en una guerra de legitimidades». Para éstos, el mandato del Comité Federal se centraba en «la investidura y el congreso» y sus atribuciones se limitan únicamente a «gestionar la disyuntiva inmediata». Entienden, por tanto, que «no tiene legitimidad para hacer cambios estructurales» y que sólo en un futuro congreso se podría tomar una decisión de tamaña trascendencia. La convocatoria del mismo «debería haberse realizado de forma inmediata». «Roza la ilegalidad que lo posterguen sine die», se quejan.