Vivienda
El Concello de Santiago de Compostela plantea una medida "extrema" para "forzar" la salida al mercado de las viviendas vacías
El Gobierno local estudia un cambio fiscal que elevaría drásticamente la carga impositiva de los pisos desocupados, mientras la oposición aboga por bonificar a quienes los alquilen a precios asequibles
Santiago de Compostela vive un intenso pulso político por el futuro de sus viviendas vacías. El equipo de Goretti Sanmartín ha anunciado que presentará en los próximos plenos una reforma fiscal que elevaría entre un 50 % y un 150 % el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las casas deshabitadas, una medida que busca desincentivar la especulación y obligar a los propietarios a sacar al mercado los pisos que hoy permanecen cerrados en el casco histórico y barrios periféricos.
El portavoz del Partido Popular local, Borja Verea, ha cargado contra lo que califica de “receta única” del BNG: más impuestos y menos soluciones. Por su parte, ha defendido que, en lugar de castigar con tasas, debería premiarse a quien sí alquila. “¿Por qué no bajamos el IBI a los propietarios que destinen su vivienda a alquiler asequible o por contratos de larga duración?”, ha planteado, apostando por incentivos fiscales frente a lo que considera “sanciones sin alternativa”.
Verea ha desgranado su propio paquete de medidas: reducción significativa del IBI para quien acredite alquiler a precio asequible, subvenciones a la rehabilitación a cambio de destinar el piso al alquiler durante al menos diez años, creación de un banco público de vivienda vacía con garantía municipal de rentas o conversión de locales comerciales que llevan más de veinte años vacíos en pisos. Además, ha reclamado agilizar licencias de obra y fomentar viviendas colaborativas para mayores con servicios compartidos, todo dentro de un catálogo de más de cuatrocientas iniciativas que el PP ha presentado en este mandato.
El líder popular ha cargado también contra la “improvisación” del Gobierno local, asegurando que subir el IBI en zonas rurales o barrios con poca demanda solo conseguirá “penalizar a quien no puede encontrar comprador ni inquilino”. Ha propuesto, como contrapartida, bonificar suelo público para vivienda 100 % pública y ha calculado que, con ese modelo, un piso de 80 metros cuadrados costaría 100.000 euros en lugar de los 200.000 que, a su juicio, prevé el equipo de Sanmartín.