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Santiago de Compostela

Condenado en Santiago a dos años de cárcel por abuso sexual un conductor de ambulancia que no ingresará en prisión

La sentencia, que impone dos años de prisión suspendida, incluye además una indemnización económica, una multa y la inhabilitación para ejercer actividades con contacto directo con menores

Ambulancia del 061 de Galicia. EUROPAPRESS

El juzgado de lo penal número 2 de Santiago ha dictado una sentencia condenatoria contra un conductor de ambulancia por dos delitos de abuso sexual cometidos contra un joven. El fallo impone una pena de dos años de prisión suspendida, además de establecer una indemnización significativa para la víctima. La resolución judicial incluye una multa y la inhabilitación especial para desempeñar actividades con contacto directo con menores de edad, protegiendo así a posibles víctimas futuras.

Según los hechos probados, el primer episodio ocurrió cuando el joven, menor de edad y con un 52% de discapacidad, acudió a un centro médico por una dolencia. El acusado, aprovechando su posición profesional, accedió al box donde se encontraba el paciente, cerró las cortinas y realizó tocamientos no consentidos, iniciando en el vientre y descendiendo hasta la zona genital, por debajo de la ropa interior.

Un segundo episodio se documentó cuando el conductor convenció al joven para subir a la ambulancia. Durante una conversación, inició caricias por la espalda que progresivamente se acercaron a la zona de las nalgas, constituyendo otro acto de abuso sexual.

Podrá pagar la multa a plazos

El tribunal ha establecido medidas de protección que incluyen la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros del denunciante, su domicilio o centro de trabajo. Adicionalmente, se prohíbe cualquier tipo de comunicación entre el agresor y la víctima. Además, la sentencia contempla el pago de 5.000 euros por cada delito de abuso, con la posibilidad de un pago fraccionado en cuotas mensuales de 100 euros. La multa se ha fijado en 21 meses con una cuota diaria de 4 euros.

El fallo judicial enfatiza la protección de una persona vulnerable, combinando medidas económicas, penales y laborales. El objetivo primordial es reparar el daño moral sufrido y garantizar la seguridad física y emocional del joven con discapacidad. La suspensión de la pena queda condicionada a no cometer nuevos delitos durante dos años y al cumplimiento estricto de las penas accesorias impuestas.