La Xunta de Galicia ha anunciado que acudirá a los tribunales para impugnar la decisión del Gobierno central de no iniciar un procedimiento de responsabilidad ambiental por el vertido de pélets que afectó a la costa gallega entre diciembre de 2023 y los primeros meses de 2024.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, explicó este martes en el Parlamento que ya se ha remitido un requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa dirigido a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

La responsable autonómica acusa al Ejecutivo central de “eludir su responsabilidad” en un caso de daño ambiental evidente y recuerda que el operativo desplegado por la Xunta afectó a más de 630 playas de 66 ayuntamientos costeros, con un coste total de 2,5 millones de euros sufragado con fondos autonómicos.

El vertido se originó tras la pérdida de un contenedor cargado de microplásticos por parte del buque mercante Toconao frente a la costa portuguesa. Desde entonces, la Xunta asumió el control del operativo de limpieza en el litoral gallego, mientras reclamaba al Estado que activase los mecanismos previstos por la legislación para depurar responsabilidades e impulsar la recuperación de los costes.

Además de activar el procedimiento judicial, Ángeles Vázquez acusó a la oposición gallega de haber empleado el caso durante la campaña electoral e ignorarlo ahora: “Se les olvidó la crisis de los pélets; su única preocupación era ganar unas elecciones”, afirmó en alusión a BNG y PSdeG.

Un nuevo modelo de litoral

Junto con el anuncio de la vía judicial, la conselleira defendió ante el pleno del Parlamento gallego la necesidad de articular un gran pacto de país por el litoral, apelando a la colaboración de instituciones, empresas, asociaciones, universidades y fuerzas políticas para convertir la costa gallega en un referente europeo en gobernanza sostenible.

Ese pacto tendrá como marco la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia (Loxilga), una normativa pionera que ya ha servido de modelo para otras comunidades como Valencia, Andalucía, Euskadi, Cantabria o Baleares. Tras recibir el aval unánime del Tribunal Constitucional, Galicia ejerce ahora plenas competencias sobre la ordenación de su costa, sin necesidad de nuevas transferencias del Estado.

La Loxilga busca equilibrar protección ambiental, desarrollo económico y cohesión social en los espacios costeros, facilitando además la adaptación al cambio climático y aportando seguridad jurídica a todos los agentes implicados.

Simplificación y gestión eficiente

Desde el pasado 1 de julio, Galicia ha implantado un formulario único y digital para todos los trámites relacionados con el dominio público marítimo-terrestre, reduciendo los cinco impresos en papel exigidos previamente por el Estado. Además, se ha activado el canal informativo Galicia Litoral, accesible desde la web de la consellería y el número 012.

La Xunta ha recibido ya unos 500 expedientes de autorización y concesión procedentes de la Administración central, y se espera otro lote en los próximos días. Muchos de ellos, según denunció la conselleira, deberían haberse resuelto antes de su traspaso, lo que ha obligado a los técnicos gallegos a trabajar contrarreloj. Para garantizar la calidad y agilidad del servicio, el Gobierno gallego reforzará su estructura administrativa.

Planificación y futuro

Además del Registro del Litoral, donde constarán todas las autorizaciones vigentes, la Xunta trabaja en iniciativas como un concurso de ideas para diseñar chiringuitos biosostenibles; la red gallega de sendas litorales y de alojamientos turísticos; o un plan de recuperación del patrimonio costero de valor histórico o arquitectónico.

A todo ello se suma la cumbre de municipios costeros gallegos, prevista para septiembre, y otra futura con comunidades autónomas con litoral para avanzar en cogobernanza interterritorial.