En 2024, la Unidad de Policía Nacional Adscrita (UPA) brindó vigilancia y protección a 649 mujeres víctimas de esta lacra, según recoge su informe anual. Esta cifra supone un incremento del 10% con respecto al año anterior y refleja la compleja realidad a la que se enfrentan los agentes en su labor diaria.

Del total de mujeres atendidas, 355 continuaban bajo protección activa al cierre del año, mientras que 227 salieron del sistema tras cesar las circunstancias de riesgo y 67 fueron transferidas a otros cuerpos de seguridad tras cambiar de domicilio. Por jefaturas, Vigo concentró el mayor número de casos (219), seguida de A Coruña (201), Santiago (85), Lugo (64), Ourense (45) y Pontevedra (35).

La UPA asumió esta competencia en septiembre de 2016, tras un acuerdo con la Jefatura Superior de Policía de Galicia que permitió integrar el punto de coordinación de órdenes de protección en el sistema Vioxén, el protocolo estatal para el seguimiento de los casos de violencia de género. Desde entonces, los agentes han recibido formación específica para garantizar una intervención adecuada y sensible.

Las funciones de la unidad van más allá de la mera vigilancia. Incluyen la atención personalizada a las víctimas, la información sobre recursos legales y de apoyo, el acompañamiento a centros asistenciales o comisarías, y la activación de medidas de seguridad ajustadas al nivel de riesgo. Todo ello en estrecha coordinación con la Policía Nacional y siguiendo los protocolos establecidos.

Durante 2024, los agentes llevaron a cabo más de 32.000 acciones de vigilancia en entornos de víctimas y agresores, y realizaron casi 7.000 contactos directos para seguimiento y apoyo. También efectuaron 1.400 acompañamientos en gestiones delicadas, como acudir a juzgados o recoger pertenencias, y elaboraron más de 2.700 informes y valoraciones de riesgo. Estas actuaciones permitieron la detención de cuatro personas.

Gran parte de las intervenciones se originaron a través del Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE)112 Galicia, donde la UPA tiene presencia diaria desde 2019 para garantizar una respuesta rápida.

La unidad dispone de 92 agentes dedicados a la protección de víctimas. Sin embargo, esta labor se enfrenta a retos importantes, como la reducción de efectivos y la asunción de nuevas competencias, entre ellas la vigilancia de rutas xacobeas y la lucha contra delitos medioambientales.

Desde la Xunta se ha insistido en la necesidad de reforzar el cuerpo, que cuenta con 343 agentes, un 70% de los 500 que le corresponderían. Por ello, el Gobierno gallego ha reclamado en reiteradas ocasiones al Ministerio del Interior que cubra las plazas vacantes para garantizar la seguridad y el bienestar de las mujeres en riesgo.