La monografía ‘20 años de aplicación de las medidas del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para la prevención y control del tabaquismo en España’, coordinado por la profesora de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Mónica Pérez Ríos en el marco de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), concluye que las políticas impulsadas desde la firma del Convenio, y en particular la prohibición de fumar en espacios públicos y centros de trabajo, han conseguido avances indiscutibles: una notable reducción de la exposición al humo ambiental y la progresiva desnormalización social del consumo.

Sin embargo, el estudio también lanza una advertencia clara: el tabaco no ha desaparecido, ni mucho menos, y sigue siendo responsable de entre 50.000 y 60.000 muertes anuales en España. Además, persisten profundas desigualdades sociales y territoriales.

A medida que se extendieron las políticas de control, el consumo disminuyó en los sectores con mayor nivel educativo y económico, pero se concentró en clases bajas y colectivos vulnerables, con menor acceso a programas de prevención y deshabituación.

Mortalidad y desigualdades

Los datos recogidos en la monografía reflejan la magnitud del problema. En 2014, el tabaquismo estaba detrás del 24,4% de las muertes masculinas en España y del 4,2% de las femeninas. Aunque la mortalidad ajustada ha descendido en hombres desde 1990, en el caso de las mujeres sigue aumentando debido a su incorporación más tardía al consumo.

Otro dato ilustrativo es la caída de la mortalidad atribuida a la exposición pasiva: se pasó de 1.228 muertes en 2002 a solo 195 en 2020, un indicador del impacto positivo de la ley antitabaco en los espacios cerrados. Pero a pesar de estos logros, la prevalencia de fumadores no se ha reducido tan rápido como se esperaba y los índices de abandono no han experimentado un salto significativo desde 2005.

La desigualdad social es especialmente evidente: un estudio incluido en el informe muestra que los trabajadores no cualificados tienen un 47% más de probabilidades de fumar y un 50% más de riesgo de consumir más de 10 cigarrillos al día que quienes desempeñan ocupaciones de mayor nivel. Además, entre la población gitana, los varones presentan un 19% más de probabilidades de fumar y fuman de media 4,2 cigarrillos más al día que el resto de la población.

Galicia y las diferencias regionales

El análisis también revela disparidades territoriales. Comunidades autónomas con menor PIB, como Extremadura y Andalucía, siguen registrando las tasas de consumo y mortalidad más elevadas en hombres, mientras que en mujeres destacan Madrid y País Vasco. Galicia, sin situarse a la cabeza, aparece por encima de la media estatal en mortalidad atribuida al tabaco, lo que refleja un peso aún considerable del consumo en la comunidad.

En paralelo, Galicia fue pionera con la Ley autonómica de 2021, que amplió los espacios libres de humo al entorno de museos, centros culturales y recintos deportivos, en una línea de endurecimiento que refuerza las medidas estatales.

Avances y retos pendientes

La SEE destaca entre los logros de las dos últimas décadas el activismo científico y ciudadano, la creación de hospitales y playas sin humo y la consolidación de políticas que han reducido la exposición pasiva.

Pero subraya los retos pendientes: acelerar el descenso en la prevalencia de fumadores, reducir las desigualdades, controlar la publicidad encubierta en redes sociales, frenar la expansión de nuevos productos como cigarrillos electrónicos y limitar la influencia de la industria tabaquera en las políticas públicas.