Competencias
La Xunta solicita al Gobierno la comisión mixta para transferir medios de gestión del litoral
Rueda confía en que el proceso sea “rápido” para poder hacer efectiva la aplicación práctica de la normativa autonómica “lo antes posible”
El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha informado hoy de que el Consello de la Xunta ha decidido “iniciar los trámites” para solicitar formalmente al Estado “el traspaso de los medios materiales y personales” a Galicia para poder “ejercer las competencias” en materia de ordenación del litoral que tiene atribuidas por su Estatuto y que fueron “ratificadas por el Tribunal Constitucional” tras avalar por unanimidad la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia.
El objetivo, ha detallado Rueda, es superar la actual situación en la que el Gobierno central sigue ejerciendo un papel que no le corresponde en esta materia. Para eso, tal y como ha explicado, la Xunta va a solicitar al Ejecutivo central “que inicie este procedimiento a través de la Comisión Mixta de Transferencias”, órgano paritario “integrado por representantes de ambas administraciones” y que será el que adopte el acuerdo de traspaso, que deberá ser aprobado mediante Real Decreto.
"Esperamos que el traspaso sea rápido para poder hacer efectiva la normativa lo antes posible", ha indicado Rueda, que ha recordado que la sentencia del TC avala que Galicia no se extralimitó en sus competencias ni invadió las estatales en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT).
En este sentido, el Constitucional considera que la Comunidad, que ya dispone estatutariamente de la competencia exclusiva para la ordenación del territorio y del litoral, podrá asumir también la gestión de los títulos para el uso y la ocupación de esta franja costera sin modificar su Estatuto, ya que se trata de una de las facultades de carácter ejecutivo que forma parte de esa competencia.
Esto incluye, de modo concreto, la función para el otorgamiento y, consecuentemente, también la prórroga, modificación y extinción de las autorizaciones y concesiones previstas en la normativa de costas en la parte del litoral sobre la que Galicia tiene competencias.
De hecho, la Ley del litoral gallega prevé y regula el otorgamiento de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, fijando a tal fin un procedimiento integrado para la concesión de estos títulos y también la creación de un registro de autorizaciones y concesiones.
El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central, sin embargo, impidió la aplicación de este y de otros preceptos clave de la norma gallega, que quedó bloqueada en la práctica durante más de seis meses.
Pionera en regular la costa en toda su extensión
Con la aprobación de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral, en julio de 2023, Galicia se convirtió en la primera comunidad española en regular por ley la franja costera en toda su extensión, es decir, tanto mar a dentro como tierra a dentro.
Partiendo de la consideración de la costa desde una triple perspectiva (social, ambiental y económica), la norma establece una nueva zonificación de esta franja, con tres grandes áreas diferenciadas en función de su estado de conservación y de las necesidades particulares, al tiempo que concreta los usos permitidos y prohibidos en el litoral.
La normativa también delimita las actuaciones y usos estratégicos que permitirán su asentamiento y la ocupación de la costa y con ella se da un paso adelante decisivo para que Galicia pueda asumir el autogobierno pleno sobre sus más de 2.500 kilómetros de costa, en los que trabajan alrededor de 40.000 personas de la cadena mar-industria y que genera 9.000 millones de euros anuales, cerca del 5% del PIB de Galicia.
Petición de información de otras comunidades
En este marco, en la comisión mixta debe iniciarse ahora la negociación entre las dos administraciones para llegar a un acuerdo, algo para lo que Rueda espera que “no haya ningún problema”.
El presidente gallego también ha destacado que Galicia está recibiendo "muchas peticiones de información de otras comunidades autónomas para hacer una normativa similar" y poder ejercer sus competencias en la gestión del litoral.
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