Daniel Sancho: prisión provisional y con todo en su contra

Un juez tailandés ha ordenado el ingreso en prisión de Daniel Sancho Bronchalo, acusado del espeluznante asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en ese país. Con escolta policial y ocultando sus manos bajo un paño rojo, el chef fue trasladado desde la comisaría de la isla de Koh Phangan a prisión, pues se enfrenta a un proceso judicial por asesinato premeditado en el que cabe la posibilidad de que se le imponga la pena de muerte. A partir de ahora permanecerá encarcelado al menos hasta que comience su juicio y será sometido a un aislamiento de diez días por protocolo Covid-19, periodo durante el cual sólo podrá ser visitado por su abogado.

Su posible colaboración en la investigación y un acuerdo entre Madrid y Bangkok firmado en 1987 para la "cooperación en la ejecución de sentencias penales", marcarán el devenir de Sancho en un proceso lento y muy complejo, mientras su defensa espera que concluya con un traslado para que pueda cumplir en España su posible condena.

Si la justicia considerara probado que Sancho asesinó al médico, tanto las circunstancias del crimen -en este caso que desmembrara el cadáver y dificultara su localización arrojando las partes en distintos lugares- como su colaboración con las investigaciones, pueden tener un peso para agravar o atenuar la pena que supuestamente se le impondría si es declarado culpable. La legislación tailandesa, especialmente severa, castiga los asesinatos y homicidios con tres tipos de penas, que dependen precisamente de esas circunstancias. La más grave es la de muerte, aunque también contempla la cadena perpetua o hasta 20 años de cárcel.

En Tailandia, si se sospecha que un extranjero ha cometido un delito las autoridades del país proceden a su detención. La policía u otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, como inmigración, pueden capturarlo y este queda bajo custodia. Según la legislación tailandesa, los agentes pueden detener a una persona hasta 48 horas sin orden judicial, siempre que haya sospechas razonables de que ha cometido un crimen. Este periodo puede prorrogarse hasta siete días con la aprobación de una orden judicial, si hay pruebas suficientes que lo justifiquen. Durante el periodo inicial la policía debe informar al arrestado del motivo de su captura, de los cargos que se le imputan y de sus derechos según la legislación tailandesa, incluido el derecho a representación legal y a permanecer en silencio. El detenido también debe tener acceso a tratamiento médico si lo necesita.

Una vez imputado, el acusado es trasladado a un centro penitenciario y debe comparecer ante el tribunal cada 12 días para las audiencias de prisión preventiva. La acusación dispone de 84 días desde la detención inicial para presentar sus argumentos ante el fiscal.

El sistema jurídico tailandés no proporciona a los extranjeros ayuda estatal para la representación legal. A diferencia de otros países, no existe un sistema de defensores públicos que proporcione asistencia jurídica gratuita a quienes no pueden permitirse contratar a un abogado. Aquellos que se enfrentan a cargos penales son responsables de sus propios gastos legales y deben contratar a su propio letrado o recurrir a los servicios de una organización de asistencia jurídica, si existe. Aun así, algunas embajadas o consulados pueden facilitar una lista de abogados locales u organizaciones de ayuda jurídica que pueden prestar asistencia a los extranjeros.

La vida en prisión no suele ser fácil, estés donde estés. Pero los reclusos que viven en prisiones de este país se enfrentan a una situación aún más dura. Según un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos, estas cárceles están plagadas de violaciones de los derechos humanos. Prácticamente nadie sale bien parado: la comida es escasa (y apenas comestible), el agua potable es un lujo, la atención médica es ridícula y los centros funcionan con una media del 224% de ocupación. El hacinamiento es un grave problema, ya que hasta 40 reclusos pueden estar alojados en una sola celda, en ocasiones con menos de 1,2 metros cuadrados para cada uno. Ello implica que a menudo tienen que dormir unos sobre las piernas de otros en el mugroso pavimento.

Según el "Manual para reclusos extranjeros en prisiones tailandesas" del Departamento de Instituciones Penitenciarias de Tailandia, los extranjeros representan entre el 4 y el 5% de la población reclusa, es decir, unas 15.000 personas. Así, los foráneos que ingresan en una prisión han de tener en cuenta los posibles riesgos y problemas a los que pueden enfrentarse. Por un lado se encuentra la barrera del idioma. La comunicación puede ser un reto para aquellos que no hablan tailandés, ya que muchos funcionarios de prisiones pueden no entender el inglés u otros idiomas. Esto puede dificultar la comprensión de las normas y reglamentos de la prisión, así como la comunicación efectiva de sus necesidades o preocupaciones. Los prejuicios se unen a la barrera del idioma, y la diferencia de nacionalidad pueden acarrear un trato hostil por parte de otros, sobre todo si el preso tiene familiares y amigos que le envían dinero para que pueda comprar alimentos y artículos de aseo adicionales.

El soborno y la corrupción pueden ser un problema añadido, con el riesgo de ser extorsionados o maltratados por el personal penitenciario u otros reclusos que exijan el pago de servicios o bienes. Algunas de estas cárceles pueden albergar bandas o grupos organizados, y los reclusos extranjeros pueden convertirse en objetivo de estos grupos debido a su vulnerabilidad percibida o a su falta de familiaridad con las costumbres y normas locales. Al parecer, los internos pueden pagar por protección adicional frente a una banda, pero este desembolso regular puede no estar al alcance de todos.

Asimismo, la atención médica es deficiente y no existe propiamente en los penales tailandeses. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), son los guardias quienes deciden qué presos merecen ver a un médico. Además, no hay facultativos permanentes dentro de los penales, pero si médicos generales que visitan a los enfermos dos o tres veces por semana. Según los reclusos, los profesionales despiden a los pacientes en menos de dos minutos y los tratan con desdén. Por otra parte, y según la FIDH, los aseos -que son retretes achaparrados colocados a 0,6 metros unos de otros- no tienen puertas. Además, no hay ningún espacio en el que puedan pasar un rato a solas o tener algún tipo de intimidad. Como resultado, los reclusos se han acostumbrado a exhibir conductas sexuales delante de todos los demás.

Las malas condiciones higiénicas, la ventilación inadecuada, las temperaturas extremas, la mala calidad de los alimentos y el hecho de que las personas duerman muy juntas -a menudo hombro con hombro- pueden favorecer la propagación de infecciones. Los resfriados y las enfermedades estomacales son frecuentes, y en los últimos años se han registrado casos de tuberculosis o hepatitis.