La operación que fraguó el «caso Camas» movió 313 millones en un día

Hace cinco años y tres días, los focos señalaron al Ayuntamiento de Camas como epicentro de la corrupción municipal. El entonces alcalde y actual coordinador local de IU –Agustín Pavón–, los ex ediles Antonio Enrique Fraile (PP) y José del Castillo (PA), el ex munícipe de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas (PP) –posteriormente exculpado– y el empresario Eusebio Gaviño fueron detenidos por el supuesto intento de soborno a la ex concejal Carmen Lobo para el Pleno del 13 de septiembre de 2005. La acusación: cohecho.

Prueba de cargo: las declaraciones del ex edil Francisco Gordo y la citada Lobo, unas grabaciones y un sobre con 12.000 euros. Los imputados aseguran que su objetivo era «desatascar la situación de bloqueo del Consistorio» y que cayeron en una «trama-trampa» urdida por el PSOE, con el ex delegado de Empleo y ex alcalde de Camas Antonio Rivas a la cabeza, con la aquiescencia del PP y el trasfondo de un convenio urbanístico paralizado con el mandato de Pavón: los Hallones.

En una auditoría interna de la entonces Caja San Fernando, ahora Cajasol, facilitada a uno de los imputados a través de un diputado al que en su partido «no le permiten informar» , se especifica que la compraventa de la finca en cuestión, de donde, supuestamente, proceden todas las intrigas posteriores, se escrituró por parte de Hispalia XXI (el 58%) y Desarrollo Inmobiliario Siglo XXI (42%). La operación quedó fijada en 31,3 millones de euros (IVA incluido), más un 3% de comisión para la intermediaria T. J. L. Gestión Inmobiliaria, «vinculada a Gerardo Martínez Retamero», por «importe de 811.366 euros».

«La superficie de la finca es de 900.000 metros cuadrados» –según la auditoría–, vendida por Cegemex y Agrícola Navanda y que anteriormente perteneció a los herederos de Queipo de Llano. La calificación «con fecha 23 de septiembre de 2000» –cuando se realiza la transacción– era de finca rústica y quedó «excluida del PGOU de Camas» por su «alto riesgo de inundabilidad».

«Con fecha 14 de febrero de 2001 se firmó un protocolo de intenciones entre el Ayuntamiento de Camas y las sociedades Hispalia XXI y Desarrollo Inmobiliario Siglo XXI, en el que se hace referencia a la exclusión de los Hallones en el PGOU aprobado recientemente, si bien se reconoce la aptitud de los mismos para quedar incorporados al desarrollo urbanístico del municipio», asegura el informe, añadiendo que «la posible recalificación como urbanizable requiere la negociación con el Ayuntamiento de Camas, el de Sevilla y la CHG». La alcaldesa de Camas era, tras ocho años de mandato de Rivas, la socialista Encarnación Díaz.

El 3 de julio de 2003 «se inscribe en el Registro Mercantil como administrador único a Ricardo Pichardo Rubira, persona vinculada a Gerardo Martínez Retamero a través, entre otras, de la sociedad Coninsur 99», continúa el informe. La delegada de Medio Ambiente en Sevilla, Pilar Pérez Martín –entonces delegada de Juventud en Diputación, con Luis Navarrete, ex edil de Camas, como presidente–, su hermana Beatriz Pérez Martín –administradora solidaria de Agrícola Navanda– y el padre de ambas, Emilio Pérez Ruiz –consejero delegado de Cegemex, otra de las sociedades del «pelotazo»– lograron «una plusvalía de 15,4 millones» en un día por la compra y la venta de la parcela que contaba con el compromiso del PSOE de ser recalificada. La caja de ahorros prestó 30 millones.

En 2003, el PSOE no gana las elecciones y se forma un tripartito PP-IU-PA, que, según los ediles imputados, desconocía el acuerdo de los Hallones. La noche antes de la investidura, la cúpula del PP de Sevilla –Ricardo Tarno y Juan Bueno– se reúne con el edil Antonio Enrique Fraile hasta la madrugada en el Bar Pepito y le «presiona» –según su versión– para que no pacte con IU y se alíe con el PSOE. En enero de 2005, los socialistas presentan una moción de censura con la ayuda de los tránsfugas Inmaculada Larrinaga (PP) y Francisco Gordo (IU), que a última hora no prosperó. En septiembre de ese año, estalla el «caso Camas». Fraile denunció el 25 de enero de 2007 ante la Fiscalía la compraventa de los Hallones, pero se archivó la causa porque «no había delito y, en caso de haberlo, habría prescrito». El 25 de julio de 2008 se admite otra querella. Dos años después, la Justicia aún no se ha pronunciado.