La juez investigará las ayudas arbitrarias que concedió Viera

SEVILLA- La «cacería política» que denunció Viera será investigada por el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. La magistrada que instruye el presunto uso irregular de fondos destinados a ayudas a empresas y prejubilaciones ha emitido un auto en el que solicita información sobre subvenciones pagadas con cargo al «fondo de reptiles» a 6 ayuntamientos y 15 sociedades, la mayor parte de ellas vinculadas a la Sierra Norte de Sevilla. Todas tienen en común una cosa: se concedieron cuando José Antonio Viera era el consejero de Empleo y máximo responsable del IFA, el ente autónomo que pagaba las ayudas.

Los convenios eran gestionados por el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, pero necesitaba que el IFA los aprobara. Este organismo, adscrito a la Consejería, lo presidía Viera –su viceconsejero, Antonio Fernández, también lo hizo durante un tiempo–. Era el consejo rector el que daba el visto bueno y el que pagaba el dinero a las empresas y consistorios beneficiados. Todas se hacían sin publicidad y libre concurrencia, ya que no existía publicidad ni convocatoria sobre el reparto de esos fondos.

La juez Mercedes Alaya detalla los seis ayuntamientos (Camas, Coria del Río, Chiclana, La Barca de la Florida, Alcolea del Río y Puebla del Río) y las 15 empresas (Cooperativa Virgen de Belen, Sociedad Cooperativa de Guadalcanal, Oce Renting, Aerosur, Corchos Higuera, Cortansa, Ibérica de exportaciones, Refractarios de Andalucía, Romero Álvarez, Servicios y mantenimientos de Cazalla, Vivir el Barro, Medio Natural, Hotel la Posada del Moro, San Goy y SAT Virgen del Espino) que recibieron cantidades de la Junta y reclama la entrega de los expedientes completos. También solicita la historia registral de todas las sociedades.

Esta petición de información a la Administración autonómica contrasta con la versión mantenida por el Gobierno andaluz hasta la fecha, que asegura que ha remitido toda la documentación sobre las ayudas concedidas a los juzgados. Es más, el consejero de Empleo, Manuel Recio, manifestó en el Parlamento que entregarían los expedientes sobre las subvenciones a consistorios y empresas en crisis y no sólo los que afectaban a las irregularidades en los ERE. La juez reclama ahora papeles que no están en su poder.
Aún así, la petición de la instructora deja fuera otras administraciones locales beneficiadas como Guadalcanal, Los Palacios, Santiponce o San Nicolás del Puerto. También otras empresas de la Sierra Norte como Ballut Dehesas de Calidad, Arcadia Emprendedora o Matadero de Sierra Morena.

El auto, fechado el 27 de septiembre y notificado ayer a las partes, también cita a declarar mañana a dos personas –Antonio Arquero García y Antonio González Pérez– beneficiarias de sendas pólizas de rentas abonadas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social sin haber trabajado en empresa alguna.

Y abre una nueva investigación: solicita copia del contrato de servicios del abogado de Jerez Ignacio Vergara Ivison, que recibió 150.000 euros por asesorar a la Junta de Andalucía en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva.

LA «COLABORACIÓN» DE LA JUNTA
3 de marzo de 2011
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
«Por ello, también vamos a remitir al juzgado el resultado de un primer análisis del estado de todas las ayudas a empresas con cargo a la partida 31L, que gestionaba, como ustedes saben, la Dirección General del Trabajo, y cuyos destinatarios no sean trabajadores. En total, son 130 ayudas, que han percibido casi ochenta y siete millones de euros. De este total, 13 han sido a ayuntamientos, que han percibido cerca de tres millones trescientos mil euros»
Manuel Recio Consejero de Empleo