Salvar al soldado «gay» Manning

Durante estos días en el Fuerte George Meade (Maryland), se ha visto al soldado Bradley Manning con uniforme de camuflaje y gafas, custodiado en todo momento por varios efectivos del Ejército estadounidense. Apenas ha hablado. Y sólo se le ha escuchado decir «sí, señor» o «no, señor» cuando el juez que preside la audiencia del Artículo 32 le preguntó si había entendido los cargos de los que se le acusa o si tenía algún comentario. Dicho artículo es el equivalente militar a una audiencia ante un gran jurado que debe determinar si hay pruebas suficientes para ir a juicio. Todo indica que el destino de Manning se decidirá en una corte marcial, donde parece que será muy complicado demostrar su inocencia.

El representante legal de Manning, David E. Coombs, empezó su turno en la vista del Artículo 32 con una sorpresa, que no fue tal para los más cercanos al Pentágono o los familiarizados con este tipo de juicios militares, en los que todo se suele complicar y ralentizar debido a que se maneja gran cantidad de material clasificado. Coombs primero solicitó la recusación del juez militar Paul Almanza, que preside estos días en el Fuerte George Meade, por considerar que no era lo suficientemente imparcial. En sus argumentaciones, expuso que había aceptado 20 testigos de la acusación, pero sólo dos de los veintiocho de la defensa.

Después desveló la existencia de un álter ego femenino en la personalidad del soldado Bradley Manning, Breanna, que supuestamente utilizó durante sus conversaciones en chats por internet. Y más tarde ha continuado su línea de defensa basándose en la homosexualidad del soldado Manning.

¿Es raro que un abogado alegue que su defendido es «gay» para construir su caso; en el que se le acusa de 22 cargos, entre ellos ayudar al enemigo? Fuentes consultadas por LA RAZÓN, que han pedido que se mantenga su identidad en el anonimato, aseguran que sí: «No me extraña que se utilice la homosexualidad de Manning para sostener este caso. Los cargos de los que se le acusa son muy serios. Y es normal que se utilice cualquier argumento que uno crea que pueda ayudar a defenderle. Es un caso muy difícil, en el que Manning se podría enfrentar a cadena perpetua y ya lleva más de un año confinado».

Esta línea de defensa se sostiene debido a que cuando Manning estaba en el Ejército todavía estaba en vigor la ley «Don't Ask, don't tell», que en español significa «si no se pregunta, no se dice». Ni gays ni lesbianas podían servir en el Ejército y Bill Clinton aprobó esta ley para que sí pudiesen trabajar en la Fuerzas Armadas, siempre y cuando no desvelasen su sexualidad, ya que estaba prohibido preguntársela. Barack Obama la derogó este año y ya no importan las inclinaciones sexuales para servir en el Ejército estadounidense.

Un soldado acosado
Pero hasta que Obama la derogó, en las filas estadounidenses se vivió una caza de brujas en busca de gays con el único objetivo de expulsarles. Coombs se apoya en la ley «Don't Ask, don't tell» porque asegura que Manning, detenido en mayo de 2010, cuando la ley estaba en vigor, tuvo que vivir cohibido y sufriendo el acoso de los demás por su homosexualidad. Y, además, no podía reconocerlo públicamente.

El joven, nacido en Crescent (Oklahoma), fue arrestado después de que Adrián Lamo, un pirata informático colombiano estadounidense, le denunciase al FBI tras haberle confesado durante una conversación por internet que había descargado documentos de la red router de protocolo secreto de internet (SIPRNet, por sus siglas en inglés). Es un sistema de red de ordenadores interconectado, utilizado por el departamento de Defensa y Estado para transmitir información clasificada.

Durante su conversación con Lamo, famoso por haber entrado en los sistemas del periódico «The New York Times», Microsoft o Yahoo!, le habría explicado que se los había proporcionado a Wikileaks. Asustado después de consultarlo con un amigo que había trabajado con el Gobierno, decidió denunciarle, ya que Lamo había tenido sus propios problemas con la Justicia y pensaba que de este modo podría salvarse.

Wikileaks destapó 250.000 despachos de diplomáticos de Estados Unidos, imágenes de un ataque en Bagdad de julio de 2007 y de otro en Granai (Afganistán) en mayo de 2009. Después de que se produjese la filtración, se creó una gran controversia. No sólo por el hecho de que se sacase a la luz toda esa información confidencial, sino por la circunstancia de que la Administración de Barack Obama hubiese permitido que esto sucediese.

Como consecuencia, tuvo lugar una cascada de dimisiones en el gobierno estadounidense entre las que destacó la del portavoz del departamento de Estado, PJ Crowley, el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, o el representante en Libia, Gene Cretz. Ellos, junto con Elizabeth Dibble, ahora segunda asistente de la secretaria de Estado, entonces jefa de la misión de Roma; Robert Godec, embajador en Túnez, y Anne Patterson, ahora en Egipto, escribieron todos los cables importantes de Wikileaks. Con sus análisis, demostraron que Washington es perfectamente consciente de todo lo que ocurre alrededor del mundo, a pesar de que casi siempre se bromee con que los ciudadanos estadounidenses no saben ubicar en el mapa ningún país salvo el suyo.

Estados Unidos ha acusado a Manning de 22 cargos, entre ellos violación del código militar, robo de registros y ayuda al enemigo. Por el último, el fiscal podría pedir la pena de muerte para el joven, que acaba de cumplir 24 años. Pero ya ha anunciado que no solicitará el castigo capital, aunque Manning sí se enfrenta a cadena perpetua.

Culpar al Ejército
Durante estos días, Coombs ha trabajado en la línea de que el compañero de habitación de Manning le retiró la palabra cuando supo que Manning era gay. Desde entonces, sólo se dirigió a él para preguntarle si quería que apagase las luces antes de ir a dormir. Durante su despliegue en Bagdad, Manning nunca se llevó bien ni con sus compañeros hombres ni con las mujeres. Le acosaban por su sexualidad. Y ahí es donde su defensor Coombs ha encontrado una buena forma en la que sostener su caso. También, intentará culpar al Ejército de haber enviado a este joven, al que retratará como una persona emocionalmente inestable, a un lugar para el que no estaba preparado.

¿Se aceptará en una corte marcial que se intente hacer responsable a las Fuerzas Armadas de lo ocurrido?

Las mismas fuentes, citadas anteriormente, destacan que «sí, claro que es posible». Desvelan hasta dónde puede derivar el mismo caso y, «en este momento, lo más lógico es intentar exponer los fallos del Ejército», explican. «Se sabe que el fiscal intentará trabajar en la línea no sólo de conseguir que se declare culpable a Manning, sino también de proteger al mismo Ejército». Y ahí estará la gran baza de Coombs. Una vez que se empiece a construir su caso, tendrá que presentar pruebas clasificadas. Algunas de ellas expondrán los fallos del Pentágono y material que el Gobierno de Estados Unidos no quiere que salga a la luz.

Por ello, con toda probabilidad, el fiscal y el abogado intentarán llegar a un acuerdo para evitar ir a juicio y poner en entredicho las formas de cómo han actuado los altos mandos en Bagdad. Manning fue asignado allí en octubre de 2009, a la unidad de la décima división de montaña, donde tenía acceso a la red router de protocolo secreto de internet (SIPRNet).

Coombs intentará negociar la mínima pena posible para Manning, que ya ha estado confinado durante diecinueve meses y cuyas condiciones han sido denunciadas por Amnistía Internacional. Una vez que se alcance un trato, las pruebas se guardarán, el nombre de Manning, para unos héroe y para otros villano, se olvidará poco a poco y los secretos de Estados Unidos, tal y como Washington quiere, se guardarán para siempre.