Para regenerar España

La Razón
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Fiel a su promesa de no congelar las pensiones, Mariano Rajoy la ratificó ayer en su discurso de investidura como símbolo de un Gobierno que está dispuesto a realizar grandes sacrificios, pero no a sacrificar a los más débiles, como son los pensionistas. Ésta fue la única concesión al gasto que el líder popular se permitió en medio de un auténtico alud de reformas y de propuestas como hacía años no se recordaba en una apertura de Legislatura. El alcance y la dimensión de las iniciativas van mucho más allá de un simple parcheo o de una reparación de daños al uso; por el contrario, constituyen un ambicioso programa de regeneración democrática a largo plazo para que el tejido social recupere el pulso perdido y España vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en la Europa comunitaria. No se trata sólo de ganar las batallas inmediatas, que también, sino de despejar un futuro que hoy vemos incierto e hipotecado. Como señaló el propio Rajoy, primero abordará lo urgente y a continuación, lo necesario. Entre lo urgente figura la estabilidad presupuestaria y el control del déficit, que exigirá el ahorro de al menos 16.500 millones de euros en 2012; la congelación del empleo público y la supresión de organismos y empresas públicas; una reforma laboral a fondo y una bonificación del empleo juvenil; ventajas fiscales a los emprendedores, apoyo a los autónomos, de modo que no paguen el IVA hasta que no cobren las facturas, y reestructuración bancaria en los próximos seis meses para que fluya el crédito a familias y pequeñas empresas y para que las entidades asuman las consecuencias de sus fallidos. Aparentemente, nada nuevo que Rajoy no hubiera comentado hasta la saciedad en la campaña electoral; incluso la apuesta fiscal por el atribulado sector inmobiliario, rescatando las deducciones en el IRPF y manteniendo el tipo del 4% del IVA para la compra, ya había sido avanzada. Donde Rajoy ha sorprendido de verdad ha sido en la formulación de ciertas propuestas destinadas a regenerar, desde la exigencia moral y la ética democrática, la gestión, los usos y las estructuras de las administraciones. Destacan en este capítulo la supresión de los «puentes» laborales, de las jubilaciones anticipadas y de la utilización de la prestación de desempleo para encubrir otros fines; el reforzamiento por ley de la responsabilidad en la que incurren los gestores públicos; garantizar la independencia de los reguladores, del desacreditado Tribunal Constitucional y del Banco de España; y, por supuesto, la urgente reforma de la Educación, que debe recuperar su dimensión nacional y superar el lastimoso estado al que la han llevado 30 años de leyes socialistas. Es evidente que la partitura de Rajoy suena bien a los mercados y a Bruselas, pero más importante aún es que ha sido escuchada con esperanza por los españoles. Hay puntos que necesitan concreción, sin duda, pero la dirección de la marcha es la acertada y la impulsa un espíritu de confianza.