El último Debate antes de unas elecciones en las que Griñán pisa el abismo

SEVILLA- Haya o no adelanto electoral en Andalucía, el Debate sobre el Estado de la Comunidad que se celebrará en el Parlamento entre el miércoles y el jueves próximos será el último antes de las elecciones autonómicas, los primeros comicios que encara el PP con posibilidades reales de ganar por mayoría absoluta y acceder a un feudo amurallado por el PSOE a lo largo de 30 años a base de amplias victorias electorales. Andalucía es el último bastión que le queda al Partido Socialista tras el vuelco del 22-M. En otros graneros del PSOE como Castilla-La Mancha ya se ha izado la bandera azul y Extremadura está a punto. Sería ingenuo pensar que en estos dos días sólo se va a chequear el pulso político del último año. Arenas y Griñán saltarán al ring para jugar el primer asalto antes de verse en los carteles electorales. Si es que ambos –la candidatura socialista es la que está en el aire– se miden finalmente en las urnas.

Griñán llega en unas condiciones muy diferentes a las de hace un año. En junio del año pasado tenía un gran problema: el paro. Ahora sigue teniéndolo y de forma más aguda, con una tasa de desempleo que ronda el 30 por ciento. Lo que ocurre es que le han crecido otros muchos fuegos, tanto en la Junta como en el partido, que lo mantienen contra las cuerdas. Uno de los más virulentos es la trama de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. Se trata del caso de corrupción política más grave de la historia democrática de Andalucía. Por ahora se elevan a 183 las personas que o bien no trabajaron nunca en empresas donde recibieron pólizas por las que ingresaron entre 100.000 y 200.000 euros de media o lo hicieron de forma irregular. Hay un ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, que figura entre la veintena de imputados por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Y otros, como José Antonio Viera, llevan desde que estalló el escándalo pisando una afilada alfombra de sospechas. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, aseguró ayer que «Griñán no puede presentarse al debate sobre el Estado de la Comunidad con las manos manchadas de corrupción» y pidió el cese de los consejeros de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; de Empleo, Manuel Recio; de los ex consejeros José Antonio Viera y Francisco Vallejo; y del diputado Ramón Díaz, acusado por otros implicados de meter a dos intrusos en el ERE de Saldauto.

Los otros grandes problemas los tiene Griñán dentro del partido. En la bancada socialista no estará en este debate el que era su «número dos «en el PSOE-A, el ex vicesecretario general Rafael Velasco, quien dimitió en octubre de 2010 de todos sus cargos al trascender que la empresa de su mujer había recibido700.000 euros para cursos de formación. El presidente andaluz cosió en falso la herida. Las tensiones heredadas del Congreso extraordinario que forzó en marzo del año pasado para tomar de Chaves las riendas del partido siguieron creciendo bajo la aparente normalidad. Y la bomba estalló en vísperas de las elecciones municipales, con la súbita dimisión de Luis Pizarro, ex consejero de Gobernación y Justicia y la mano derecha de Manuel Chaves durante los 16 años que ostentó la Secretaría General del PSOE-A. A partir de entonces cogió fuerza el sector crítico gaditano, capitaneado por González Cabaña, y el mazazo de los resultados municipales –el PP por primera vez en la historia es el partido más votado en Andalucía, aventajando al PSOE en 290.000 votos– ha acabado por extender los frentes a otras provincias. Uno de los más activos en Almería, donde la dimisión en bloque de la Ejecutiva forzó la marcha del secretario provincial y el partido quedó en manos de una gestora. Desde el duro enfrentamiento entre guerristas y renovadores hace casi veinte años no se recuerdan momentos de tanta inestabilidad interna.

Hace un año el jefe del Ejecutivo aprovechó el debate para lanzar una serie de medidas de ajuste, como los impuestos sobre las bolsas de plástico o sobre los depósitos bancarios; la subida del IRPF a las rentas superiores a los 80.000 euros; o un paquete de medidas de ajuste entre las que se incluían la reducción de entre 160 y 170 coches oficiales o una reordenación del sector público empresarial que supondría un ahorro de unos 100 millones de euros. Sin embargo, muchas de estas medidas han tenido un efecto más que modesto. El plan de austeridad se ha traducido en la reducción de sólo 24 coches; y el único ahorro conocido hasta el momento con la reordenación del sector público es de tres millones anuales. La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, dijo ayer que el presidente andaluz «pondrá a las familias» en el centro de la vida política» en el esperado Debate sobre el Estado de la Comunidad.