Acatar el fallo

Tras cuatro largos años de intensas deliberaciones, acalorados debates y votaciones fallidas, los diez magistrados del Tribunal Constitucional con derecho a voto aprobaron ayer una resolución que da respuesta a los recursos de inconstitucionalidad sobre el Estatuto de Cataluña interpuestos por el Partido Popular, el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas. El fallo, en sí mismo, constituye una buena noticia que acaba con una situación de interinidad nada recomendable para un órgano llamado a ser el guardián de la Constitución y que se había visto convertido durante estos años en el centro del debate político. Éste ha sido el séptimo borrador sometido a votación por el Pleno del TC, y su autora, la presidenta María Emilia Casas, se vio obligada ayer mismo a introducir sobre la marcha algunas modificaciones con el fin de alcanzar el consenso necesario. Un acuerdo que, finalmente, se alcanzó por seis votos a favor y cuatro en contra para la mayoría de los bloques, y de ocho a favor y dos en contra para 14 artículos declarados netamente inconstitucionales. El fallo, por encima de los criterios e intereses particulares de cada uno y de su grado de conformidad con lo resuelto, debe ser acatado por el conjunto de partidos e instituciones democráticas, como corresponde a un Estado de Derecho. Tal y como hemos defendido desde estas mismas páginas a lo largo de todo el proceso de deliberación, el hecho de que parte de los miembros del TC hubiera agotado ya su mandato no resta ni un ápice de legitimidad a la decisión que ayer adoptaron. El hecho de que el Alto Tribunal haya anulado catorce artículos y someta a interpretación más de treinta preceptos pone de manifiesto que al PP le asistían sobradas razones para acudir a él y no se trataba de una maniobra puramente partidista o, peor aún, «anticatalanista» como de manera demagógica se acusó a sus dirigentes desde el PSOE y los partidos nacionalistas. Mariano Rajoy cumplió estrictamente con su deber y es ahora cuando es de justicia reconocerle que, gracias a su determinación, se ha podido ajustar el Estatuto de Cataluña a la Constitución. El fallo también pone en entredicho a aquellos dirigentes políticos cuya actitud durante estos años ha distado mucho de ser mínimamente respetuosa con el trabajo de los magistrados, que han sido sometidos a una campaña de acoso y desprestigio como no se recuerda en estos 30 años de democracia. A la espera de que se haga pública la sentencia y los votos particulares de al menos cuatro magistrados, hay que celebrar que se ponga fin a un proceso de cuatro años en los que las instituciones han vivido en tensión e incertidumbre, en especial el propio Tribunal Constitucional, pendiente de renovación. Por lo demás, es necesario apelar a la responsabilidad de todos los partidos, en especial de los nacionalistas catalanes, para que actúen con mesura y acaten el fallo del Tribunal, como exigen las reglas del juego democrático. La declaración institucional que emitió ayer Montilla no es, ni por su contenido ni por su tono, la más adecuada para la convivencia ni la que necesita Cataluña.