Déficit público

Montilla se adelanta a Zapatero al subir el IRPF a las rentas altas

El consejero de Economía, Antoni Castells; el president Montilla; y el consejero de Obras Públicas, Joaquim Nadal, ayer en la Generalitat
El consejero de Economía, Antoni Castells; el president Montilla; y el consejero de Obras Públicas, Joaquim Nadal, ayer en la Generalitatlarazon

La Generalitat adelantó ayer por la izquierda al Gobierno al concretar una subida del IRPF para las rentas superiores a 120.000 euros. El Ejecutivo de José Montilla se anticipó así a las intenciones de José Luis Rodríguez Zapatero, quien anunció el pasado miércoles en el Congreso su intención de detallar «en breves semanas» un aumento de la presión fiscal para los contribuyentes con «mayor capacidad económica». La idea de la Generalitat, que se plasmará en un anteproyecto de ley a lo largo de este mes, es crear dos nuevos tipos en el tramo autonómico del IRPF.Actualmente, las rentas superiores a 53.000 euros anuales pagan el 43 por ciento de IRPF, la mitad del cual (21,5 por ciento) corresponde a las comunidades autónomas. La Generalitat subirá dos puntos el tramo autonómico del IRPF a los que ingresen más de 120.000 euros y cuatro puntos a las rentas superiores a 175.000 euros. Así las cosas, el IRPF se quedará en el 45 por ciento para el primer grupo y en un 47 por ciento para los segundos, pero un eventual incremento por parte del Gobierno dejaría a estos contribuyentes a orillas del 50 por ciento.ICV ha sido el socio del tripartito que más ha insistido en subir los impuestos a los que más ingresan. Según los cálculos de la Generalitat, este aumento del IRPF afectará aproximadamente a 20.000 contribuyentes.La medida del tripartito se enmarca dentro de su plan para reducir el déficit público. El consejero de Economía, Antoni Castells, explicó las líneas maestras de este proyecto. Consiste en disminuir el déficit en 1.670 millones de euros en 2010, para lo cual la Generalitat ralentizará las inversiones (531 millones quedan aparcados), reducirá gastos de personal (lo que supondrá un ahorro de 408,5 millones), retrasará prestaciones sociales (316 millones) y practicará retenciones a entidades (150 millones), entre otras medidas.