Insumisión contra una ley de muerte digna injusta

Martínez Camino explicó ayer con detalle la declaración elaborada la pasada semana por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española en la que los obispos analizan una norma que, de aprobarse tal y como se ha planteado a las Cortes, «lesionaría gravemente los derechos de la persona a que su dignidad y vida sean respetadas». Es por ello que el documento reconoce que «las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas. Es necesario denunciarlas y procurar, con todos los medios democráticos disponibles, que sean abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas». Martínez Camino aclaró que, «si sale como está, es un retroceso en los derechos fundamentales.

No sería una ley justa y, por tanto, no obligaría en conciencia a su cumplimiento, lo cual no quiere decir que esto sea que la Iglesia rechace la democracia. Al revés, se trata de fortalecer el debate público», matizó el obispo auxiliar de Madrid que apuntó que «leyes de este tipo han existido en regímenes no democráticos». Muestra de ello es que los obispos reconocen que «el proyecto pretende dar expresión a un nuevo enfoque legal que supere un enfoque asistencialista», pero lamentablemente «no lo consigue. La indefinición y la ambigüedad de los planteamientos lastran el proyecto en su conjunto». Es más, aprecian algún cambio respecto al anteproyecto. «Antes sólo se hablaba de asistencia espiritual. Ahora al menos se habla de asistencia religiosa», apunto.

«La intención es loable, pero no llega», apostilló, a la vez que invitó a la clase política a no tramitarla con prisas pues «un texto legal de vital importancia como éste exigiría un tiempo suficiente para que la sociedad tenga tiempo abundante para la reflexión y abordar perspectivas nuevas». Entre las «conductas eutanásicas» que los prelados consideran que dan cobertura legal con la norma que prepara el Gobierno, se encontrarían la posible sedación inadecuada, el abandono terapéutico y omisión de cuidados. Precisamente uno de los empeños del documento es aclarar el concepto de lo que es eutanasia. Así, Martínez Camino subrayó prácticas como «dejar de dar agua o alimentos al enfermo, omitir terapias de vida o administrarles clases de medicamento que causan la muerte, aunque sea con un fin de compasión».

Por otro lado, los obispos recuerdan que no entrarían dentro de las prácticas eutanásicas, «por ejemplo, la administración adecuada de calmantes –aunque ello tenga como consecuencia el acortamiento de la vida- o la renuncia a terapias desproporcionadas –al llamado encarnizamiento terapéutico-». Así, insisten en que «la muerte no debe ser causada, pero tampoco absurdamente retrasada». El esquinazo que la futura norma da a la conocida como «lex artis» es uno de los aspectos en los que más hizo hincapié el portavoz de los obispos. «Se ha suprimido expresamente la actual limitación que recoge la ley de autonomía del paciente: la buena práctica médica, de tal manera que la voluntad del enfermo se impone», señaló Martínez Camino, que a renglón seguido tomó el artículo 27 del documento para apuntar que «convierte a los médicos y demás profesionales de la sanidad en meros ejecutores de las decisiones de aquellos».

En otras palabras, la ley de muerte digna ignora el derecho a la objeción. También preocupa al Episcopado que se pase de puntillas por el derecho de libertad religiosa, pues consideran que «no puede ser reducido por una ley a la mera toleración de la práctica religiosa, como aquí se hace, sometida además de modo absoluto a condicionamientos jurídicos indeterminados y en manos de terceros». ¿Quedaría pues en el aire la administración del sacramento de la unción de los enfermos? «Está claro que hay un retroceso en este aspecto y es preocupante. No debe disminuir la tutela al efectivo derecho, que no puede ser condicionado por cuestiones administrativas del centro hospitalario», apuntó Martínez Camino, que advirtió de que el proyecto tampoco alude a los acuerdos internacionales o convenios firmados con la Iglesia Católica ni con el resto de confesiones.

El detenimiento con el que los obispos han estudiado el proyecto de ley es tal que analizan un aspecto que han pasado por alto y que de nuevo reabre la polémica de lo que pueden hacer o no los adolescentes en materias tan dispares como el aborto, los «piercings», los actos delicitivos...Y es que, como apuntan en el documento, la futura ley contempla que «a los menores emancipados o con 16 años cumplidos se les otorga la misma capacidad de decidir sobre sus tratamientos que a los mayores de edad, lo cual va en detrimento de la responsabilidad de los padres». En cuanto a las declaraciones hechas hace unas semanas por el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, sobre que el anteproyecto de ley en principio «no parecía de eutanasia», Martínez Camino ha defendido que «nunca pronunció un juicio definitivo» sino «primero» y basado en un estudio que se estaba realizando y que ha dado lugar al documento actual.