El Consell lleva ante el TC la última treta de Zapatero en política hídrica

VALENCIA- La consellera de Agricultura, Maritina Hernández, explicó que el Gobierno valenciano ha decidido emprender esta acción legal porque así se lo han solicitado los regantes, no sólo los valencianos, sino también los catalanes o los andaluces.

Se trata del último frente que la Generalitat abre con el ya extinto Gobierno de Zapatero en materia hídrica, en una legislatura que regantes y usuarios dan como perdida, puesto que, aunque se ha rebajado el grado de enfrentamiento directo, los problemas de escasez de agua siguen siendo los mismos.

Recurren este decreto- ley porque rompe los principios de unidad de cuenca, ya que los Gobiernos autonómicos que así lo recojan en sus Estatutos tendrán las competencias de los ríos que pasan por su territorio, aunque discurran por más de una Comunidad, en el control, la vigilancia, la sanción de las obras y de los aprovechamientos de regadíos. Estas cuestiones están muy relacionadas con el otorgamiento de concesiones.

En términos de austeridad, Hernández aseguró que el hecho de que se cedan estas labores obligará a crear nuevos organismos, por lo que se produciría una duplicidad con los ya existentes. También podrán desarrollar normativa e imponer sanciones según sus criterios. En términos prácticos, se pueden producir conflictos a la hora de resolver problemas como puede ser el desbordamiento de un río.

Hernández insistió en que el Gobierno central aprobó este decreto- ley para compensar a la Junta de Andalucía por el varapalo que le dio el Tribunal Constitucional, que le anuló la competencia exclusiva sobre el Guadalquivir. Además, criticó el hecho de que la modificación de la Ley de Aguas se hiciese bajo esta fórmula legal, reservada para cuestiones urgentes, en lugar de reunir al Consejo Nacional del Agua.

Dependencia e investigación
La consellera portavoz, Lola Johnson, explicó que la Generalitat hace un gran esfuerzo para cumplir con los pagos acordados de la Ley de la Dependencia, ya que el Gobierno «no cumple con su parte». En este sentido, dijo compartir las palabras del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy.

Por lo que respecta al ERE aprobado en el Centro de Investigación Príncipe Felipe, Johnson dijo que se mantienen el 80 por ciento y que, siguiendo criterios objetivos, se han dejado aquellas que tenían mayor grado de financiación o de cumplimiento.