El PP estudia mociones de rechazo en los ayuntamientos por el paro de obras

El PP no va a limitarse a pedir explicaciones en el Parlamento a la consejera de Obras Públicas y Vivienda por la reprogramación de infraestructuras aprobada el pasado 3 de agosto. Quiere trasladar su descontento al ámbito municipal, toda vez que son los municipios afectados por el retraso en las obras los más perjudicados por esta decisión.

La dirección regional mantiene contactos con las distintas ejecutivas provinciales para analizar con detalle las infraestructuras más afectadas. Una vez que se valore el impacto que tendrá el retraso anunciado en cada obra, la intención de los populares es trasladar una propuesta al Pleno de los ayuntamientos afectados para que pacten una moción o una declaración instando a la Junta a que reconsidere su decisión. La intención política del PP es que los partidos, incluido el PSOE, se «retraten» y voten en defensa de los intereses municipales o amparen a la Junta.

De momento, los alcaldes socialistas de la corona metropolitana de Sevilla –los más afectados por el retraso decidido por el Gobierno andaluz– se han apresurado a restarle importancia y se han mostrado convencidos de que la afección será mínima. Es el caso de municipios como Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, La Rinconada o la propia capital, Sevilla. Los tres primeros, gobernados por el PSOE con mayoría absoluta, verán cómo sus respectivos tranvías sufrirán un retraso de al menos seis meses. Tanto Francisco Toscano (Dos Hermanas) como Antonio Conde (Mairena del Aljarafe) han puesto el acento en que los proyectos «se hagan» y no se abandonen y no en que se pospongan.

La intención del PP es otra muy distinta. La motivación es múltiple: consideran que el parón en la obra pública retrasará la salida de la crisis y afectará a la creación de empleo, el principal problema de los andaluces según transmiten en todas las encuestas. A ello hay que unir que muchas de estas obras son promesas de varios años atrás y, por tanto, acumulan de por sí más retraso que los seis meses de media más que tendrán que sumarse ahora. Y el tercero es electoral: en mayo de 2011 hay elecciones municipales y el hecho de que alcaldes socialistas se muestren «comprensivos» con la Junta en lugar de «reivindicativos» servirá para mostrar que «priorizan» los intereses de su partido al de los ciudadanos.

Además, esta estrategia les ha venido bien en ciudades como Cádiz, donde la alcaldesa Teófila Martínez ha reivindicado ante Fomento que el segundo puente de acceso a la ciudad esté antes del Bicentenario. Los resultados han sido inmediatos: el ministro José Blanco ya ha anunciado que se retomarán las obras y el próximo 24 de agosto visitará la ciudad para confirmar el nuevo plan.

En Jaén, igualmente, el PP también pondrá en marcha una campaña de recogida de firmas contra la reprogramación por parte de la Junta de las obras de la A-6201, que uniría Sorihuela del Guadalimar con la N-322.


La reordenación del sector público, «una pantomima»
La portavoz del grupo parlamentario popular en Andalucía, Esperanza Oña, dijo ayer que la admisión a trámite en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del recurso presentado por el sindicato CSIF-A contra la reordenación del sector público andaluz indica «los indicios del desbarajuste que se ha producido en esta pantomima del PSOE cara a la galería». En declaraciones a Ep, la diputada popular aseveró que habría sido «deseable» que la transparencia democrática fuera «lo normal y no ha sido así», a lo que añadió que «sería una pena que haya que enterarse de lo que sucede en la Administración Pública gracias a los tribunales dado el oscurantismo del PSOE».
Oña reivindicó que su formación ha pedido que llegase «la sensatez y la cordura» al sector público andaluz, pero «el PSOE jamás ha hecho caso y se ha vanagloriado y ha presumido» de los 317 entes públicos que componen dicho sector y que cuestan «unos 5.000 millones de euros a los andaluces todos los años», según precisó.
«Se trata de una especie de administración paralela y oculta», comentó Oña. Así, para cubrir el expediente «no se ha reducido el sector público andaluz», y «no se ha explicado el ahorro que se va a producir, qué se va a eliminar o qué se va a hacer con los edificios que ahora ocupan estos entes».