La Fiscalía investiga a la alcaldesa de Alsasua por la pantomima del Rey

MADRID- Según confirmaron fuentes jurídicas, el Ministerio Público ya ha incoado diligencias para investigar lo ocurrido al apreciar indicios de los delitos de Injurias a la Corona y contra las Fuerzas de Seguridad. Por un lado, según aseguran esas mismas fuentes, la forma de dirigirse a los agentes que acudieron a retirar una pancarta contra la presencia policial en la localidad –a los que, según el informe de la Guardia Civil que ayer adelantó LA RAZÓN, llamó «hijos de puta» para después «cagarse» en su «puta calavera»– podría suponer un delito contra las Fuerzas de Seguridad, castigado con multa de doce a 18 meses. Además, el fiscal Vicente González Mota (encargado de llevar adelante las diligencias) deberá determinar si, autorizando la cesión del Ayuntamiento para poner punto y final a la polémica parodia (el hombre disfrazado de Rey se dirigió a los congregados desde el balcón municipal), la regidora de Bildu pudo cometer un delito de injurias al monarca como cooperadora necesaria, tal y como defiende la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que junto a Manos Limpias denunció la farsa en la Audiencia Nacional.
El departamento que dirige Javier Zaragoza también investigará si se pudo cometer un delito de enaltecimiento del terrorismo, aunque las fuentes consultadas consideran bastante improbable esta posibilidad. El juez Santiago Pedraz, encargado del caso, está hasta el viernes en Nueva York para tomar declaración a uno de los imputados del «caso Afinsa», por lo que hasta su regreso no se sabrá si llama a declarar a la alcaldesa de Alsasua.

A declarar por mostrar fotos de etarras
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Ismael Moreno que cite a declarar por la presunta comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo a miembros de la comparsa Kaskagorri que mostraron en su «txosna» (caseta de feria) imágenes de miembros de ETA en las fiestas de Bilbao entre los años 2005 y 2007 y en 2009. Moreno decretó en julio el sobreseimiento provisional de la causa, abierta a raíz de una querella presentada por Dignidad y Justicia.