Un problema barcelonés

Atrás han quedado Berlín y Ámsterdam. El presente antisistema y «okupa» es de Barcelona. LA RAZÓN desgrana hoy una realidad que se ha hecho demasido común en las calles de la Ciudad Condal. Poco importa que la excusa sea un encierro en el Rectorado de la Universidad de Barcelona, el homenaje a una etarra, una celebarción del Barça o una cumbre de jefes de Estado. La batalla campal está asegurada. El día de la huelga general no fue diferente. El «movimiento», como lo llaman, es una ideología vacía, sin contenido, pero que, por encima de todo, busca el enfrentamiento con la autoridad. Un orden que encarnan la Policía, los Mossos d'Esquadra, que, curiosamente, tienen como su más alto responsable a un consejero de Interior, Joan Saura, pareja de la ex teniente de alcalde de Barcelona, Inma Mayol, de ICV, que se declaró «antisistema y favorable a los ‘‘okupas''». Un asunto este de la tolerancia con los antisistema que también estalló el 29-S en la Generalitat, ya que el segundo de Interior, y mano derecha de Saura, el también «eco-socialista» Joan Boada, se encontraba en Gerona, manifestándose contra el Gobierno de Zapatero, mientras sus hombres, los Mossos, eran atacados en pleno centro de Barcelona. Estas dicotomías han provocado en la Policía autonómica catalana un gran malestar, un no sentirse representados, ya que los cargos políticos parecen jugar a la equidistancia cuando tienen delante a la «muchachada» radical, minimizando, una y otra vez, la situación y la toma de medidas contra los antisistema. La última batalla campal ha dejado un saldo de 262.000 euros en unos destrozos que tienen unos autores cada vez más jóvenes. La inmensa mayoría de los detenidos en los altercados del 29-S no llegaba ni a los 25 años, y su única «ideología» está visto que es el vandalismo, la juerga y agredir a los policías. No es desdeñable el dato de que buena parte de esos energúmenos mantiene una excelente relación con sus similares del País Vasco, además de con radicales de Italia y Francia, especialmente. De la misma manera, tampoco hay que olvidar a la facción independentista, proclive, en un momento determinado, a entrar en acciones de mayor envergadura, cercanas a la «kale borroka» sistemática. El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, alertó ayer sábado de que el hecho de que sólo dos de los 43 detenidos «antisistema» por los altercados durante la huelga general ingresaran en prisión generará un «efecto llamada para los radicales». Es más de lo mismo que hemos estado viendo los últimos años, desde la llegada al Ayuntamiento de la coalición PSC, ERC y ICV y ahora PSC e ICV. En Barcelona sale más barato agredir a un policía que el que la grúa se lleve el coche. El dato sin duda no pasará desapercibido para los «squatters» del resto de Europa, que tienen ante sí, en Barcelona, unas 25.000 casas vacías. Por eso, el Consistorio barcelonés no debería desdeñar la opinión de Fernández Díaz de que lo que procede es endurecer las leyes para que la Justicia pueda aplicarlas con celeridad y severidad. De lo contrario, la batalla del orden público en Barcelona será una guerra perdida.