Continúa la polémica por el premio extraordinario

SEVILLa- Los nuevos parámetros utilizados por el Ayuntamiento para seguir pagando el premio extraordinario a los jubilados no han resuelto del todo el problema. Si bien la mayoría continuará recibiendo las cantidades como antes de que fuera suspendido el pago en julio y agosto, alrededor de 200 de estos 700 jubilados han visto cómo se reduce significativamente el importe o han perdido íntegramente esta prestación. El argumento de la delegación de Hacienda: la pensión que perciben supera el máximo establecido por Ley (2.522 euros brutos). Así, quienes más cotizaron, menos reciben ahora.

La Asociación de Jubilados del Ayuntamiento de Sevilla (AJAS) ha convocado una asamblea el próximo 25 de septiembre para acordar las acciones legales a emprender tanto en el vía penal como en la contencioso-administrativa. Su vicepresidente, José María Moreno, adelantó a este diario que tras estudiar jurídicamente el caso consideran que desde el Ayuntamiento pueden estar incurriendo en un «presunto delito de prevaricación» al anular premio a quienes alcanzan el tope de pensión. En un comunicado, la asociación, que tiene carácter independiente y no está adscrita a ningún grupo sindical, repasa los pasos dados desde la «retirada temporal» del premio. Primero, remitió un escrito de reposición previo al contencioso-administrativo y, luego, otro «exigiendo el pago a los pensionistas, dado que el decreto de suspensión dictado por el director de Recursos Humanos había quedado sin efecto al haber transcurrido 30 días hábiles sin que el Ayuntamiento se hubiese pronunciado (plazo que finalizó el pasado día 5)».

Posteriormente, el informe del Secretario del Consistorio se mostraba contrario a la inclusión del premio en el famoso Real Decreto Ley 20/2012, pues la norma sólo era aplicable a los altos cargos. Pero «una parte del colectivo no verá renovado el premio olvidando que la suspensión lo fue en función de que, tras su análisis, se determinara la aplicabilidad o no del decreto, y para nada se estaba cuestionando la vinculación a normativas distintas. Así nos los comunicó la delegada de Hacienda, Asunción Fley, el 31 de julio. Nos mintió». Ahora esgrime una vieja Ley de 1980, reiterada en 1994, inaplicabale, según AJAS: «El premio es un derecho adquirido y su protección se encuentra garantizada por la Constitución y reiteradas sentencias del TS». «La injusticia es manifiesta y la actitud canallesca, no han utilizado ningún procedimiento legal», dice Moreno.

Las empresas municipales planean una manifestación
Las secciones sindicales de CCOO en todas las empresas y organismos del Ayuntamiento –incluido el Consistorio– han hecho un llamamiento para la celebración de una manifestación conjunta la primera semana de octubre por la aplicación de los decretos de racionalización del sector público. El acto de protesta partirá de distintos lugares para confluir en un mismo punto. Consideran que las últimas decisiones del Gobierno central suponen, a su juicio, «un ataque a la clase trabajadora».